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La información sobre RSC obligará a mayor número de empresas españolas

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El Congreso negocia que la nueva ley de información no financiera que deben dar las grandes empresas sobre aspectos sociales, medioambientales o laborales afecte a sociedades anónimas de 250 empleados, frente a los 500 trabajadores actuales. Esta norma sobre información no financiera y diversidad por la que España transpone una directiva europea habla de corrupción y entró en vigor con retraso a finales del año pasado mediante decreto-ley, pero la oposición logró que luego se sustituyera por ley
Redacción 19 de marzo de 2018 Enviar a un amigo
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Este proyecto de ley, que como el decreto-ley al que sustituye modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, ha recibido 109 enmiendas en su trámite en la Comisión de Economía (ver detalle aquí), donde la mayoría de los grupos parlamentarios piden mejoraras para que sea más transparente.

Los grupos parlamentarios del PSOE, Unidos Podemos-En Comú Pódem-En Marea y ERC coinciden en que cuántas más empresas rindan cuentas y den a conocer su información no financiera, mejor. Actualmente la nueva norma afectaría también, como alternativa a la plantilla, a sociedades anónimas cotizadas con un activo superior a 20 millones o con una cifra de negocios superior a los 40 millones.

La portavoz del PSOE, Patricia Blanquer, declaró que este tipo de información no sólo interesa desde el punto de vista de la transparencia, sino que es importante para los consumidores e inversores. Para el PSOE, es primordial la información relativa al marco laboral de las grandes empresas, para conocer su nivel de temporalidad, sus planes de igualdad salarial o el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Pedirán que este tipo de información sea publicado en las páginas de internet de cada sociedad.

El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Economía, Segundo González,  aseguró que también es esencial no eximir a filiales de grandes sociedades de su obligación de ofrecer información no financiera y pide evitar las "cláusulas" que puedan aparecer en esta ley al respecto.

En este sentido, el PNV quiere que sólo en casos excepcionales las grandes empresas puedan omitir información, por ejemplo cuando se trate de cuestiones que están siendo objeto de negociación y su divulgación pueda perjudicar gravemente a la posición comercial del grupo.

Unidos Podemos solicita que también queden comprendidas dentro de esta obligación aquellas empresas que durante el ejercicio hayan recibido ayudas por parte de cualquier ente de la Administración Pública española por encima de los 100.000 euros.

Ciudadanos propone que las empresas donde al menos el 40 % de ingresos anuales proceden de la contratación con el sector público, identifiquen el importe  y detallen su situación respecto a las consideraciones sociales y ambientales que también se citan en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, el PP ha introducido 5 enmiendas dirigidas a impulsar la información sobre los planes de igualdad de trato en las grandes empresas, sobre la función que debe tener la CNMV y sobre la distribución de dividendos.El grupo popular insta además a regular la prohibición de los recargos cuando se trata de sistemas tripartitos, para que afecten a tarjetas como American Express, Dinner's Club o JCB y dice que redundaría en beneficio de los consumidores, que podrán elegir libremente el instrumento de pago que utilizan, sin verse condicionados por los posibles recargos que pudiera imponer el comerciante.

El PDeCAT señala que las grandes empresas deberían tener mecanismos de reclamación eficaces a disposición de las personas o comunidades que sufran las consecuencias negativas de sus actividades.

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