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Rechazo profesional por "militarizar la judicatura"

La prensa impresa admite que el poder judicial calle a quien perturbe e inquiete a un juez


La prensa impresa española admite en sus editoriales sin apenas críticas la reforma aprobada ayer por el Gobierno para que el poder judicial calle a quien perturbe e inquiete a un juez. Esta Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), rechazada por todas las asociaciones del sector excepto la APM, incluirá la condición de aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y a los Príncipes de Asturias, no a las Infantas Doña Elena y Doña Cristina e Iñaki Urdangarin.
Redacción 5 de abril de 2014 Enviar a un amigo
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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó el anteproyecto como "el más importante" que aborda su ministerio en la presente legislatura, pues "configura la nueva justicia en España durante el siglo XXI". "Esto no es una reforma, es una ley nueva", destacó. Entre sus novedades destaca que las instrucciones de cualquier causa que realice la Audiencia Nacional sean llevadas a cabo a la vez por tres jueces, en lugar de sólo por uno, como ocurre ahora en todos los casos.

Asimismo, el articulado también incluye que cuando un juez sienta "perturbado su sosiego y ecuanimidad" o se sienta "inquietado" por "algún intento de condicionar indebidamente sus decisiones" podrá pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En esas circunstancias, el CGPJ podrá "ordenar a quien perturbe o inquiete " a los jueces el "inmediato cese en dicha conducta", lo que abre la puerta para que el CGPJ pueda ordenar a la prensa que deje de publicar informaciones que "perturben" a un juez.

Otros aspectos importantes vienen derivados de la desaparición de los partidos judiciales, sustituidos por 50 tribunales de instancia más los de Ceuta y Melilla, que tendrán el suyo propio. También se establece el carácter vinculante de determinada jurisprudencia del Supremo, que el Pleno de cada Sala decidirá cada tres meses.

El CGPJ determinará por reglamento los criterios para la concesión de las subvenciones para sufragar los gastos estructurales de las asociaciones judiciales. También desaparecen las categorías de la carrera judicial, de forma que todos serán jueces, aunque con seis años de antigüedad tendrán el tratamiento honorífico de magistrado. El acceso a la carrera seguirá siendo por oposición libre.

Rechazo profesional del sector

La reforma aprobada por el Gobierno solo ha sido apoyada por Asociación Poprifesional de la Magistratura, aunque principalmente por intentar acabar con los "jueces estrella" en la Audiencia Nacional. Todas las demás asociaciones profesionales y el PSOE e IU censuraron su contenido este fin de semana

Es un modelo "trasnochado" que "pretende militarizar la judicatura", según el portavoz de la asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch.

Además de indicar que no tiene sentido ese trato privilegiado a la reina y los príncipes, Bosch ha declarado que la reforma ha causado un "profundo descontento" en la asociación, por entender que el Gobierno apuesta "por un nuevo sistema muy jerarquizado" y por una "estructura piramidal" permeable a "las interferencias del poder político en la independencia judicial".

Tras indicar que la eliminación de los jueces decanos y su sustitución por la figura del presidente del tribunal de instancia a nombrar por el Consejo General del Poder Judicia es una muestra de cómo se podrían producir "vinculaciones con el poder político", el portavoz de JpD dijo que la reforma "puede provocar que determinados asuntos sean asignados a jueces concretos", sobre todo cuando se trate de cuestiones "que puedan generar incomodidades al ámbito político".

Bosch también críticó la modificación anunciada para convertir en vinculante determinada jurisprudencia del Tribunal Supremo: "Dificultará que la jurisprudencia pueda evolucionar en función de la realidad social", ha dicho.

Además, el portavoz de JpD ha censurado que se pretenda "prohibir opinar a jueces y asociaciones judiciales": "Es una restricción del derecho de asociación y del derecho de expresión".

Finalmente, ha criticado que se contemple como aforados a la reina y los príncipes, ya que a su juicio lo conveniente es "tender a eliminar el aforamiento" puesto que "tenemos un Estado de derecho consolidado" con "tribunales independientes". "No tiene sentido ese trato privilegiado"

Reforma "trasnochada"

Por su parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha calificado de "trasnochada" y "decimonónica" la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial y ha criticado que resucita al "juez del siglo XIX", en contra de lo que defiende el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. A su juicio, es un "brindis al sol" puesto que no se desarrollará hasta que entre en vigor la nueva Ley de Demarcación y Planta.

El portavoz de la asociación, Carlos Artal, ha denunciado que el anteproyecto arrebata competencias propias de los fedatarios públicos, como la organización de la oficina judicial, para entregárselas al juez a través de acuerdos gubernativos.

También ha mostrado su malestar por que los secretarios judiciales pasen a denominarse ´Letrados de la Administración de Justicia´ ya que transmite la idea equivocada de que son "asesores jurídicos" con un carácter administrativo, frente al "resolutivo y directivo" que realmente tienen. Ven más favorable al nombre de "letrado judicial".

"En un primer examen del anteproyecto, estamos enfadados y decepcionados. Nos sentimos engañados porque no han mantenido nada de lo que se nos dijo en todas las reuniones, como es la consolidación de la tercera categoría", ha explicado Artal, quien calificó de "horrorosa" la redacción del texto y ha reprobado que los tribunales provinciales de instancia no se incardinen con el modelo de Oficina Judicial. En su opinión, se resucita la superior inspección de los juzgados y tribunales y se prosigue con la utilización de sistemas electrónicos "obsoletos" como Minerva. Por todo ello, ve necesario un diálogo entre las asociaciones y un pacto de Estado por la Justicia. "Se ha actuado de forma unilateral", ha concluido


Apoyo de la prensa impresa:

Estas manifestaciones de profesionls del sector se han producido pese a que la prensa impresa acepta hoy  la reforma sin apenas críticas, en términos como los que siguen: 

Gallardón pretende una revolución judicial, no una reforma (EL PAÍS):"Muchas veces se han discutido fórmulas para limitar el poder de los jueces instructores en España, pero nunca se había intentado la propuesta con la que el Gobierno irrumpe en el debate". "El Ejecutivo pretende atribuir las facultades del juez instructor a órganos colegiados de tres jueces, en todos los asuntos que lleva la Audiencia Nacional". "Con ello no se persigue la agilización sumarial (…), sino incrementar las garantías de los derechos de los investigados". "Esa preocupación por las garantías coincide con la implicación de un número considerable de personas del mundo político, de las empresas o de las finanzas en causas judiciales de gran repercusión, lo cual es criticable". "Las primeras interpretaciones apuntan a la desaparición de los ´jueces estrella´, pero es improbable que se extingan por la reforma legal en ciernes". La fama procede de la repercusión de los casos, y "nada avala que los encargados de estas causas dejen el estrellato por el hecho de ser tres, en vez de uno solo". "Esta novedad se inserta en un proyecto de ley del Poder Judicial que cambia radicalmente el modelo de organización de la justicia. Además se refuerza la supremacía del Supremo, al establecerse su doctrina jurisprudencial como vinculante para los tribunales inferiores". "También se impone a los jueces el deber de abstenerse de hacer valoraciones en medios de comunicación sobre asuntos pendientes, en una muestra de que el Gobierno intenta contener el tratamiento en estos de la administración de la justicia. Ruiz-Gallardón pretende una revolución, no sólo una reforma".

Una reforma del Poder Judicial que merece un voto de confianza (EL MUNDO): " El anteproyecto de ley del Poder Judicial aprobado ayer por el Consejo de Ministros cambiará de arriba abajo las estructuras de la Justicia en España. El doble objetivo que guía esta auténtica revolución es dar una mayor agilidad al sistema y ganar en seguridad jurídica. "La nueva norma elimina las Audiencias Provinciales y crea los Tribunales Provinciales de Instancia". "Es, sin duda, un paso en la buena dirección que permitirá una distribución más equitativa del esfuerzo, lo que redundará en mayor rapidez y en un beneficio para el ciudadano". Otra novedad es que los casos particularmente complejos que lleguen a la Audiencia Nacional serán instruidos de forma colegiada por tres jueces. "Además de acabar con la figura del juez estrella", la medida "puede contribuir a agilizar la investigación de macroprocesos en que son necesarias múltiples diligencias". "Por otra parte, la decisión de dar carácter vinculante a la doctrina del Tribunal Supremo es igualmente oportuna". "Entre las medidas que pueden ser objeto de polémica está la de otorgar la condición de aforados a la Reina y a los Príncipes. En realidad, es ilógico que cualquier diputado o senador sea aforado y no el heredero de la Corona". "Pese a tener algunas sombras, la nueva ley del Poder Judicial es una apuesta valiente que acude a la raíz de problemas crónicos y puede ser un instrumento para modernizar la Administración de Justicia. Por ello merece un voto de confianza". 

El aforamiento a la Reina y a los Príncipes colma una laguna que existía en nuestro ordenamiento jurídico (ABC): Entre las novedades de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial "merece una valoración muy positiva el aforamiento de la Reina y de los Príncipes de Asturias", que colma "una sorprendente laguna en nuestro ordenamiento jurídico". Se trata de "introducir elementos de rigor y de coherencia que no suponen ventajas o privilegios, sino adaptación de las normas procesales a la consideración que merece la Familia Real en el ejercicio de las funciones que la Constitución atribuye a la Corona". "En suma, de otorgar a personas que actúan en el más alto nivel representativo un estatuto jurídico del que ya gozan altos cargos de rango y significado muy inferior en la estructura de los poderes públicos". "Consideración distinta nos merece que el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial permita al CGPJ ordenar a un medio de comunicación, un político u otro juez que deje de informar o hablar sobre el trabajo de un magistrado que sienta ´perturbada´ su independencia judicial". Este hecho no parece "razón suficiente para coartar el derecho a la libertad de expresión u opinión".

Una reforma judicial que genera polémica (EL PERIÓDICO): La nueva normativa "va a cambiar profundamente el funcionamiento de la justica, un sector cuyo prestigio ha sufrido en los últimos años un notable deterioro, paralelo a la política. Y a juzgar por las primeras reacciones de asociaciones judiciales de signo dispar, el proyecto va a suponer precisamente una mayor politización de la justicia". "Lo más llamativo es que a partir de ahora la Reina y los Príncipes van a gozar de los beneficios del aforamiento". "No parece que cuando el caso Nóos, que afecta a la infanta Cristina y a su marido, está vivo en los juzgados, sea el momento más oportuno para incorporar a personas de la familia real al disfrute del aforamiento. Puede que sea una medida que tena sentido, pero no que sea urgente, ni sobre todo, que vaya a contribuir a mejorar la imagen de la Monarquía". La otra medida que despunta es la instauración de tríos de jueces para la instrucción de grandes casos que vea la Audiencia Nacional. Desde la judicatura, ya han surgido voces que auguran "más facilidad del poder político para controlar la instrucción de asuntos incómodos y más retrasos". En definitiva, una serie de medidas que deberán ser analizadas con calma cuando el proyecto se debata en el Congreso. "España no puede permitirse una justicia peor ni menos creíble". 

Ahoramiento pertienente (LA RAZÓN): La decisión del Gobierno de incluir en la condición de aforados a la Reina y a los Príncipes "no hace más que corregir una disfunción de nuestro ordenamiento jurídico". "Junto a esta medida que se antoja absolutamente pertinente, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial plantea la creación de tribunales colegiados -compuestos por tres magistrados- en aquellos casos de instrucción que por su complejidad" así lo aconseje. "Es evidente que los retrasos que vienen produciéndose en la investigación de algunas causas rozan el escándalo y suponen un daño para los justiciables difícil de reparar". 

Objetivos oficiales

La información gubernamental resalta que el ministro ha destacado que aumentan las garantías de independencia judicial. Cualquier juez que tenga una "perturbación externa podrá solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial". Además, si un juez se siente "gravemente inquietado" puede solicitar que los asuntos que le correspondan sean llevados o enjuiciados por un colegio de tres jueces "para dificultar cualquier presión desde fuera".

Otra novedad es que se refuerza el papel del Tribunal Supremo, mediante la denominada doctrina jurisprudencial vinculante para los tribunales inferiores. La enorme ventaja, según Ruiz-Gallardón, es que, una vez que el Supremo haya establecido que en determinados asuntos su doctrina jurisprudencial es vinculante, habrá una previsibilidad de respuesta de los órganos inferiores, lo que tendrá como consecuencia positiva la reducción de la litigiosidad. "Nadie se mete en un pleito si sabe que la respuesta que le va a dar un tribunal va a ser negativa", ha dicho.

El titular de Justicia también ha destacado que se refuerza el recurso de casación ante el Tribunal Supremo para evitar resoluciones contradictorias. A partir de la entrada en vigor de la ley, este tribunal podrá resolver sobre cualquier sector del ordenamiento jurídico.

Alberto Ruiz-Gallardón ha resaltado el avance en la profesionalidad de la justicia. Al respecto, ha defendido que la justicia sea impartida por jueces profesionales y ha añadido que "la justicia interina no puede de ninguna forma institucionalizarse". El ministro ha explicado que la futura ley contempla una reforma importante de la carrera judicial. El modo normal de ingreso seguirá siendo la oposición libre, pero se suprimen las categorías judiciales.

En cuanto a la organización judicial, que es otra de las grandes novedades, se estructura en Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunales Provinciales de Instancia. Desaparecen los jueces de paz, aunque se mantienen los Juzgados de Paz, que se convertirán en punto de acceso a los terminales de los Registros Civiles.

En relación con los nuevos tribunales de instancia, el ministro ha avanzado que "abarcarán a todos los órganos jurisdiccionales, tendrán una circunscripción provincial, su sede oficial se fijará en la capital de provincia pero no supondrá la desaparición de ningún juzgado en España".

La futura Ley Orgánica incluye entre los aforados a la reina y a los príncipes de Asturias, lo que en opinión del ministro, "no es un privilegio", sino un instrumento para aumentar la seguridad jurídica", que se reconoce atendiendo al ejercicio efectivo de "funciones de Estado".



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