domingo,28 noviembre 2021
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Según la propuesta de Empleo

Las pensiones, en función de la esperanza de vida

Redacción
El Gobierno negoció ayer con los sindicatos un cambio en la asignación de las pensiones. Lo que Fátima Báñez propuso fue definir el llamado factor de sostenibilidad, una fórmula para ajustar el cálculo de la pensión a la esperanza de vida, que empezaría a aplicarse en 2019, aunque el mínimo máximo de revalorizacion entraría en vigor el año proximo.

Estas medidas nacen como una posible solución al déficit de cotizaciones desde el inicio de la crisis, lo que disminuarían las arcas destinadas al dinero de la jubilación.

Otra de las medidas que plantearon fue desvincular la actualización de las pensiones del IPC y fijar un mínimo y un máximo para su incremento, teniendo en cuenta otros factores además de la inflación media, como el crecimiento de ingresos y gastos, el déficit o superávit de la Seguridad Social, el número de pensiones y la tasa de sustitución. Así, desde 2014 y hasta 2019, las pensiones tendrán que subir al menos un 0,25 % y su techo será el IPC más un 0,25 %.

Ha indicado que debe haber una «solidaridad entre generaciones» y ha reiterado que esta fórmula se revisará cada cinco años y se aplicará de una sola vez, en el momento de la entrada en vigor de la jubilación de cada trabajador a partir de 2019.

La ministra ha sido tajante al asegurar que «no afectará» a los pensionistas que ya cobran una jubilación y sólo a los futuros.

 

La titular de Empleo, Fátima Báñez, subrayó que la negociación buscará «el máximo consenso posible«, a pesar de la premura para que la fórmula de revalorización empiece a aplicarse en enero de 2014, y aseguró que con ello se pretende dar «confianza, certidumbre y credibilidad», así como evitar que se congele la subida de las pensiones. Según la ministra, la fórmula garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en el medio y largo plazo. Báñez insistió en que el Ejecutivo «está abierto a la negociación».

Los sindicatos UGT y CCOO adelantaron que la negociación sobre el factor de sostenibilidad será «compleja y difícil», aunque valoraron la disposición al diálogo expresada por la ministra. El secretario de protección social de CCOO, Carlos Bravo, apuntó la posible pérdida de poder adquisitivo, ya que la fórmula propuesta «no garantiza una revalorización equivalente al IPC«. También expresó el temor de que «se utilice el sistema de pensiones para abordar compromisos a corto plazo en materia de control de déficit con ajustes presupuestarios».

Por otra parte, consideró que el plazo tan corto para alcanzar un acuerdo «es una dificultad añadida». La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, reclamó al Gobierno «datos reales» para valorar su propuesta y dudó del método de revalorización. «Si queremos cambiar las reglas del juego, bien, pero no se puede decir que se va a hacer una ley para garantizar que ningún pensionista pierda poder adquisitivo, porque eso ya existe», dijo.

«Ni una reforma, ni dos, ni cinco más van a arreglar el tema del déficit de la Seguridad Social, que es un problema de ingresos, de mercado laboral», señaló.

Las representantes de los empresarios, Marina Gordón (CEOE) y Teresa Díaz (Cepyme) reclamaron el acuerdo social para aprobar la reforma y eludieron valorarla hasta no conocer todos los detalles.

Opiniones de los periódicos

 

El Periódico critica que «a pesar de que los expertos alertaron de que los recursos podrían agotarse en 2019, Báñez ha tomado esta fecha -y no la del 2014, antes de las elecciones-, como referencia para que entren en vigor las nuevas pensiones». Además, añade que «con el actual sistema de reparto la salvación sólo puede venir de la creación de empleo«.

Por su parte, La Razón advierte que  «la reforma del PP, además de una clara carga económica, tiene un indudable contenido político, pues dejaría al último Gobierno socialista como el único que congeló los subsidios en el ejercicio de 2011«.

Cinco Días, califica de «sensato» el punto de partido que ha tomado el Gobierno en relación a esta medida, ya que, según el económico, «identifica problemas y ofrece soluciones». «No obstante, -señala- una norma tan trascendental debería estar ungida por el máximo consenso social y político«.

El Economísta, comenta que «la reforma que la ministra de Empleo llevará al Pacto de Toledo es un ajuste exclusivamente presupuestario orientado a frenar el desequilibrio del sistema». «La decisión de dosificar la bajada de las pensiones parece responder a la misma estrategia electoral, que anuncia una disminución de impuestos y una reducción de contratos laborales que no es tal». «El Ejecutivo gana tiempo y pone en marcha el mecanismo para reducir las pensiones, tratando de aparentar lo contrario«.

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