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UNIVERSIDADES
Problema denunciado por la Real Academia de Doctores (RADE)

Las universidades carecen de sistemas sólidos para detectar o evitar fraudes en las tesis

Casi el 90 de las tesis leídas obtienen la máxima nota

Las universidades carecen de un sistema sólido para detectar o evitar fraudes en las tesis doctorales. El problema, denunciado en 2017 por la Real Academia de Doctores de España, requiere modificar las normas que hoy regulan insuficientemente la concesión del título de doctor. Ibercampus.es dio cuenta de las conclusiones del informe, así como dos años antes de la gestión del proyecto y encargo del mismo.
Javier Laquidain, periodista y comunicador corporativo 27 de septiembre de 2018 Enviar a un amigo
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«Actualmente, las universidades no tienen un sistema suficientemente sólido para detectar o evitar el fraude en las tesis doctorales», explicaba el dossier informativo entregado a los medios en la rueda de prensa de presentación (septiembre de 2017) del informe Análisis y revalorización de los estudios de doctorado en España, encargado por la Real Academia de Doctores de España (RADE), la institución cuya primera misión es defender la dignificación del título de doctor. «Lo que existe en cada departamento y cada escuela de doctorado es una comisión donde se somete a escrutinio la tesis doctoral. Mientras esta comisión no da su autorización, la tesis no va adelante. Pero el control de que la investigación es genuina queda al arbitrio de estas comisiones».

Después de que Pedro Sánchez elaborase su dudosa tesis doctoral, bajo las normas establecidas por un real decreto de 2007, se han dictado dos nuevas regulaciones del doctorado: los reales decretos 99/2011 y 195/2016. Aunque las novedades del primero de ellos fueron consideradas por el grupo de trabajo de la RADE, «un giro trascendental en la historia de la universidad española», hasta el punto de valorar que no se había producido un cambio tan notable y positivo desde la Ley Moyano, continúa habiendo lagunas en la reglamentación, y por eso la institución académica se propuso elaborar y aprobar unas recomendaciones para modificar y mejorar dichas normas.

El estudio fue el resultado de un grupo de trabajo integrado por siete académicos de la RADE y otros tantos expertos en la materia designados por los rectores de las siete universidades públicas madrileñas. El texto preparado por la comisión se envió a todas las universidades españolas, públicas y privadas, para que hicieran las aportaciones que considerasen oportunas y, terminado el proceso, se entregó al titular del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Es de esperar que haya llegado a las manos del ministro caído del cielo, Pedro Duque, responsable del actual ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Hay que verificar que la tesis constituye una aportación significativa y original al conocimiento 

Como se explicó en la presentación del informe a los medios de comunicación, la RADE cree que el sistema para detectar plagios en las tesis debe de ser más consistente que el actual. Por eso, se propone que la comisión académica del programa de doctorado verifique explícitamente que la tesis constituye una aportación significativa y original al conocimiento. Lo que significa que la comisión académica de la escuela de doctorado de la universidad tiene que ingeniárselas para evaluar y comprobar, realmente, sobre la base de las publicaciones y comunicaciones que existan, que se cumple ese requisito. Una tarea, como reconocían los expertos, tan extremadamente difícil como necesaria.

En consecuencia, el informe final propone que exista una norma que obligue a asegurar que siempre se cumple el criterio de que la tesis sea un trabajo original y una aportación al avance del conocimiento, independientemente de que sea más o menos exitosa o que la idea tenga un resultado más o menos importante. En este contexto, el coordinador del grupo de trabajo, doctor Juan José Aragón Reyes, académico de la RADE y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Madrid, aclaraba «que una tesis doctoral no es una revisión, ni una recopilación. Cosa distinta es cuando, por ejemplo, en el mundo clínico y en otros campos, se hacen los llamados metaanálisis, que son trabajos valiosos de recopilación o de análisis sobre la consistencia de ensayos clínicos. En este caso entran, por ejemplo, los estudios de la seguridad, la eficacia, la utilidad de un fármaco y de sus posibles efectos adversos. Como puede haber distintos ensayos clínicos, con objetivos diferentes, en torno a ese fármaco o esa entidad patológica, si alguien reúne toda esa información para determinar los puntos fuertes o débiles que hay en unos y otros, con el fin de hacer una conclusión sobre el conjunto, hace un metaanálisis; que es un trabajo original, que no tiene nada que ver con determinados trabajos de recopilación de lo que varios autores han dicho en una determinada cosa»

Deben establecerse directrices y normas claras para prevenir el plagio y el fraude 

El informe recomienda que «las universidades deberían colaborar para establecer directrices y normativas claras que ayuden a prevenir el fraude, el plagio y cualquier otra conducta inapropiada que busque el reconocimiento o la fama mediante prácticas reprobables y no autorizadas. Se requiere una planificación concreta de actividades formativas sobre la ética en la investigación, dirigidas tanto a estudiantes como a profesores». 

En el campo específico de fomentar y desarrollar de una investigación responsable y ética «queda mucho por hacer», subraya el informe. «Es cierto que las universidades españolas cuentan con comités de ética que se encargan de emitir informes y recomendaciones sobre los principios éticos y deontológicos relativos a la actividad investigadora. Sin embargo, en muchos casos, su actividad se limita a velar por la idoneidad de las prácticas y procedimientos en el ámbito de las ciencias de la vida o a resolver conflictos que surgen en los programas de doctorado. A menudo, sin embargo, no se presta la debida atención a otras cuestiones éticas importantes, como es la de prevenir el fraude, el plagio o la manipulación indebida de materiales y procesos en la investigación». Dicho de otro modo, plagiar una tesis doctoral se considera un ataque a la ética investigadora que descalifica al autor además de perjudicar el prestigio de la institución universitaria, por lo que en el proceso de capacitación investigadora los estudiantes deben ser formados en principios deontológicos, que deben alumbrar su camino como científicos.

Diez catedráticos y profesores de universidad coinciden en que la composición del tribunal de la tesis de Pedro Sánchez es legal, pero consideran muy discutible académicamente que tres de sus cinco miembros fueran doctorados recientes, y que uno de ellos fuera coautor de uno de los artículos (El tribunal de la tesis de Pedro Sánchez fue «legal», pero muy «mediocre». Íñigo Domínguez. EL PAÍS. 14-09-18). Para Luis Garrido, catedrático de Sociología de la UNED, «no hay nada ilegal, pero es todo muy flojo. Se ve que es una tesis de trámite para poder ser doctor (…) Si confías en tu trabajo de investigación, pones en el tribunal a los mejores de ese ámbito, para que conozcan tu trabajo y puedan valorarte. Si lo haces con cuatro amigos es porque no crees en tu tesis. Necesitas un tribunal que te ponga la mejor nota, en el que no importe si conocen o no el tema. Se trata de intercambiarse favores. Esto no es delito, es estar en la liga más baja. Solo es de ínfima calidad académica. No se quiere el título de doctor para hacer una carrera de investigación, es solo un adorno. Es el tipo de conductas que deterioran las instituciones».

La competencia científica de los miembros del tribunal no está legislada, queda al arbitrio de las universidades 

A este respeto, el informe de la RADE propone que «los miembros del tribunal deberán contar con experiencia investigadora adecuada, en la forma de estar en posesión de, al menos, un sexenio de investigación reconocido por la CNEAI, obtenido dentro de los últimos diez años, o bien que acrediten méritos equiparables a los necesarios para la obtención de un sexenio de investigación». Se justifica esta recomendación en que muchos tribunales se constituyen sencillamente con miembros que son doctores. «Las universidades tienen normas que regulan la participación de sus profesores en los tribunales: hay que presentar currículo y publicaciones y hay que justificar la competencia científica; pero eso queda al arbitrio de las universidades; no está legislado. Se trata de minimizar esa posibilidad fijando claramente en la ley los requisitos exigibles», puntualizaba el coordinador del grupo de trabajo de la RADE.  

Para un catedrático de Ciencias Políticas cuyo nombre no cita EL PAÍS, «salvo excepciones, en España abundan tesis que son descriptivas e insustanciales, muy precarias teórica y empíricamente. No es infrecuente que sean aprobadas e incluso cum laude. En las universidades españolas, los profesores exigentes a la hora de valorar tesis doctorales en el campo de las ciencias sociales son impopulares en los tribunales. Los estándares de calidad son decididamente bajos, salvo determinados departamentos en los que existe verdadera cultura de investigación y se aplican criterios internacionales de calidad». 

De «problema muy grave» consideran los integrantes del grupo de expertos la concesión de sobresalientes cum laude, porque la «inmensa mayoría de las tesis doctorales reciben esa calificación, algo absolutamente injusto», subrayaba el profesor Aragón. Una afirmación corroborada por los datos oficiales. «Se desconoce qué proporción de estudiantes obtuvo la mención cum laude en 2012, cuando el líder del PSOE finalizó sus estudios de tercer ciclo», escribía Hugo Garrido el pasado 15 de septiembre (Más del 80% de las tesis logran el 'cum laude'. EL MUNDO). En 2014, primer año del que se ofrecen estadísticas sobre calificaciones, un 87 por ciento de las tesis leídas obtuvo la máxima nota. La cifra descendió ligeramente en 2015 y 2016, cuando lograron la mención el 85,3 y el 82,4 por ciento de las tesis. Del total de 46.059 doctores titulados en el periodo 2014-16, casi el 85 por ciento recibieron la mención, según datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades recogidos en el reportaje reseñado.

La concesión de cum laude de forma generalizada es injusta y desincentiva al doctorando 

La adjudicación de cum laude es injusta, según los redactores de las recomendaciones de la RADE, «en primer lugar, porque se premia una labor que no merece esa calificación; en segundo término, porque se iguala al premio de aquellas que sí lo merecen. Y, en tercer lugar, porque desincentiva al doctorando. Se ha dado un paso con el decreto 99/2011 y el 195/2016, en los que se decía que para dar sobresaliente cum laude todos los miembros del tribunal deben coincidir en la calificación de sobresaliente y que, de manera secreta, se establezca si el trabajo merece el cum laude. Pero, nosotros creemos que debe llegarse más lejos: la concesión del cum laude no debe hacerse en el mismo acto, porque puede condicionar a los miembros el tribunal». 

Consecuente con este criterio, el informe de la RADE propone que, «obtenida la calificación de sobresaliente por unanimidad, el escrutinio de los votos para la concesión de la mención de cum laude debe realizarse por una comisión ad hoc, diferente del tribunal de la tesis y en un acto diferido en el tiempo respecto al de su lectura y defensa, cuya composición y funcionamiento podría arbitrar el gobierno de la escuela de doctorado, o del vicerrectorado correspondiente, en forma que se agilice el desarrollo del proceso». 

Dicho de forma esquemática: Primero, debe haber sobresaliente por unanimidad. Después, cada miembro del tribunal vota en secreto y mete su voto en un sobre, que se sella con la firma del examinador y se deposita en la universidad o en la facultad de que se trate. Y, pasado un tiempo, que no tiene que ser muy largo, una comisión determinada, abre los sobres, da fe de su contenido y se establece si merece o no el cum laude. Pero, esta última actuación deben hacerla personas distintas y en un momento diferente al de la defensa de la tesis.

    El Gobierno admite que el control sobre la calidad universitaria es ineficaz 

En declaraciones a EL PAÍS, el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, reconocía «que los procedimientos de control de la calidad universitaria a través de las agencias de calidad como la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) son “muy burocráticos” y "poco eficaces", como muestra el hecho de que la inmensa mayoría de las peticiones para implantar o renovar una carrera (grado, máster o doctorado) se aprueban: el 99,3% de grados y el 98,89% de másteres» (El Gobierno admite la ineficacia del sistema de control de la Universidad. J. A. Aunión y Ana Torres Menárguez. 16-09-18). Y concluía que «es necesaria una renovación de los procedimientos, no solo de la Aneca». Por eso, a finales de septiembre está prevista una mesa con las comunidades autónomas en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para tratar la reforma del decreto que ordena las enseñanzas universitarias, en la que Pingarrón prevé plantear una posible reforma de las funciones de las agencias de evaluación. 

El secretario general de Universidades cree que «solo los controles internos pueden garantizar que las posibles irregularidades se detecten rápido», y considera que todo puede mejorar con «la extensión de la acreditación institucional, un nuevo procedimiento iniciado en enero de este año que, en lugar de verificar los títulos, se centra en acreditar los centros que integran las universidades». Un sistema, que según la Aneca solo han empleado cuatro universidades españolas.

Por su parte, el catedrático de la Universidad de Santiago José Carlos Bermejo, que el diario de PRISA presenta como miembro de un extendido grupo de críticos que ven las universidades como organizaciones enfermas de endogamia y corrupción, opina que «la Aneca no sirve absolutamente para nada. Lo que hace son controles formales. Es un control vacío. Y las visitas, yo las he vivido: vienen los señores y se les pregunta: 'Y si no se cumplen los criterios, ¿qué pasa? ¿Se cierra la titulación?'. Y te contestan: 'No. Se le cambia el nombre». Según el profesor Bermejo, «si las supervisiones externas no funcionan (ni las agencias de calidad ni la fiscalización por parte de las cámaras de cuentas, que no se hacen de forma regular ni sistemática), mucho menos lo harán los controles internos. Para empezar, "porque los rectores tienen todo el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial", explica. La imagen se completaría, según su descripción, con otros pequeños centros dispersos de poder (departamentos, facultades...), regidos también por profesores elegidos por sufragio, en los que se crean entramados de intereses propios mientras se diluyen las responsabilidades». El principal contrapeso, agrega, «serían los consejos sociales de las universidades, en los que participan representantes de la sociedad (políticos, sindicatos, empresarios).  Pero, el problema de los consejos sociales para ejercer sus funciones es la falta de información y de medios.

La calidad de los programas de doctorado debe regirse por estándares internacionales 

¿Y qué propone la RADE para garantizar la calidad de los programas de doctorado? «Es necesario establecer medidas de incentivación que promuevan el espíritu de excelencia, innovación y competitividad de los programas de doctorado. Las escuelas de doctorado han de establecer sistemas de garantía de calidad que incluyan los estándares de calidad internacionales para cada ámbito de conocimiento». El objetivo es «evitar que pueda haber programas de doctorado sin la calidad exigible a escala internacional. Para ello, las escuelas de doctorado deben establecer criterios que fijen el nivel de calidad de investigación de escala internacional, para que la investigación que hagamos sea totalmente equiparable a las de los países desarrollados. Y que esos criterios sean los que iluminen la realización de las tesis doctorales, e incluyan los estándares de calidad internacional», destacaba el doctor Aragón.

Pero, además, deben aclararse «con antelación los criterios de evaluación para la verificación de los programas de doctorado a que se refiere el artículo 10.3 del RD 99/2011, por ramas de conocimiento a escala nacional y con homogeneidad y coordinación entre las diferentes agencias evaluadoras, para la renovación de los programas de doctorado establecida cada seis años». Las normas actuales establecen que los programas de doctorado serán sometidos a evaluación por la ANECA o las agencias autonómicas cada seis años. «Pero, no se han publicado los criterios generales que van a utilizar estas agencias. Lo que proponemos es que tanto la ANECA como las agencias autonómicas publiquen sus criterios de evaluación para que las universidades sepan a qué atenerse. Y sería bueno que esos criterios no fueran excesivamente diferentes».

Al margen de los temas de plagio y originalidad de la tesis, competencia de los tribunales y calidad de los sistemas de evaluación del doctorado puestos de actualidad por la denostada tesis del presidente del Gobierno, el informe de la RADE aborda otras cuestiones no resueltas por la actual regulación del tercer grado, como la idoneidad de los directores de tesis, la duración de los estudios y la permanencia en ellos, la admisión al doctorado, la financiación de los investigadores (cuestión de extrema gravedad cuando la falta de recursos impide que se hagan tesis doctorales que podrían ser un vector de desarrollo y avance del conocimiento y la capacidad productiva de España), la asignación de director de la tesis o el seguimiento del doctorando. Dado el carácter riguroso y exigente del informe, sería deseable que las autoridades educativas, con el respaldo del Parlamento y del conjunto de las universidades, se tomaran en serio la tarea de establecer una regulación equiparable a las que existen en los países más avanzados en materia académica, y se arrinconara y expulsara de las instituciones universitarias a aquellos de sus miembros que, no solo sobreviven a costa del fraude y la corrupción permanentes, sino que parasitan el desarrollo científico y destrozan la imagen de la universidad española.


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