La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado la trascendencia de esta decisión, ya que al limitarse el precio del gas que se vende al sistema eléctrico, se abaratará el recibo de la luz a todos los ciudadanos, «a las familias, los hogares, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y, de forma muy relevante también, a la industria».
Rodríguez ha asegurado, asimismo, que la iniciativa frenará la tendencia alcista de los precios y ofrecerá certidumbre en un contexto económico condicionado por la guerra en Ucrania.
Además, la portavoz ha defendido que la medida demuestra el liderazgo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la búsqueda de «fórmulas innovadoras para abordar retos formidables que nunca antes nos habíamos planteado que tendríamos que superar». La meta -ha añadido- es liderar también un cambio estructural en la política energética europea para proteger a los más vulnerables, salvaguardar la economía y consolidar el empleo.
Sistema de protección especial durante 12 meses
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado la excepcionalidad de este mecanismo acordado entre España y Portugal con la Comisión Europea para responder al desafío del precio del gas y su impacto en el precio de la electricidad.
En primer lugar, porque Europa ha entendido y aceptado las circunstancias específicas de ambos países, con una muy baja interconexión eléctrica con el resto del continente. En segundo lugar, porque «por primera vez no pagan los mismos»: si este tipo de situaciones se ha resuelto habitualmente con una mayor aportación de los Presupuestos Generales del Estado, en este caso las medidas reducirán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para facilitar que el ajuste beneficie a todos los consumidores. Y, por último, porque el espacio ibérico va a contar durante 12 meses con un sistema de protección especial, particularmente valioso en momentos de gran volatilidad e incertidumbre.
Beneficios para los consumidores y la economía
La vicepresidenta tercera ha explicado que, en grandes líneas, el mecanismo consiste en una limitación en la referencia del precio del gas a la hora de vender al sistema eléctrico. Ese tope se iniciará en 40 euros el megavatio hora durante seis meses y se incrementará después, mes a mes, hasta alcanzar un promedio de 48 euros.
Gracias a esta limitación, el precio medio de la electricidad caerá de forma importante hasta el entorno de los 130 euros el megavatio hora en promedio a lo largo del año, frente a los 210 euros del primer trimestre de 2022 (y con picos mucho más elevados).
La reducción -ha señalado Ribera- llegará a todos los consumidores, que no tienen que hacer nada para disfrutar de ella. El efecto será inmediato en los consumidores con tarifa PVPC -la tarifa de luz por horas- y progresivo para el resto, que irá incorporándose al mecanismo conforme se vaya realizando la actualización de sus contratos, la renovación o el cambio. Al aplicarse durante un año completo, todos los hogares y las empresas -salvo aquellas que tuvieran un contrato a un plazo más largo- se verán beneficiados.
La bajada contribuirá, además, a contener la subida del IPC y a mitigar la situación de las industrias que han tenido que reducir su demanda y ajustar la producción por no poder pagar la electricidad.
Entrada en vigor
La entrada en vigor de la norma se producirá al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La vicepresidenta tercera ha aclarado que, además, habrá que esperar a que la Comisión Europea adopte formalmente, en línea con lo que ya anunció en la carta que remitió el pasado lunes a los gobiernos de España y Portugal, el respaldo a la norma que se publique en los diarios oficiales de ambos países.
Las compañías eléctricas deberán ir aportando información detallada del precio real que pagan los consumidores, ha dicho Ribera, que ha remarcado también el compromiso de la Comisión Europea de vigilar e incluso iniciar aquellas medidas que resulten pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de interconexión con nuestros vecinos. El objetivo es «asegurar que, de una vez por todas, los consumidores españoles y portugueses puedan participar de los beneficios del mercado interior de la electricidad», ha manifestado.
