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POLÍTICAS
El CGPJ aún duda si dejar a Ruz en Gürtell

Los jueces urgen medidas contra la corrupción y un pacto por la Justicia


Los jueces decanos propusieron ayer ampliar la prescripción y agravar las penas en los delitos de corrupción, así como tipificar nuevos delitos relacionados con esas conductas, mientras se descarta una gran coalicion PP-PSOE (los socialistas no estarán en el proyectado Consejo de Transparencia).
Redacción 4 de diciembre de 2014 Enviar a un amigo
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  Pero el Consejo General del Poder Judicial duda si mantener en su puesto a Ruz hasta que concluya el juicio del caso Gürtell, sobre el que el magistrado rechazó ayer de nuevo excarcelar a Bárcenas, ya que asegura que el riesgo de fuga es incluyo mayor ahora porque el juicio se encuentra próximo.

Los magistrados plantearon 58 medidas dirigidas a mejorar la respuesta ante los casos de corrupción, que "se han multiplicado", y atajar lo que describen como una "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público". La batería de medidas se incluye en el documento Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción presentado ayer en Valencia por los jueces decanos de España.

Además de la ampliación del plazo de prescripción, los jueces proponen agravar las penas de ciertos delitos relacionados con la corrupción, entre los que citan el tráfico de influencias y la prevaricación. También plantean agravar las penas a conductas que "indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción" -como no denunciarla- y dotar "de manera inmediata" de refuerzo a los juzgados que lo precisen.

Entre las nuevas figuras delictivas destacan la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato. Asimismo reclaman la supresión y limitación de aforamientos, y eliminar el "privilegio" a ciertas autoridades de realizar declaraciones por escrito sin comparecer ante el juez y restringir los indultos para que sólo se concedan los que tengan informe favorable del tribunal. Los jueces piden reducir la fase de instrucción y restringir los recursos contra "resoluciones de mero trámite" para poner fin a "sumarios interminables".

Los magistrados ofrecen su "colaboración" al resto de "poderes del Estado" para mejorar el sistema desde su experiencia en el "primer peldaño judicial". El documento aprobado reclama cambios en los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de cuentas, que consideran "excesivamente dependientes de los partidos políticos".

El diputado del PP Leopoldo Barreda señaló que las propuestas presentadas por los jueces decanos en Valencia para luchar contra la corrupción son medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno y que algunas "están siendo tramitadas" en las Cortes.

El Gobierno limitará la instrucción de causas a seis meses

El Gobierno pretende limitar a seis meses la instrucción de las causas penales, informa en su edición de hoy EL PAÍS. Según este diario, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene previsto presentar mañana en el Consejo de Ministros una propuesta de anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que se establece ese plazo, prorrogable a 18 meses en casos complejos y con posibilidad de sucesivos aplazamientos en casos excepcionales. Otra de las novedades del texto será facilitar que los grandes casos puedan trocearse y evitar de esta manera los macroprocesos. Además, para la próxima semana, Justicia prevé llevar al Consejo de Ministros una reforma limitada de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En otro orden de cosas, España obtiene 60 sobre 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. De esta forma, España se ubica en la posición 37, de 175 evaluados, y Avanza tres puestos con respecto al año anterior. Dinamarca con 92 puntos y Nueva Zelanda con 91 obtienen las mejores notas, mientras que Somalia y Corea del Norte, con ocho puntos, ocupan las últimas posiciones.

Descartada la gran coalicion PP-PSOE

Dirigentes del PP y del PSOE alejaron ayer la posibilidad de una gran coalición entre ambas formaciones tras las próximas elecciones, mientras el PSOE da el primer paso para impulsar la reforma constitucional. Pedirá hoy de forma oficial la creación de una subcomisión para iniciar los trámites, según EL PERIÓDICO.

El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, rechazó "adelantar hipótesis" sobre este asunto. Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, dijo que el único "gran pacto" que su partido tiene en mente es con "la mayoría de los ciudadanos". Además, señaló que las hipótesis sobre acuerdos y coaliciones son para "el día siguiente de las elecciones". Al respecto, se mostró convencido de que el PP ganará las elecciones y volverá a tener una "mayoría amplia".

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a rechazar este acuerdo. Además, Sánchez dijo que lo que quiere la gente "no es hablar de coaliciones, sino de soluciones a sus problemas". En cualquier caso, ofreció al PP y al resto de partidos grandes pactos "en beneficio de los ciudadanos".

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también rechazó los pactos, y dijo que está "tan lejos" del PP como de Podemos. EL PAÍS ve en las palabras dela presidenta andaluza un intento del PSOE por "asentar su espacio ante la presión del PP y Podemos".

Respecto a posibles alianzas, CiU y PNV consideran que los socialistas deberán afrontar el dilema de elegir entre el PP y Podemos. Mientras, UPyD e IU opinan que el acuerdo entre los dos principales partidos ya existe.

Hay que cerrer las puertas a la impunidad acortando la instrucción de los casos penales (El País) 

"En principio puede ser una buena idea el establecimiento de un plazo de entre 6 y 18 meses para la instrucción de los casos penales, prorrogable en casos excepcionales". "Caben pocas dudas de que ha calado la creencia de que dilatar los procesos favorece la sensación de impunidad, sobre todo en los casos de corrupción, sin que eso ahorre el desgaste de la confianza producido por todos y cada uno de los episodios que integran procedimientos tan largos como el caso Gürtel (casi seis años en investigación)". "La clave de los retrasos no es sólo la complejidad de los asuntos en sí, sino el uso sistemático del derecho al recurso". "El que puede pagarse buenos abogados está en condiciones de retrasar la investigación y el juicio". Esos son los problemas que pretende atacar la reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal emprendida ahora por el Ministerio de Justicia." La necesidad de la reforma es un clamor". "En España se acumulan tantos anuncios de medidas legales que resulta difícil discernir en qué quedará". "El nuevo ministro, Rafael Catalá, emprende la vía de procurar la aplicación de las penas existentes. La música parece razonable. Falta conocer la letra".

Los jueces piden un pacto por la justicia, que debe quedar al margen de la lucha partidista (El Mundo) 

"Conocedores de los problemas y necesidades de la magistratura y conscientes de que la Justicia será ´lo eficiente que lo permitan´ los poderes legislativo y Ejecutivo, los jueces decanos de España aprobaron ayer en Valencia 57 propuestas contra la corrupción". "Los jueces sintonizan así con las preocupaciones ciudadanas y entran de lleno en el debate abierto la semana pasada en el Congreso, donde Mariano Rajoy presentó sus 70 iniciativas de mejora de la calidad democrática. Los jueces quieren que se endurezcan las penas por corrupción y ampliar los periodos de prescripción en estos delitos". "Los jueces también quieren acabar con la suspensión de las penas o su sustitución por trabajos sociales a la comunidad". "La batería de medidas presentada por los jueces debería servir para tender puentes entre PP y PSOE en cuanto atañe a la lucha contra la corrupción". "La reforma de la Justicia tiene que quedar al margen de la lucha partidista porque sin una Justicia eficaz es impensable una regeneración de la democracia".

Malos diagnósticos sobre la corrupción (El Periódico) 

Con poco tiempo de diferencia coincidieron ayer dos foros muy distintos -la organización no gubernamental Transparencia Internacional y los jueces decanos españoles- en advertir de la gravedad del problema de la corrupción y en el fraude en España. "El compromiso adquirido por Mariano Rajoy en una reciente comparecencia en el Congreso no admite ningún titubeo ni flaqueza, y el presidente del Gobierno haría bien en ganarse la credibilidad, que muchos le niegan por sobrados motivos, con una acción política decidida en un frente con muchos deberes pendientes". "El diagnóstico de los magistrados no es menos catastrófico en su análisis de cómo afecta la corrupción a la salud del sistema democrático y de los medios que precisa la justicia para luchar contra la corrupción".


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