En un comunicado, la Fiscalía explica que su postura en el escrito de acusación es la misma que ha mantenido desde el principio. La causa ha seguido adelante en contra del criterio de la Fiscalía pero bajo la acusación de Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida y Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Además, la juez de Madrid encargada del caso siempre ha visto indicios de delitos contra el PP por destruir los ordenadores de Bárcenas cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz los había requerido para su investigación. Se los entregaron con los discos duros destrozados para no poder acceder a la información que el extesorero guardaba en los dispositivos.
El Ministerio Público considera que "no se ha acreditado" que el borrado y formateado de los discos duros "haya causado daño grave" ni a Bárcenas ni a la investigación judicial sobre la financiación ilegal del PP que inició el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La Fiscalía, además de la absolución del PP reclama la de su actual tesorera, Carmen Navarro, la del abogado Alberto Durán y la del antiguo responsable de informática del PP José Manuel Moreno.
“En síntesis, la Fiscalía entiende que dado que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho, lo que conlleva la pérdida de su condición de acusación particular, las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger”, alega.De esta manera, solicita que en este caso se aplique la doctrina del Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Sentencias del Tribunal Supremo 1045/2007 (conocida como “doctrina Botin”) 54/2008 y 8/2010 (“doctrina Atuxa”).
"Pocos días antes de ingresar en prisión, Luis Bárcenas me explicó en el transcurso de una larga conversación que durante al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones gobernadas por el partido", decía en un artículo fue publicado el 7 de julio del 2013, Pedro J. Ramírez, cuando era director de El Mundo. El ex tesorero describe entonces la financiación ilegal del PP y sus contactos con Mariano Rajoy. Un día después, Ramírez entregó en la Audiencia Nacional una hoja manuscrita arrancada de un cuaderno de los llamados papeles de Bárcenas, en el que se apreciaban diversos asientos contables. El 14 de julio del 2013, El Mundo publicó los SMS de Rajoy a Bárcenas, según acaba de recordar con la siguiente ilustración de Javier Muñoz el digital Elespañol.com promovido por Pedro J. tras su salida de EL MUNDO.
Ilustración: Javier Muñoz. Elespañol.com
La noticia llega cuando en el juicio de la Audiencia Nacional por la financiación del PP de Valencia la confirmación de la confesión de 9 empresarios que por vez primera reconocen financiación ilegal de un partido pareció servir a la fiscal la pasada semana para apuntalar el caso contra los políticos y forzó a Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo a tirar de la manta para rebajar penas. Pero el acuerdo según el diario.es le ha salido a los empresarios bastante barato económicamente y sin ninguna repercusión sobre sus negocios, que continúan siendo los mismos que cuando el PP arrasaba en la Comunitat Valenciana gracias a sus generosas aportaciones, de 1,1 millones en 2007. Así, cuando no habían pasado ni tres meses del pacto de marzo de 2017 dos de estos empresarios corruptos confesos ganaban un concurso de obra pública millonario. Becsa, de Gabriel Batalla, conseguía el mantenimiento de las carreteras de Castellón por 27 millones de euros, mientras que Hormigones Martínez, de los hermanos Martínez Berna, en UTE con otra firma, obtuvieron los trabajos en las vías del norte de Alicante por 25. En total, 52 millones euros adjudicados por la Conselleria de Vivienda de la Generalitat valenciana, gestionada por el PSPV. El beneficio industrial -lo que ganan los accionistas tras restar los gastos- solo en estos dos contratos puede rondar siendo restrictivos entre los tres y los cincos millones de euros, es decir, que supera con creces la multa abonada al Estado para librarse de la cárcel.
Los nueve empresarios reconocieron los hechos ratificando el pacto con la fiscal ante el juez. Enrique Ortiz, Gabriel Batalla, Enrique Gimeno, Rafael y Tomás Martínez Berna, Antonio y Alejandro Pons Dols, José Francisco Beviá y Vicente Cotino habían negociado también conmutar la pena de cárcel por una multa de unos dos millones de euros abonada entre todos y según los delitos a los que se enfrentaban. Ya no volverán a acudir a la Audiencia Nacional hasta el último día en que podrán decir su última palabra. La sentencia para ellos ya es conocida y a su salida de la sala no dudaron en mostrar su satisfacción y en algunos casos jolgorio, abrazos incluidos.
Batalla y los Martínez Berna no son los únicos cuyas empresas continúan consiguiendo los mejores y mayores contratos públicos. Enrique Gimeno con su empresa Facsa continúa ganando contratos del servicio de agua y depuradoras. De hecho, copa el 90 % de las plantas públicas de depuración en la provincia de Castellón que adjudica la empresa pública Epsar, cuyo gerente es de Compromís. Recientemente, Facsa ha obtenido un contrato en Vinarós, donde gobierna Podemos.
Enrique Ortiz, conocido por la trama como "el de las galletas" y que también está imputado en el caso Brugal, continúa con contratos millonarios de recogida de basuras aunque en su caso ha perdido en el último año contratos millonarios como el de la Universidad de Alicante. Vicente Cotino, que todavía es propietario de Savia, sigue con contratos vigentes para gestiona residencias concertadas de la Generalitat que se blindaron con Rafael Blasco y se mejoraron posteriormente con su tío Juan Cotino como conseller de Bienestar Social.
Los que más problemas están teniendo por su implicación en la trama de corrupción del PP son los hermanos Pons Dols, que además de haber roto la relación personal, han visto como su empresa Piaf se encuentra en concurso de acreedores. La sociedad también sufrió mucho el hundimiento del mercado inmobiliario y la crisis económica.Otro dato llamativo que subyace de la actuación de estas empresas valencianas -entre ellas están las más fuertes de Alicante y Castellón- es que en la actualidad continúan con un curioso reparto territorial del negocio. De hecho, los contratos de carreteras para las vías del sur de la Comunidad Valenciana los ha ganado la empresa de Alicante y los de las carreteras del norte los ha ganado la firma de Castellón. En las carreteras de Valencia se impusieron firmas radicadas en la provincia.
Los contratos públicos tienen una cláusula en el que se pueden rescindir por parte de la administración si la empresa es condenada en sentencia firme e inhabilitada. En este caso, los condenados son los empresarios así que legalmente sería difícil plantear alguna ruptura. Eso sí, exigen fórmulas para garantizar la transparencia de las empresas que trabajan en la administración y, sobre todo, para garantizar la libre competencia. Porque, como recuerda el diario.es que aseguró El Bigotes en su demoledora declaración: “Aquí no están todos los empresarios que son. Y tampoco se les ha preguntado qué recibían cuando soltaban la mandanga”.
