Este último viernes del año 2018 Moncloa anunciaba que la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha presidido la constitución de la Comisión Delegada para Política Científica, Tecnológica y de Innovación, a la que han asistido doce ministras y ministros y en la que se han planteado las líneas estratégicas del Gobierno en Ciencia, Tecnología e Innovación para los próximos años.
La reunión se celebró en La Moncloa cuando las estadísticas oficiales sobre esfuerzo tecnológico español, sean inversiones en I+D o desde otra perspectiva, llevan años de nuevos retrocesos como consecuencia de los recortes presupuestarios de las políticas de austeridad: España da la espalda a Europa en I+D, hoy el 9,1% menor que en 2009, cuando de media sube el 27%. Su presupuesto actual apenas llega a la mitad del de países de más tardío desarrollo como Corea del Sur.Pero precisamenter por ellos los investigadores españoles y las empresas se ven empujados a utilizar con mayor eficiencia sus recursos, y sobre todo a buscarlos en el exterior, utilizando los recursos de la Unión Europea, con cuya media España ha desconvergido en I+D, según analizó a principios de esta década nuestro asesor editorial Donato Fernandez Navarrete. De ahi que , por lo que se han publicado noticias recientes en Ibercampus.es como que España logra 3.300 millones de euros Horizonte 2020, el país que más proyectos lidera de la UE-28.
A la reunión en Moncloa han asistido, además de la vicepresidenta, una decena de ministros y ministras: el de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la ministra de Hacienda: María Jesús Montero, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet , la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
Pedro Duque ha presentado a la Comisión Delegada para Política Científica, Tecnológica y de Innovación, las iniciativas en las que trabaja su departamento a corto y medio plazo: la elaboración de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (2021-2028), que es el marco de referencia de las políticas de I+D+I., y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2021-2024). Ambos, deberán estar listos en 2020.
Por otro lado, la Comisión Delegada ha acordado la creación de tres grupos de trabajo interministeriales que darán respuesta a tres ejes estratégicos de la sociedad española del siglo XXI: Implementación del Programa Marco de I+D+I de la UE Horizonte Europa, Economía Azul e Inteligencia Artificial.
En este último frente, el primer paso del Gobierno para lograr la estrategia llega cuando la Comisión Europea acaba de someter a consulta pública el Proyecto de Directrices de Ética para la inteligencia artificial (AI) del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (AI HLEG).
Por otra parte, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial (AEPCCE), una pequeña agrupación de voluntarios, de elaborar una estrategia comunitaria contra las tormentas solares y los ataques terroristas electromagnéticos mediante dispositivos nucleares.
Según apunta también EL CONFIDENCIAL, las consecuencias de estos dos fenómenos no son la destrucción directa de vidas humanas ni de edificios o instalaciones críticas, como ha ocurrido históricamente con otro tipo de atentados terroristas o bélicos -como las bombas de Hiroshima y Nagasaki-, que también tenían un origen nuclear. Los efectos de estas modernas ofensivas van dirigidos contra todos los dispositivos que funcionan con electricidad, que actualmente son la inmensa mayoría de los que utilizamos los ciudadanos. Teléfonos móviles, vehículos, centrales eléctricas, edificios, trenes o microondas dejarían de funcionar automáticamente. Las detonaciones de este tipo de ataques están pensadas para hacerse a una elevada altitud -superior a los 30 kilómetros generalmente-, con lo que sus consecuencias sobre la población apenas se notarían. No habría efectos explosivos ni térmicos ni radiactivos sobre las personas. Sí se produciría, sin embargo, una caída radical de la red eléctrica, que de alargarse durante varias semanas e incluso meses provocaría desabastecimientos de medicinas y alimentos que a medio plazo tendrían un efecto más devastador que cualquier bomba nuclear. Las ondas electromagnéticas del ataque generan impulsos que, como si de un diluvio de rayos se tratara, destruyen inmediatamente todo dispositivo electrónico que se encuentra en su radio de acción.
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La ciencia y la tecnología como procesos sociales – Jover – Citado por 1338
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