Banco Santander es la entidad con más dinero en juego tras la anulación del yacimiento por los riesgos sísmicos que denunciaron diversos movimientos ciudadanos, ya que le pertenecen cerca de 700 millones de euros de los 1.352 en juego más los intereses desde que se suspendieron los pagos. CaixaBank, con 473, sería la segunda entidad más expuesta y Bankia, con 200, la tercera.
Tras la publicación de la sentencia del Constitucional, que estimaba de forma parcial el recurso interpuesto por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y la Generalitat de Cataluña contra la decisión del Gobierno de aprobar un Real Decreto en 2014 para articular la indemnización y la declaraba nula, el Gobierno procedió a suspender de inmediato el pago de la misma, aunque la afectada ya no era la constructora Escal, sino a Santander, Caixabank y Bankia, las entidades financieras que habían adquirido los derechos de cobro de la deuda derivada del Castor, que había sido titulizada por Enagás.
En virtud del Real Decreto al que afecta la sentencia del Constitucional, Escal (participada al 66% por ACS) percibió en poco más de un mes la milmillonaria compensación por la reversión de la concesión del Castor. El Ejecutivo decidió cargar la indemnización al sistema gasista, vía recibo, por un periodo de 30 años, para compensar la deuda de la infraestructura, provisionalmente asumida por Enagás como gestor del sistema y transferida posteriormente a los mencionados bancos, propietarios desde entonces de los derechos de cobro.
En octubre de 2014, los bancos desembolsaron más de 1.350 millones para financiar la indemnización a ACS por el cierre del almacén, pago que se vio interrumpido en enero por la inconstitucionalidad del proceso. Los tres bancos adelantaron la deuda con la empresa concesionaria del almacén a cambio de una devolución en 30 años y con intereses, con cargo a la factura del gas y en plazos mensuales. Las entidades entienden en la reclamación al Estado que el real decreto es inconstitucional exclusivamente por el uso de la figura del real decreto ley.
Como consecuencia de la sentencia del Constitucional, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suspendió esos pagos mensuales, al haber quedado los mismos sin cobertura jurídica. Unos días después, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, dejaba claro que no iba a articular ningún mecanismo para compensar a los bancos por la cesación.
El grupo de construcción y servicios ACS menciona de forma breve el fallo del Constitucional en el informe anual correspondiente al pasado ejercicio, descartando la empresa presidida por Florentino Pérez que vaya a tener algún tipo de consecuencia para la compañía. "El Grupo, con el apoyo de sus asesores jurídicos, no considera que se pueda derivar perjuicioalguno como consecuencia de esta situación", se apunta en el informe de ACS.
La banca inició sin éxito a comienzos del mes de enero los contactos con el Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal para recuperar los derechos de cobro por la indemnización de 1.350 millones de euros reconocida a Escal UGS -filial de ACS- tras su renuncia a operar el almacén submarino de gas Proyecto Castor, ubicado frente a la costa de Castellón. A cambio de su financiación, los tres bancos recibieron el derecho de cobro del crédito más un cupón anual del 4,3% durante un periodo de 30 años con cargo a la factura del gas que abonan los consumidores.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional dejó sin efecto este derecho al anular la indemnización concedida a la constructora controlada por ACS. El organismo pone en cuestión en la sentencia la «urgencia» con la que el Gobierno aprobó el pago a la concesionaria a través de un real decreto-Ley. En este sentido, el tribunal no considera justificado el vehículo legal utilizado y suspende la indemnización.
Energía debería según los bancos buscar un nuevo mecanismo que habilite el pago al considerar que el Constitucional no cuestiona el fondo de la indemnización, sino su forma. La banca alega que son meros intermediarios financieros y piden al Gobierno que arregle legalmente este asunto antes de que finalice el mes de enero tal y como está estipulado en el real decreto donde se procede al 'rescate' de la infraestructura.
Los consumidores abonan anualmente 80 millones de euros por este concepto, por lo que los bancos han cobrado ya del recibo aproximadamente 240 millones por la indemnización del Castor. Al dejar sin efecto la indemnización, estas entidades podrían verse abocadas incluso a devolver el dinero cobrado hasta este momento, cosa que no contemplan bajo ningún punto de vista. "Es un asunto que trataremos en enero con el Gobierno y que no consideramos un riesgo", explican fuentes financieras.
La sentencia del Constitucional alarga aún más el culebrón del almacén de gas submarino, cuya actividad está paralizada desde el verano de 2013 por los cientos de pequeños seísmos que desató en la zona. El Gobierno reaccionó a los terremotos suspendiendo la licencia de la instalación, lo que llevó a Escal UGS a renunciar a su operación y a solicitar la indemnización contemplada en el contrato.
