Estas consulta pública para conocer el impacto que la Estrategia de RSE 2011-2014 estará abierta en la web de la Comisión Europea hasta el próximo 15 de agosto. Los diferentes grupos de interés cuentan así todavía con más de un mes para valorar a través de una encuesta los retos de la política europea en la materia, en una encuesta abierta. La consulta tiene mayor relevancia porque coincide, además, con la directiva europea sobre información no financiera, que obligará a las empresas cotizadas de más de 500 empleados de elaborar un informe que reflejen los impactos sociales, medioambientales, laborales y de buen gobierno en sus informes de gestión.
Los dos citados expertos de Telefónica y Garrigues han publicado un artículo en EL PAIS que, si bien no se refiere a esta consulta, sirve para contextualizarla. Concluyen que Europa y la Unión Europea, en poco más de 14 años, ha ido aportando luz sobre todos los mantras en torno a los que se ha ido construyendo la RSC: el concepto, la transparencia, el reporte sobre la información no financiera, el diálogo multistakeholder… Estos son los datos; la valoración, que la haga cada uno. En nuestro caso, lo decimos sin complejos: sin la aportación de la UE, esta función hoy no sería lo que es.
La Estrategia actual define la RSE como “la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad” y encargó a sus países miembros que antes de 2014 hicieran público su estrategia nacional de RSE, que en España está en revisión. Para Michel Barnier, comisario interino de Industria y Empresas, “la Responsabilidad Social no es solo generar información para los grupos de interés, cumplir con códigos éticos o normas de Buen Gobierno, sino que cada vez se enfoca más a crear valor compartido a través de la innovación, que dan respuesta a los nuevos desafíos a los que se enfrentan las compañías para el mantenimiento de sus ´estatus quo’ y la búsqueda de mejores soluciones”. Barnier confía en recibir “una valiosa información de los grupos de interés para armar la futura política de RSE y sus expectativas de futuro”.
En su artículo, titulado Europa y Responsabilidad Social Corporativa: una alianza positiva, los dos citados expertos dicen que la aportación de Europa a la RSC en los últimos 14 años ha contribuido decisivamente a la consolidación de este movimiento. En primer lugar, porque la "Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas” define la RSC como aquella función que “maximiza la creación de valor compartido para todos” e “identifica, previene y atenúa las posibles consecuencias adversas” de las compañías en el ejercicio de su actividad. Esta definición, llega diez años después de que viera la luz el “Libro Verde para fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” de 2001, en donde se afirmaba que "ser socialmente responsable no solamente significa cumplir plenamente las obligaciones jurídicas aplicables, sino también ir más allá e invertir (más) en capital humano, en el entorno y en las relaciones con las partes interesadas".
Añladen que, en segundo lugar, a Europa también le debemos el reconocimiento del principio de “cumplir o explicar”, que es el arco de bóveda sobre el que se sustenta la transparencia de empresas e instituciones. En síntesis, este principio –consagrado en la Directiva sobre estados de cuentas– se trata de una “invitación” a empresas e instituciones a informar sobre determinadas cuestiones relevantes para sus partes interesadas (stakeholders) y, en caso de no hacerlo, la “invitación” es explicar de forma clara y motivada sobre porqué se ha se ha tomado la decisión de no informar sobre tal o cual asunto, lo que puede mejorar la imagen de las empresas y conferirles más legitimidad ante las partes interesadas y la sociedad en su conjunto, como señala laRecomendación de la Comisión de abril de 2014.
En tercer lugar, la UE también ha impulsado mayor trasparecía para la “divulgación de información no financiera”, en el entendimiento de que, para algunos stakeholders (accionistas, inversores, bonistas, socios, reguladores, etc), tan importante es conocer “cuánto” gana una compañía como la “forma” en que lo hace para tomar sus decisiones. La última directiva de la UE sobre información no financiera para ciertas grandes compañías establece que las empresas con más de 500 empleados y que sean consideradas como entidades de interés público, tendrán que informar en el informe de gestión (o en un documento especifico, normalmente, el de sostenibilidad) sobre la gestión de riesgos asociados a cuestiones medioambientales y sociales; respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el cohecho; y sobre las relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos.
En cuarto lugar, de Europa nos está llegado un level playing field o unas reglas de juego comunes para todos en materia de RSC. Muchos piensan –y no les falta razón– que las compañías que operan en el espacio común que es Europa, no deberían producir tantos informes de sostenibilidad como países de la UE en los que operan. Y que, sin ir más lejos, en España sería deseable que las empresas que operan a nivel estatal pudieran aplicar en todo el territorio los mismos criterios que derivan de la directiva de información europea. Con ello se evitaría la fragmentación del mercado interno y se avanzaría en lo que establece el “Acta del Mercado Único” de la UE. Creemos que estas normas de juego común serían un avance fundamental para consolidar la RSC y que, además, supondrían claros ahorros de costes para las empresas.
Por último, señalan que Europa también está impulsando un modelo de trabajo multistakeholder para promover los intereses de la sociedad y una hoja de ruta hacia la recuperación sostenible e inclusiva. En concreto, el Parlamento Europeo, en una resolución de febrero de 2013, ha propuesto que algunos sectores, como el de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, promuevan unas guías consensuadas entre todos los actores en temas relevantes en RSC en el nuevo mundo digital (derechos humanos, privacidad, libertad de expresión, ciberdelitos).
