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EMPRESAS Y RSC
Plan Nacional de Empresa y DDHH

Todas las empresas del IBEX excepto Gas Natural suspenden en derechos humanos


Todas las empresas del IBEX excepto Gas Natural suspenden por término medio en el respeto y cumplimiento de las normas de responsabilidad social corporativa en derechos humanos, según el último análisis de las memorias anuales realizado por el Observatorio de RSC. Para mejorar la situación, el Gobierno tiene sobre la mesa un borrador del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos (DDHH), pendiente de su aprobación formal.
Redacción 25 de julio de 2014 Enviar a un amigo
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De los cinco grandes tipos de indicadores sobre RSC, los DDHH son el que peor nota entre las grandes empresas españolas (1,04 puntos sobre 3), por detrás del medio ambiente (1,37 de media), las relaciones con la comunidad (1,28), la corrupción y foiscalidad (1,16) y los derechos de los consumidores (1,12). Todo ello arroja una media global de 1,19, casi un 20% superior a la registrada en los derechos humanos. Así lo indica el reciente informe La responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35, publicado por el Observatorio de la RSC y elaborado con los informes del ejercicio 2012

Las empresas con menor nota en derechos humanos son DIA con 0,25 puntos y  GRIFOLS con 0,35, seguidas por los 0,5 puntos de ACERINOX  y  AMADEUS y los 0,55 puntos de  TECNICAS REUNIDAS.  Le siguen SACYR VALLEHERMOSO  con 0,5, FERROVIAL con 0,7 y  ABENGOA  y 0,75. Tampoco llegan a la media de los DDHH EL BANCO SANTANDER y ENAGAS (0,8 puntos cada uno), BANCO POPULAR y BME (ambas con 0,85 puntos),  ABERTIS y ENDESA con 0,9, ni ACS y GAMESA con 0,95. Justo con 1 puntos  y pegados a la meda del grupo se situan ACCIONA y  BANKIA.

Con 1,1 puntos y algo por encima de la media en derechos humanos están FCC,  IAG-IBERIA, MAPFRE y OHL.  Alcanzan los 1,15 puntos BANCO SABADELL,  INDRA  y  MEDIASET. En los 1,2 puntos de cumplimiento está  CAIXABANK, y en 1,3  BANKINTER y  BBVA. Seguidas con los 1,35 puntos de REE y los 1,4 de   IBERDROLA.

Las cinco compañías del IBEX con mayor nota en derechos humanos son GAS NATURAL FENOSA (2,15 puntos), TELEFONICA  (1,8),  INDITEX  (1,65), ARCELOR MITTAL (1.57) y  REPSOL  (1,5).

Estas notas se derivan de que sólo el 29% de las grandes empresas analizadas establecen un compromiso corporativo expreso con el respeto a los derechos humanos por igual en las actividades que tienen lugar en el país de origen y en cualquier otro país en el que realicen sus actividades; la exigencia de este indicador es el compromiso con la igualdad de trato a los países en el respeto a los DD HH. Igualmente, el 26 de las empresas analizadas establecen un compromiso corporativo expreso de no utilización de trabajo forzoso u obligatorio y de no utilización de trabajo infantil internamente, en toda su cadena productiva y en las empresas en las que invierta. La exigenciadel indicador es el compromiso corporativo explícito reflejado en documentos internos y/o mecanismos concretos implantados. 

En cambio, apenas el 15% de las grandes empresas analizadas aportan información sobre la existencia de una política de DDHH, y además esta cumple con las características definidas en los UNGP; es decir, la aprueba la alta dirección, se construye con asesoramiento especializado, establece qué espera la empresa en relación a los DDHH en lo que afecta a sus grupos de interés, es pública, tiene difusión adecuada y se transpone en los procedimientos operacionales necesarios.

Menor todavía (13%) es la parte de las empresas analizadas que facilitan información la identificación de riesgos de impacto en DDHH derivado de sus propias actividades o de las de aquellos con los que se relaciona para llevar a cabo su actividad, detallando cuáles ha encontrado en cada una de sus actividades durante el período analizado. 

Asimismo, solo el 4% de las grandes empresas informan adecuadamente sobre las medidas tomadas para prevenir los impactos reales y potenciales (riesgos) sobre los DDHH que ha identificado. La información aportada debe ser suficiente para valorar si la empresa está dando una respuesta preventiva adecuada al riesgo identificado, y debe ser facilitada de forma adecuada sobre todo para los afectados potenciales. 

Por último, exclusivamente el 1,3%  de las empresas analizadas facilitan información, además de sobre sus mecanismos de reclamación para clientes, sobre los mecanismos de acceso a remedio previstos para casos de impactos sobre los DDHH de sus grupos de interés, por sus actividades o por sus relaciones comerciales.

 Plan Nacional de Empresa y DDHH

Por otra parte, más de año y medio de trabajo ha durado conciliar las opiniones de todos las partes consultadas sobre el Plan Nacional de Empresa y DDHH: ONG, empresa, academia, sindicatos, parlamentarios, etc… A principios del 2014 se denunciaba la falta de transparencia en cuanto a las empresas participantes y sus reclamaciones, además de la desnaturalización de los contenidos tras la presión de ciertos lobbys empresariales, entre ellos la CEOE, que finalmente ha diluido y empeorado el borrador, a juicio del Observatorio de la RSC.

A pesar de esto, el Observatorio de RSC considera muy positivo la aprobación de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y el proceso de elaboración basado en la constitución de grupos de trabajo y la elaboración de diversos documentos borrador a partir de las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresa.

No obstante, añade Orencio Vazquez, “nos hubiese gustado que el plan fuese más concreto, preciso y medible por parte de los interlocutores a los cuales se demanda su aplicación, así como a los agentes garantes del cumplimiento del mismo. Al carecer, en muchas de las medidas, de actuaciones concretas, plazos de implementación y resultados esperados no permite generar indicadores de seguimiento. Estos aspectos pueden condicionar su eficacia como instrumento para mejorar las prácticas del Gobierno de proteger los derechos humanos, de las empresas de respetarlos, y de ambas de establecer mecanismos de remedio, en caso de no haber evitado su vulneración.”

Se prevé la creación de una Comisión de Seguimiento para la aplicación del plan conformada únicamente por representantes del gobierno y con el asesoramiento de expertos que tendrán voz pero no voto. Estos expertos serán asimismo independientes de cualquier organización y actuarán en nombre propio. La eficacia de dicha comisión dependerá del verdadero carácter independiente de sus miembros y de una formación equilibrada en cuanto a posiciones defendidas.


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