Justo a los pocos días de que usted criticaba la reforma del artículo 135 de la Constitución para dar prioridad absoluta al pago de la deuda, Zapatero ha declarado que la alternativa era un gobierno de tecnócratas como el de Italia o lo sucedido en Portugal y Grecia ¿Por qué no lo cree así usted?
Lo que habría ocurrido no lo sabemos porque no sucedió. Lo que ha ocurrido es que de hecho hay una vigilancia e intervención encubierta permanente de la Troika y una subordinación política a los acreedores. La pregunta pertinente es ¿qué habría ocurrido si al frente del país hubiera habido un gobierno que tras hablar claramente a la ciudadanía le hubiera señalado un camino de dignidad ciudadana y resistencia frente a las imposiciones antidemocráticas? Zapatero hurtó la decisión democrática al pueblo español. Decir que la dicotomía era la subordinación de la economía española al pago de las deudas (artículo 135 de la CE y subsiguientes pasos adoptados por el gobierno de Rajoy) o la subordinación de la economía española al pago de las deudas mediante un memorándum formal, es reducir el margen político a cero. De hecho hubo un rescate bancario que implicaba de lleno al país y hoy a los Presupuestos Generales del Estado. La obsesión por salvar la banca con dinero público es algo netamente neoliberal.
En el caso de Italia la situación de caos político inducido por los años Berlusconi la situación era muy otra a la española, tanto en la esfera institucional como en el monto de la deuda soberana, muy superior a la española. En el caso de Portugal y Grecia el riesgo para la UE y el euro de una postura de indisciplina, dado su peso económico, era menor que si desde la cuarta o quinta economía de la zona euro y de la UE respectivamente se hubiera dado una señal de “por ahí no paso”. A los matones y chantajistas cuanto más se les cede más piden. Ese es el caso de la postura de la Comisión Europea, el BCE y el FMI que en esta cuestión están a las órdenes del gobierno conservador alemán cuya principal preocupación es que sus bancos cobren los créditos fáciles que concedieron y estimularon irresponsablemente.
¿Qué modelo productivo tenemos en España?
El modelo productivo español es, desde el punto de vista económico, muy desequilibrado. Venimos de una metástasis del sector inmobiliario, de un sector de obra pública sobredimensionado (autopistas, AVE, aeropuertos…), de un boom de la construcción de viviendas inducido por la propia banca que potenció el apalancamiento generalizado. A su vez es notable el deterioro del tejido industrial desde que hace años se dieron las primeras reconversiones, la inexistencia de un sector energético autóctono consolidado –lo que obliga a importaciones desmedidas de crudo y gas que lastran nuestra balanza comercial- y el enorme peso del sector servicios de escaso valor añadido como es el caso del turismo de sol y playa.
Desde el punto de vista ambiental es insostenible tanto por la agroquímica como por las agresiones a las costas, el alto grado de pérdida potencial de terreno cultivable y fértil a partir de declarar solar todo el suelo, de la agresiva química del cloro, del modelo de generación eléctrica en centrales de ciclo combinado, del modelo de movilidad basado en la carretera tanto para el transporte de mercancías como en el individual de pasajeros en vehículos de motor de combustión en detrimento de los modos colectivos, ferroviarios, electrificados y no contaminantes.
¿A qué otros modelo deberíamos aspirar?
La prioridad ante el cambio climático y sucesos como Fukushima es la descarbonización de la economía en general y en particular del sector energético junto a su desnuclearización. Un modelo productivo sostenible para el país comporta en primer lugar hacer la transición energética hacia un modelo basado en el ahorro neto, la eficiencia y la generación mediante fuentes renovables y limpias, lo que supondría un gran estímulo para la economía dado el esfuerzo inversor necesario, la sustitución de importaciones y la creación de empleo asociada. Sin ese paso pocos más se pueden dar. Y además impulsar que la generación mediante renovables sea distribuida, lo cual acerca la producción al usuario, lucha contra el monopolio y democratiza el bien energía.
En segundo lugar requiere tener una “idea de país” en el ámbito productivo guiada por la consecución de actividades de mayor valor añadido, útiles socialmente, ambientalmente sostenibles y que refuercen el tejido productivo agrícola e industrial. Esto equivale a romper con la lógica de Montoro que afirma que un gobierno no debe tener un modelo productivo y que este surgirá de las decisiones de los inversores. Tomar las riendas de nuestro futuro de forma democrática es la única manera de salir de la postración. Ello implica redimensionar la construcción –dedicando sus potencialidades a la rehabilitación con criterios de eficiencia energética del conjunto del parque inmobiliario-, disminuir la producción de automóviles y potenciar que se propulsen por electricidad; efectuar las medidas ya posibles de sustitución en pos de una química “verde” y reorganizar en clave de sostenibilidad el sector turístico.
Pero implica también apostar el desarrollo del sector industrial de bienes para las energías renovables, la construcción de material ferroviario, la agricultura ecológica, los servicios sanitarios, la educación pública, los servicios de atención a las personas, la biotecnología médica, los bienes de equipo médicos, la mecatrónica (la intersección de la mecánica, la electrónica y la informática), la electrificación y ferrocalización del transporte, los servicio medioambientales, la investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológica en los campos que se elijan como prioritarios, la lógica del transporte.
¿Qué requiere este salto? Que la deuda no sea losa, que el pago de la deuda no impida disponer de medios para cubrir las inversiones. Pero también una banca pública hegemónica en el sector financiero capaz de determinar la hoja de ruta, que se quiera o no, tendrá que plantearse la socialización con control democrático del sector financiero. Y también la reorganización del sistema eléctrico español que actualmente es el paradigma de la irracionalidad capitalista. En mi opinión ello exigirá junto a otras medidas de naturaleza técnica y social, la nacionalización del sector que es estratégico para la economía del país y sin embargo se comporta como uno de sus mayores parásitos,
¿Cómo lograr la suficiente fuerza política para transformar la realidad en sentido óptimo o eficiente socialmente?
El primer paso es devolver el protagonismo a la sociedad civil frente al bloque inmobiliario-financiero que determina el curso del país y a cuyo servicio se encuentran unas instituciones y partidos políticos crecientemente alejados de los intereses de la mayoría de la sociedad por más que sea esa misma sociedad en forma de cuerpo electoral la que les dio sus votos.
Ese protagonismo democratizador no aparece por generación espontánea, exige de un incremento de la conciencia y cultura política de la mayoría social, de un empoderamiento subjetivo de la misma, de un impulso del movimiento social con sus propias aspiraciones, de un debate generalizado en las instituciones políticas y fuera de las mismas, sobre todo esto último, para ir elaborando alternativas políticas. Probablemente ello induzca a la aparición de nuevos partidos políticos e incluso en algún caso a la profunda transformación de los existentes. Y también probablemente implicará romper con la lógica imperante en la UE y con las constricciones que impuso la transición española, cuyo legado hoy está obsoleto y requiere de una profunda regeneración democrática.
Desde luego es preciso impulsar otra vía de construcción europea en clave social, sostenible y democrática frente al modelo de Maastricht y demás tratados posteriores diseñados por la versión europea del neoliberalismo, el ordoliberalismo alemán de la señora Merkel. Todo ello no es tarea de un solo día ni del advenimiento de un nuevo líder, como en los ochenta en España, es cuestión de tiempo, organización y política, mucha política, por parte de la mayoría social. Se trata nada menos que de construir una nueva hegemonía política y cultural frente a las clases dominantes.
¿Por qué juzga incompatible con una Europa de participación y democracia la actual lógica de la política económica europea?
Las políticas austeritarias asociadas al rigorismo fiscal, a minimizar por decreto el déficit, siempre obsesionadas por una inflación inexistente, etc. no pueden adoptarse en foros democráticos con amplia participación activa y cotidiana de la ciudadanía. Bien al contrario son acuerdos de élites que usan todo el poder de las instituciones políticas para imponerlas. Parte de esas élites fueron elegidas en sus países pero luego escapan al control de sus ciudadanos en su quehacer realmente. Pero una parte decisiva nadie les eligió democráticamente. Están ahí pesan y deciden.
Además para imponerlas es preciso construir un marco más controlado, un gobierno más autoritario, un sistema vaciado de cauces democráticos y reducida la participación cívica a la mínima expresión. Buena prueba de ello en el caso español es la reforma del Código Penal y la futura Ley de Seguridad Ciudadana o el intento de cercenar el derecho de huelga. El neoliberalismo cada día necesita más de estados autoritarios, o si se quiere, liberal-autoritarios.
Esa lógica de las políticas económicas pugna contra la democratización en la UE porque de dar el poder real al Parlamento podrían –hablo en el terreno de la posibilidad- verse seriamente cuestionadas. Las políticas austeritarias requieren de conciliábulos cerrados por eso apuestan por los acuerdos de base intergubernamental en los que la RFA es hegemónica y no necesita hacer discurso público.
¿Eso va a mejora ro empeorar con las próximas elecciones europeas de marzo?
Lo que venga con los idus de marzo, en marzo llegará. Depende del resultado que obtengan las diferentes candidaturas, cuyo resultado a escala europea se me escapa; depende de la fuerza que adquieran los grupos derechistas antieuropeos y xenófobos. Pero sobre todo depende de un elemento que so se resuelve de aquí a marzo: qué exista un discurso y una propuesta alternativos al neoliberalismo y al social liberalismo –fórmula por la que la socialdemocracia perdió sustancia frente a los conservadores- capaces de señalar otra arquitectura europea en lo económico y en lo político.
¿Por qué pide el control público de recursos como la energía o el agua cuando y se están socializando las pérdidas de la banca?
Los tres son sectores estratégicos. Tanto desde el ángulo económico como socialmente. Sobre los mismos el conjunto de la sociedad debe tener control. O sea deben estar “determinados” por el poder político democrático. La ley de la rentabilidad es mala consejera en los bienes y sectores estratégicos y lleva a incompatibilidades entre los intereses de la mayoría social y la realización de la ganancia.
En el caso del agua, además, porque es un bien común esencial del que depende todo el ciclo de la vida, la satisfacción de ciertas necesidades humanas que son inelásticas y tiene usos productivos y suntuarios que hay que gobernar en un país en proceso de desertificación, con escasez de precipitaciones y estrés de gran parte de sus cuencas. Además el agua ha tenido una gestión pública económicamente rentable ¿por qué privatizar su gestión? Privatizar la gestión desgraciadamente es privatizar el recurso.
En el caso de la energía ya se sabe: quien controla el fuego domina la tribu. El grado de chantaje de las grandes petroleras mundiales se ha traducido en guerras. El grado de despotismo de las eléctricas se ha traducido en normativas contras los intereses de la mayoría en nuestro país.
En el caso de la banca, efectivamente se han socializado pérdidas. Las generadas por una gestión al servicio de la especulación de una minoría y el apalancamiento de la mayoría. La banca lleva años recibiendo avales y fondos públicos en España y en toda Europa, recibiendo dinero barato del BCE que reinvierten en bonos del Tesoro a mayor precio, obteniendo globalmente unos beneficios crecientes según la información que suministran los propios bancos y, sin embargo, jugando cicateramente –o negando- el crédito a particulares y empresas. En estas condiciones ¿para qué mantener un artefacto que no nos sirve?
