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Crecen las alertas al Gobierno sobre los problemas de autóno

Trabajo propone a sindicatos y patronal mantener el veto al despido objetivo por COVID hasta 2021

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

El Gobierno intenta ampliar hasta el 31 de diciembre de 2020 el actual veto al despido objetivo por causas relacionadas con el COVID-19, según el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales en la negociación para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre. De los 2,5 millones de trabajadores incluidos en expedientes temporales por la pandemia, cerca de 800.000 siguen afectados y el actual alza de los infectados podría mantenerlos o aumentarlos en próximos meses
Redacción 14 de septiembre de 2020 Enviar a un amigo
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El Gobierno sigue trabajando para armar la nueva propuesta económica y laboral que permita mejorar la situación y minimizar los efectos de la pandemia del covid-19. A las propuestas de regular el teletrabajo y negociar la prórroga de los erte se le suma la idea del ejecutivo de mantener el veto al despido objetivo por causas derivadas del coronavirus, al menos, hasta diciembre de este año.

Según figura en el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales inmersos en la negociación de prórroga de los erte más allá de finales de este mes de septiembre, la medida de impedir los despidos por motivos asociados a la pandemia (que se recogió en el artículo 2 del real decreto-ley 9/2020 del 27 de marzo) podría seguir vigente hasta el 1 de enero de 2021.

En el texto del decreto se apuntaba que no se podrían entender como "justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido" causas relacionadas con el covid-19. Eso significó un encarecimiento de las indemnizaciones al pasar a ser considerados despidos improcedentes o nulos. Con ello el baremo pasaba de los 20 días por año trabajado a los 33.

Ertes prorrogados

También se recoge en el documento presentado a los agentes sociales una prorroga de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el 31 de diciembre y, en los de fuerza mayor, ceñirlos a empresas de una serie de actividades económicas, aún por determinar, así como a compañías de otros sectores pero que demuestren depender de las primeras.

En esta propuesta se mantiene la idea que para considerarse empresa "especialmente afectada por la pandemia" y seguir con un erte de fuerza mayor sin pertenecer a los sectores que se fijen en el texto definitivo, se deberá demostrar que, durante 2019, el 50 % del negocio ha venido de empresas sí incluidas o documentar otro tipo de circunstancias que acrediten esa dependencia.

No se han  detallado todavía los pormenores como los esquemas de las bonificaciones que tendrán los ertes, pero la intención del Ministerio de Trabajo es ofrecer un modelo de protección diferencial y "no sectorial", según  una nota difundida por la agencia Efe

Lo que sí se quiere dejar claro en la propuesta es que "el contador a cero" llegará a su fin. Con ello, a partir del 1 de octubre, las prestaciones consumidas por trabajadores en erte sí que les restarían de futuros periodos de desempleo, un aspecto rechazado tanto por la patronal como sindicatos. Del mismo modo se plantea una prestación extraordinaria por fin de campaña para personas con contrato fijo discontinuo afectadas por un expediente temporal.

Actualmente, permanecen afectados por un erte cerca de 800.000 trabajadores del total de 2,5 millones que estuvieron incluidos en algún expediente durante los últimos meses por la pandemia. 

El intento de limitar los despidos desde marzo

Las medidas #laborales puestas en marcha por el Gobierno desde marzo han tenido como objeto limitar los #despidos, incluso articulando fórmulas que se presentan como una 'prohibición' de justificarlos por la #covid19, comenta estelunes en su perfil de Linkedin Javier Esteban, periodista y consultor de comunicación especializado en los retos de la transformación digiral y miembro del consejo editorial de Ibercampus.es. ¿Pero qué despidos se prohiben? Desde el primer momento se ha advertido de que esta prohibición es relativa y vinculada más ante regulaciones colectivas, como los #ERTEs, pero no protege igual ante otras formas de mandar a un trabajador al paro.

¿Cuáles son esas formas? Los despidos individuales —por causas objetivas o no—, la finalización de periodos de prueba y la finalización de contratos temporales.Estos dos últimos, no son despidos propiamente dichos pero el Gobierno intentó cerrar esa vía de regulación.

¿Y ha funcionando? Es difícil saberlo porque la estadística mensual de demandantes por desempleo no especifican cómo se perdió el empleo 🤷🏻‍♂️Pero las prestaciones contributivas sí recogen la causa del derecho. Esta #infografía muestra su evolución durante los 5 primeros meses de pandemia 👇Y revela que tras la parálisis de marzo, el crecimiento ha sido continuo. La cuestión es: ¿podría haber crecido más? Teniendo en cuenta que muchos contratos 'a prueba' y temporales no llegan a generar derecho a prestación, muy seguramente lo ha hecho.

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Alertas al Gobierno sobre los problemas de los autónomos

Estos dias se informa tambiénen de que la pandemia ha puesto contra las cuerdas a un colectivo de tres millones de personas que clama por la extensión de las ayudas para subsistir. En la Unión Europea hay practicamente 33 millones de autónomos. España representa un 10% del total.

“Los autónomos no se están dando de baja a la Seguridad Social porque tienen exoneradas las cotizaciones y les da igual estar de alta que de baja. Pero a partir de ahora va a haber un número importante de bajas a no ser que el Ejecutivo ponga sobre la mesa un plan de cese de actividad extraordinario. Este mes ya tienen que pagar el 75% de las cotizaciones y en octubre el importe total”, alerta a el PAIS Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). Amor calcula que podrían desaparecer uno de cada 10 autónomos a finales de año “si el Gobierno no atiende el S.O.S. que estamos lanzando”.

El ministro de Seguridad Social se reunirá con los representantes de los autónomos la próxima semana “para realizar un seguimiento de las medidas aprobadas en el contexto de la covid y estudiar su adaptación de cara a los próximos meses”, informan en su departamento. No sin antes haber lanzado un nuevo dardo al colectivo en el seno de las reuniones del Pacto de Toledo, donde se estudia modificar las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia para ajustarlas a sus ingresos [actualmente casi el 80% de ellos cotizan por la base mínima]. “Si el sistema de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena se basa en cotizaciones relacionadas con el salario, de la misma manera los autónomos tienen que alinearse con los ingresos. Estamos trabajando en módulos para que aquellos que tengan ingresos menores paguen menos y los que tengan ingresos mayores, paguen más”, ha explicado Calviño. Una reforma que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) aplaude, en tanto que ATA rechaza “si sirve para subir la cotización de este colectivo”.

Estos pequeños empresarios, profesionales o tenderos se enfrentan ahora a una fecha clave: el 30 de septiembre, cuando vencen las ayudas por cese de actividad (el paro de los autónomos) y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), unas prestaciones que les están ayudando a mantener sus negocios dados de alta en el Registro Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), en coma asistido. E incluso a ganar 1.609 altas en agosto respecto al año pasado. “Sorprendentemente los autónomos han recuperado el nivel de afiliación previo a la crisis”, decía hace unos días el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, “gracias en gran parte a las ayudas que se han puesto en marcha”, añade el departamento que dirige José Luis Escrivá.

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