miércoles,18 mayo 2022
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Profesionales de la medicina en contra de la Ley de reducción de la temporalidad

Una carrera sin final: sobre médicos y temporalidad

Miss Controversias
Tras años de ausencia de convocatoria de oposiciones, los sanitarios han levantado la voz ante la Administración. Ibercampus ha hablado con ellos y nos han contado que, después de mucho tiempo de sucesivos contratos temporales de distinta tipología, piden que se amplíe el plazo a 3 años de relación laboral continuada para poder acceder a la vacante vía concurso de méritos y no 5 como ha establecido la norma.

El Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre de 2021 publicó una ley con las medidas urgentes para reducir la temporalidad del empleo público. Lo que en principio parece una buena noticia, no está exento de controversia. El personal laboral y los interinos, están en general descontentos en la forma en que la norma plantea la excepcionalidad en el procedimiento. 

Como comentábamos hace unos días en Ibercampus, una parte de los opositores no está de acuerdo con someter a una selección de los candidatos únicamente a concurso porque consideran que no se cumple el principio de equidad en la oferta de empleo público.  Otros no apoyan los plazos estipulados para esta excepcionalidad de someterse exclusivamente a concurso de méritos, que ha sido delimitada de la siguiente manera: 

Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional (…) por el sistema de concurso, aquellas plazas (…) que (…) hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Por lo tanto, para el proceso selectivo de concurso, el interino debe haber estado ocupando el mismo puesto durante al menos cinco años de forma continuada, lo cual afecta especialmente al sector sanitario. Aunque tampoco está claro que en todos los casos se vaya a aplicar este criterio, porque la Ley está sujeta a la decisión de cada Administración (lo que puede dar lugar a lucha política entre Gobierno central y autonomías).

Ibercampus ha hablado con la Dra Ana Huerta, nefróloga del Hospital Puerta de Hierro de la Comunidad de Madrid y nos ha explicado cómo le afecta esta situación, injusta para ella y miles de compañeros, pero también injusta para toda la sociedad, los pacientes, por el detrimento en la calidad del servicio. 

Experencia en Nueva York, años de becas, puesta en marcha de proyectos, sucesión de contratos temporales, contratos eventuales al 70%, especialización muy al detalle después de años de trabajo, más contratos temporales, horas de investigación en sacrificio de la vida personal, porque los contratos son sólo de práctica clínica y no investigadora. En 2018 por fin un contrato de interinidad que ahora no sirve de mucho. Todas las becas, los contratos temporales, incluso de un sólo día, son ignorados ahora por la Administración, que sólo atiende al criterio comentado de temporalidad continuada en puestos estructurales anteriores al 1 de enero de 2016. Las relaciones laborales que aún cumpliendo los dos primeros requisitos hayan comenzado con posterioridad, no entran en el criterio de excepcionalidad exenta de examen.

La razón por la que la Administración ha formulado esta Ley de medidas urgentes y necesita que se solucione este asunto antes de final de año, es cubrirse las espaldas frente al aviso de Europa para alcanzar la temporalidad del sector público en un 8% y poder seguir accediendo a los fondos europeos. Lo curioso es que pretenden hacer víctimas de su mala gestión a quienes se esfuerzan por hacer que las cosas funcionen. Y esto es algo que aplica, sobre todo, a las Consejerías de Sanidad españolas. 

Ahora, médicos con 10 o 15 años de experiencia desde el final de su residencia, se encuentran en un momento en el que tienen que ponerse a estudiar lo que ya han ido dejando atrás, compitiendo con los recién titulados que tienen los años de residencia más frescos. Es el caso de la Dra Huerta, quien nos comenta que se ha especializado un área de la nefrología relacionado con enfermedades autoinmunes muy específico que quedaría descubierto si ella no consigue su plaza. Por otro lado, donde ella terminara ubicada, cabe la posibilidad de no poder seguir desarrollando el área en el que se ha especializado, consecuencia que recae en última instancia en la salud de la población general. Experiencia perdida y proyectos que no podrán continuar.

En circunstancias normales tendrían que pasar por el proceso de concurso-oposición, pero la dejadez de la Administración ha provocado que, por ejemplo en Madrid, no se convoquen oposiciones en algunas especialidades desde el año 2009. La situación exclusiva de convocar únicamente concurso no es la vía habitual. De hecho la Constitución Española la presenta bajo causas objetivas y excepcionales como las actuales. Lo que piden los profesionales de la medicina es que esta excepción se amplíe a 3 y no 5 años debido a la precariedad en las relaciones laborales de las que han sido víctimas sin elección. De haber tenido un contrato laboral continuado o de interinidad desde el principio, miles cumplirían un requisito que es burocrático que no profesional. Por no hablar del ahorro que supone para la Administración tener a miles de empleados a los que no se les pagan trienios y otros beneficios de antigüedad. Lo lógico sería, además, que a partir de ahora la Administración hiciera las cosas bien y no provocara que en 10 años estemos otra vez en la misma situación. 

Es insólito que estos profesionales contratados por el sector público estén trabajando bajo fraude de ley. Según el Artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores los contratos de duración determinada deben ser por una necesidad específica. Pero una necesidad llevada a cabo durante más de 18 meses en 2 años y en la que además, el sistema sanitario requiere esa plaza para su funcionamiento, no es una necesidad coyuntural sino estructural.

Y es que, como nos comentaba la Dra Huerta, ¿qué hubiese pasado si esto lo hace una empresa privada? Que la medicina debe ser una carrera sin final es evidente, como lo es que la sanidad pública es un valor añadido en España. Pero es tarea del empleador público preocuparse de que el talento en el que se ha invertido no se vaya fuera. Cuidar los detalles básicos como la relación laboral o el material de calidad suficiente, son primeros pasos imprescindibles.

 

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