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EMPRESAS Y RSC
Consumo atiende en parte la petición inmediatamente

Una veintena de organizaciones urge libre acceso a la información administrativa

Logo de la Coalición

Una veintena de organizaciones de la Coalición Pro Acceso pidió al Gobierno de España este 27 de abril que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por el estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus. Apenas 12 días después, el Ministerio de Consumo con Garzón al frente ha intentado con las autonomías organizar la respuesta a millones de potenciales reclamaciones.
Redacción / actualizada 10 de Mayo 2020 10 de mayo de 2020 Enviar a un amigo
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La carta de petición al Gobierno fue dirigida este 27 de abril a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias. En ella una parte de los miembros de la Coalición Pro Acceso denuncian los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente en tiempos de crisis. Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno.

Por las mismas fechas, diversos medios como Ibercampus.es se hacían eco de que durante el Estado de Alarma se ha suspendido la publicación y consiguiente cumplimiento de la información de transparencia que obliga al Gobierno. También se ha denunciado que Sanidad contrata a 14 empresas sin dirección, transparencia ni control de cumplimiento legal y RSC.

No obstante, desde el inicio del Estado de alarma el Gobierno tomó medidas  para canalizar las reclamaciones que se produjeran de las empresasConsumo y CNMC anunciaron el 15 de marzo que colaboraban para evitar abusos e infracciones en precios de productos básicos. Igualmente, el Ministerio de Garzón decidió crear un grupo técnico de seguimiento de reclamaciones el  viernes 17 de abril  a fin de facilitar acuerdos satisfactorios con empresas en aquellas compras o servicios que no se han prestado a causa de la crisis sanitaria. Era la tercera reunión que del Ministerio con las organizaciones sociales para rendir cuentas de las medidas adoptadas con el fin de paliar las consecuencias de la declaración del estado de alarma en los consumidores y usuarios. Y ahora en apenas 12 días tras la carta de la veintena de organizaciones el Ministerio de Consumo con Garzón al frente ha intentado con las autonomías organizar la respuesta a millones de potenciales reclamaciones (Ver primera informacion relacionada). 

En su carta  de petición de libre acceso a la información administrativa (uno de los puntos incluidos en el manifiesto que publicó este sábado con motivo del 70 aniversio del proyecto de Unión Europea el consejo editorial de Ibercampus.es), la Coalición añade textualmente lo que sigue:

La gravedad de la situación generada por la pandemia de la Covid-19 ha hecho que el Gobierno tome medidas excepcionales como la suspensión de los plazos administrativos, algo que también ha ocurrido en muchos países europeos y americanos. Sin embargo, también existen ejemplos de buenas prácticas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible cumplir con este derecho:

• En Argentina, se ha modificado la suspensión para mantener los plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información;

• El Consejo de la Unión Europea y la Comisión mantienen el plazo de 15 días, aunque reconocen que pueden darse leves retrasos en algunos casos; y,

• En España, la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valencia, entre otras administraciones, están respondiendo solicitudes y realizando publicidad proactiva.

En aras de garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información, desde la Coalición Pro Acceso reiteran al Gobierno central la necesidad de adoptar las siguientes medidas:

• Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos;

• Instar a las unidades de información de la Administración General del Estado, y mientras dure el estado de alarma, a responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la Covid-19. En base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia;

• Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo.

• Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información.

• En caso de requerir un refuerzo de personal para la tramitación de solicitudes de acceso a la información, permitir la colaboración de los archiveros de la Función Pública conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto – Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.Asimismo, para asegurar la transparencia de las actuaciones de las instituciones públicas deben:

Crear una página web o una sección en el Portal de Transparencia dedicada exclusivamente a la Covid-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental…) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible (barrios). Se priorizará aquella información requerida de forma más recurrente en las solicitudes. Todos los datos deberán publicarse en formatos abiertos y reutilizables, con sus respectivos metadatos, y deberán ser incluidos, además, en un catálogo especial sobre la Covid-19 en el portal https://datos.gob.es/es/catalogo;

Publicar proactivamente y de forma inmediata:

• la conformación del o de los comités científicos, así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno;

• toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc.

• Mantener un soporte digital de toda la información relacionada con la Covid-19 que permita la trazabilidad de las acciones realizadas y, por ende, garantice la adecuada rendición de cuentas.

Garantizar la protección de la privacidad, asegurando que el seguimiento y la vigilancia digital usada para proteger la salud de los ciudadanos sea una medida temporal y supervisada constantemente por especialistas y miembros de la sociedad civil, permitiendo una completa transparencia del uso dado a los datos recolectados.

Entidades adheridas a la petición:
  • Access Info Europe
  • Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP)
  • Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA)
  • Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
  • Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA)
  • Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)
  • Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
  • Asociación Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
  • Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
  • Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
  • Cibervoluntarios
  • CIECODE
  • Coordinadora ONGD – España
  • Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
  • Fundación Civio
  • Fundación Compromiso y Transparencia
  • Fundación Hay Derecho
  • Gobierno Transparente
  • Greenpeace España
  • Manuel Sánchez de Diego
  • Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez
  • Observatorio de RSC
  • Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)
  • Red de Abogados y Abogadas para la Defensa Ambiental (RADA)
  • Reporteros Sin Fronteras, Sección Española
  • Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC)
  • Xnet
Estos 28 nombres son un tercio de los miembros de la Coalición ProAcceso y una mínima parte de los 8 individuos que apoyan las actividades estratégicas de la Coalición y de sus más de 1.500 firmantes, cuyos 8 primeros son: 
  •    Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
  •    Severiano Fernández Ramos, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.
  •    José Manuel Alonso, responsable de eGovernment en W3C, de la Fundación CTIC.
  •    Antonio Rubio Campaña, Director Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de EL MUNDO/Universidad Rey Juan Carlos.
  •    José Luis Dader García, Catedrádico de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
  •    Javier de la Cueva, Abogado.
  •    Dra. Laura Tejedor Fuentes, Profesora periodismo de datos y transparencia, Universidad Complutense de Madrid.
  •    Y más de 1500 firmantes. Descúbrelos aquí.
Los 10 principios de la Coalición ProAcceso
El lema que resume los objetivos de la Coalición es que todas las personas tienen el derecho de solicitar toda la información a todas las administraciones e instituciones públicas sin tener que explicar para qué quieren la información o qué uso van a dar a la misma y tienen el derecho de recibir una respuesta en un plazo breve y en un formato claro y comprensible. Y esos objetivos se resumen en diez principios:

Uno. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona. El acceso a la información es un derecho de toda persona, que debe aplicarse sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

Dos. El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas

Tres. El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada

Cuatro. Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito

Cinco. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.

Seis. Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción

Siete. Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas

Ocho. Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas

Nueve. Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud

Diez. El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente

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