El ministro indicó que es necesario "alcanzar cuanto antes un amplio acuerdo político" sobre la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. En este aspecto, señaló que el borrador de recomendaciones actual y pendiente desde 2019 (algunas de las cuales subrayó en su presentación) es un "magnífico punto de partida" para llegar a este consenso. Una vez alcanzado el acuerdo político, el ministro ha indicado la conveniencia de conseguir también el consenso con los interlocutores sociales y, sobre esa base, iniciar la tramitación de un proyecto de ley para abordar la reforma del sistema de pensiones. Véase aquí el texto íntegro de la Presentación de la comparecencia del ministro en el Congreso y sus recomendaciones.
Según explicó el ministro, el sistema de pensiones español tiene algunas características peculiares. Una de ellas es la existencia de un mecanismo para revalorizar las pensiones que no tiene en cuenta la evolución de precios y salarios, "una excepción en comparación con los países con sistemas homologables al nuestro, de ahí la necesidad de su reforma". En otros aspectos, como la edad de jubilación, el gasto en pensiones en relación al PIB, o el nivel de cotizaciones, nuestro sistema es similar a los de otros países comparables, "al igual que lo son los retos que afronta a medio plazo, que son, en cualquier caso, asumibles".
Escrivá resaltó que esta situación no ha camiado por la crisis de la COVID-19, que "tiene un impacto notable pero transitorio sobre las cuentas de la Seguridad Social".
En este contexto, el ministro de Inclusión anunció cuáles serán las líneas de actuación del Ministerio si hay consenso político para la reforma de las pensiones, en línea con las recomendaciones del borrador. "A corto plazo, se profundizará la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social" (recomendaciones 1 y 6 del borrador).
En este sentido, el ministro también anunció que se iniciará en el próximo presupuesto la financiación de gastos impropios de la Seguridad Social, de forma que "al final de la legislatura quedaría eliminado el déficit previsto". Las estimaciones del Ministerio, según Escrivá, están "en línea con lo planteado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal". La medida, además, "ayudaría a mitigar las dudas sobre la sostenibilidad del sistema a corto plazo y centrar la atención en los retos a largo plazo".
Entroncadas con ello, el ministro ha anunciado medidas para sustanciar la recomendación 4 del borrador del Pacto dw Toledo a través del impulso de la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos. "Tendrá una implantación gradual, no generará distorsiones significativas ni en los autónomos ni en la gestión administrativa y será implementada por tramos", según dijo, lo que permitirá que un porcentaje elevado de autónomos vea reducidas sus cotizaciones.
Además, el ministro anunció actuaciones en otros aspectos: el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones (recomendación 2), alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal (recomendación 12) y desarrollar los sistemas de previsión social complementarios (recomendación 16).
Sobre el primer punto, el ministro resaltó que el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones "no sólo cumple con las recomendaciones del borrador, sino que también lo hace con el artículo 50 de la Constitución, de ahí su relevancia". Además, señaló que es un "elemento clave para dar certidumbre a los pensionistas y el conjunto de la sociedad y está en línea con los mecanismos de los países de nuestro entorno". Por todo ello, consideró "clave que el próximo año ya se aplique un nuevo marco estable para la revalorización, que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas".
Respecto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá indicó que es una medida "que goza de una importante aceptación social y que, según los cálculos de la AIReF, tiene un impacto económico relevante". Así, planteó la necesidad de incentivar la demora en la jubilación, "que hasta ahora han tenido poca aplicación práctica", mediante una exhaustiva evaluación de la realidad del mercado laboral para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de los incentivos existentes y una corrección de los "elementos distorsionantes de la jubilación anticipada". Con ello, el ministro de Inclusión cree que "se puede revertir la tendencia actual de crecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias".
Finalmente, el ministro se comprometió a revisar el sistema actual de previsión complementaria, en línea con la recomendación 16 del borrador y con el encargo que ha realizado la AIReF al Gobierno. En este sentido, Escrivá subrayó que "sin cuestionar la centralidad del sistema público de pensiones, es necesario impulsar los planes de empleo, trasladando hacia ellos la fiscalidad favorable que ahora mismo tienen los planes individuales". Según ha señalado, "a través de la negociación colectiva y de la creación de un fondo de pensiones abierto en la administración, se podría extender la población cubierta y reducir los costes de gestión".
El debate de Presupuestos impulsará a otra reforma urgente
El Tribunal de Cuentas advierte en su último informe de que sin una reforma temprana la viabilidad de las pensiones estaría en peligro. El Pacto de Toledo tiene bastante avanzadas sus recomendaciones y espera poder aprobarlas en septiembre, después de que la pandemia paralizase sus trabajos.
Septiembre es el objetivo que se ha marcado la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo para sacar adelante la reforma de las pensiones pendiente. La urgencia de la reforma está presente desde el principio de la legislatura, pero se ha reforzado después de que el Tribunal de Cuentas publicase su informe de fiscalización sobre la evolución económico-financiera, patrimonial y presupuestaria del sistema de la Seguridad Social.
El organismo, a 31 de diciembre de 2018, constata que existe un problema estructural de sostenibilidad financiera en el sistema de Seguridad Social y alerta de que, de no llevarse a cabo una reforma urgente, la viabilidad de las pensiones estaría en un peligro serio.
El Congreso resucita la reforma de las pensiones con la vista puesta en las consecuencias de la covid-19
Ni las prisas por sacar adelante la reforma ni el problema de financiación de la Seguridad Social son nuevos para el Pacto de Toledo, cuyos diputados son conscientes de la necesidad de atajar el déficit estructural del sistema.
De hecho, en el transcurso de las negociaciones en el seno de la comisión hace dos legislaturas (cuando estuvo a punto de aprobarse la reforma), se planteó suprimir los préstamos del Tesoro Público a la Seguridad Social para cubrir necesidades contingentes (como el abono de las pagas extraordinarias, en las ocasiones en las que el sistema no ha podido hacer frente al gasto).
La legislatura había arrancado con optimismo y con el convencimiento por parte de los diputados de la comisión de que antes del verano se podría avanzar mucho en las recomendaciones que servirán de base para el nuevo sistema de pensiones. Los parlamentarios no partían de cero, sino que comenzaron a trabajar sobre las propuestas que dos legislaturas atrás habían estado a punto de suscitar un amplio consenso, unas propuestas que incluso cuentan con el visto bueno del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Sin embargo, como el resto de la actividad legislativa, los trabajos del Pacto de Toledo fueron interrumpidos por la pandemia de la covid-19, y las previsiones y el calendario de reformas planteado hasta el mes de marzo dejaron de tener validez. Tras la recuperación progresiva de la actividad parlamentaria, la comisión se centró en celebrar reuniones de su Mesa y portavoces para determinar si el coronavirus obligaba a modificar alguna de las recomendaciones.
El objetivo era el de analizar si las propuestas elaboradas hace dos legislaturas se adecuaban al nuevo escenario, marcado por el impacto económico y social de la covid. Tras los primeros encuentros, los portavoces y la Mesa, encabezada por su presidenta, la exministra socialista Magdalena Valerio, apostaron en su mayoría por continuar trabajando sobre las recomendaciones establecidas antes de la irrupción de la pandemia.
A las reuniones también acudieron representantes del Ministerio de Seguridad Social, que ofrecieron datos y se mostraron de acuerdo con que la comisión siguiera trabajando sobre estas propuestas. Una vez resuelto el asunto relacionado con el coronavirus, el Pacto de Toledo se ha propuesto el objetivo de cerrar un acuerdo en septiembre, dejando agosto para que los partidos marquen sus posicionamientos respecto a las recomendaciones, según adelantó Europa Press.
Aunque el acuerdo está bastante avanzado en muchas de las propuestas, otras no tienen el respaldo de todos los grupos, por lo que en septiembre deberán llegar a acuerdos en aquellos aspectos que no suscitan tanto consenso. En septiembre también está previsto que comparezcan, además del ministro de Seguridad Social, el gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF.
Entre los puntos esenciales de la reforma está el asunto de la revalorización de las pensiones. Que el principal índice de revalorización de las pensiones tiene que ser el coste de la vida parece haberse convertido en uno de los consensos de partida del Pacto. En las dos últimas actualizaciones este ha sido el índice que se ha seguido como referencia, pero la fórmula todavía no está blindada por ley.
Otro de los puntos tiene que ver con la edad de jubilación. El Pacto de Toledo parece que no abordará, al menos de momento, la edad legal de jubilación, que se sitúa en la actualidad en los 67 años. En cambio, sí que trabajarán los consensos en cuanto a la edad efectiva de jubilación.
Esta es una reforma que el propio ministro de Seguridad Social ha fijado como uno de los objetivos del Gobierno. En la última comparecencia de Escrivá ante el Pacto, Escrivá anunció que el Gobierno quiere desincentivar la jubilación anticipada a la vez que se incentiva la prórroga de la vida laboral. "Hay que ofrecer esquemas bien diseñados que generen incentivos. Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en la brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", explicó entonces el ministro.
Las claves de la reforma pasan por la revalorización de las pensiones, el cálculo de la cuantía y la diferencia entre la edad legal y la efectiva de jubilación
También se deberá abordar la posible derogación del denominado factor de sostenibilidad, que ha sido desde el principio uno de los puntos de fricción entre los partidos de la izquierda y los de la derecha, especialmente el PP. Desde formaciones como Unidas Podemos rechazan frontalmente esta herramienta, introducida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y diseñada bajo el pretexto de contener el gasto en pensiones.
El factor de sostenibilidad afecta directamente al cálculo de la primera pensión de los nuevos jubilados y ajusta la cuantía a la esperanza de vida de ese momento. Su primera aplicación se debería haber producido por ley a principios de 2019, pero el Gobierno de Sánchez retrasó su entrada en vigor hasta el 2023.
Para el Gobierno, el factor de sostenibilidad es una herramienta que tiene "poco efecto" sobre el nivel de gasto en pensiones, "apenas medio punto del PIB a largo plazo". "Quisimos innovar con algo que no se habrían calibrado bien sus consecuencias", afirmó Escrivá en su última comparecencia.
El cálculo de la cuantía de las pensiones es, probablemente, el otro gran punto de fricción en el Pacto. En el actual borrador (el de la XII Legislatura) se recoge "la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora, que culminará en 2022, y que implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones".
Aunque se propone la ampliación del cálculo de la pensión de jubilación a toda la vida laboral, también se establece la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables. Sin embargo, algunos grupos defienden que, por regla general, esto supone una disminución de la cuantía a recibir debido a la precariedad existente en grandes tramos de la vida laboral.
