sábado,29 enero 2022
Espacio euroiberoamericano de diálogo sobre la innovación social, profesional y académica
InicioInnovación y AcademiaAnticorrupción investiga fraudes con facturas falsas en cursos de formación para el...
Implicadas 30 academias de toda España y administraciones

Anticorrupción investiga fraudes con facturas falsas en cursos de formación para el empleo

Redacción
La Fiscalía Anticorrupción investiga fraudes con facturas falsas en cursos de formación cofinanciados por Estado, comunidades autónomas y fondos europeos, extendido hace años a más de treinta academias de diversas comunidades autónomas, desde Alicante a Santander."Pagamos autónomos, más 17 euros brutos la hora, pero facturas 45 o 50 euros la hora".Esta diferencia contraviene además la ley española, que obliga a dedicar al personal docente al menos un 40% del coste en formación para el empleo.

El modus operandi investigado desde noviembre pasado consiste en el cobro de "mordidas" en las retribuciones a los profesores y profesoras autónomos de cursos cofinanciados por cursos europeos, que este mes de abril cumplirán su XXV aniversario, según la denuncia inicial impulsada por un grupo de docentes y la Agencia Antifraude valenciana (AVA) y revelada por Sergi Pitarch  y Adolf Beltran en El diario.es, "Se justifican formalmente ante las administraciones importes por retribuciones al personal docente que presuntamente no son las que reciben estos, toda vez que los centros contratantes son los que reciben y se benefician de esos importes", relata el informe de la Agencia Antifraude valenciana. 

A la denuncia se han incorporado audios, correos electrónicos, facturas y testimonios de docentes que han tenido que devolver parte de sus salarios a las academias en las que prestan sus servicios como autónomos. La investigación del fraude, que se oculta a la Administración en las justificaciones que presentan las empresas, implica a más de una treintena de centros de formación de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León o Madrid. La patronal alicantina de centros de certificación y varios de los centros denunciados consultados por este periódico se desmarcan de estas prácticas y las atribuyen a "garbanzos negros".

El fraude se fundamenta en que, según el Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y la resolución del 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, de cada cien euros de subvención un mínimo de 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas. 

"En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros", afirma uno de los docentes extremeños afectados.

En varias academias de Alicante, el modus operandi era más burdo. Según Gerardo Gandía, el profesor reintegra la diferencia en mano. "Yo cobraba 18 euros la hora, pero tenía que facturar 40. Se lo devolvía en mano o a través de un contrato privado de servicios en los que pagaba un dinero en concepto de alquiler", afirma. ¿Y qué pasa cuando hay que declarar la renta ante Hacienda por un dinero facturado, pero no percibido? "Se acuerda el pago del coste de la declaración, algunas academias con un límite de hasta 4.000 euros". Gandía, que ha trabajado durante más de una década en formación para parados asegura: "En doce años no he encontrado ningún centro que no me haya propuesto devolver parte del salario que me pagaban, en ese tiempo, unos 240.000 euros". 

Carlos Martínez fue durante años técnico de inspección del Servei d'Ocupació de Catalunya. En estos momentos está jubilado, pero durante años fue apartado a otro tipo de departamentos por explicar a los profesores que el 40% de la subvención les correspondía a ellos. "El 95% de los profesores me decían que facturaban 50 euros, pero que percibían entre 18 y 22 euros. Me negué a validar los pagos. Hasta 90 cursos los firmé como desfavorables y me sacaron de mis funciones", argumenta. 

Otro docente que guarda anonimato cuenta cómo se entra en este círculo vicioso. "Te llaman ellos (los centros) y la entrevista consiste en acordar las condiciones económicas. Ves cómo te van a pagar y cómo devolverles parte del dinero. Depende del centro si devuelves el dinero en metálico o te hacen facturas que pagas por servicios que supuestamente ellos te han prestado. Todo mentira, claro", sentencia a los citados periodistas de eldiario.es,.que publican otros casos y complicaciones de los profesores que además de devolver dinero han encontrado problemas fiscales . 

¿Y qué consigue la administración no entrando a fondo en este tema?, preguntan los periodistas de eldiario.es "Consigue la paz social, con sindicatos y patronal", señala Carlos Martínez, que durante años inspeccionó a las academias de Barcelona. Martínez apunta otra manera de justificar menos llamativa que las "devoluciones en caliente" o el pago de servicios al centro de formación como autónomo. "El director del centro, un familiar o gente de extrema confianza se dan de alta como profesores. Cuando terminan los cursos se presentan justificaciones desglosadas ante la administración. El docente ha dado 500 horas, pero ante la inspección solo se le computan 100. Los otros 400 se les apuntan al director o personas de confianza, que no impartieron ni una hora. Los docentes no se enteran y los inspectores no preguntan", afirma este antiguo inspector. 

Los centros no desmienten estas prácticas

Rocío Briones, directora general de Empleo y Formación de la Generalitat Valenciana desde 2015 revela que ha recibido denuncias anónimas sobre este presunto fraude en las ayudas. "Nos hemos puesto en contacto con estas personas, pero no quieren salir del anonimato y así no se puede denunciar. No tenemos pruebas contundentes para hacer nada", afirma. "Las empresas nos entregan los justificantes de pago y los datos están correctos. No hemos levantado actas de inspección", asegura.  "La única queja que hemos tenido ha sido que los profesores de centros privados cobran menos que los que trabajan para la administración por las mismas ayudas europeas para la formación de desempleados". "Pero si alguien devuelve el dinero en mano no podemos hacer nada", afirma.

La información presentada en la Fiscalía Anticorrupción apunta directamente a 23 academias de la provincia de Alicante, pero también varias del País Vasco y de Catalunya. La Agencia Antifraude señala que "existen indicios de que la misma conducta defraudatoria se reproduce por parte de academias y centros de formación de otras comunidades autónomas", como Murcia, Extremadura, Castilla y León o Andalucía.Ese es el motivo por el que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana acude a la Fiscalía General y no a la Fiscalía provincial, que hace varios años ya archivó en Alicante una denuncia similar de un particular.

Jordi Pérez, secretario de Asociación Empresarial de Centros de Formación, Investigación y Desarrollo de la Provincia de Alicante (Cecap), adscrita a su vez a la autonómica Fevap, que se integra en la patronal CEOE, dice. "Cada centro gestiona los pagos a sus docentes de una manera. Aquí en la federación solo tratamos temas comunes y no hablamos de las remuneraciones", alega.

Vicente Piñuel Cabedo ha tenido durante años un centro de formación y fue presidente de la Asociación Empresarial de Centros de Enseñanza y Formación de Alicante(CECE). En unas delaraciones a Interviu en 2017 sobre la denuncia de los cursos de formación y las "mordidas" a docentes que ya que se había hecho en Alicante, Piñuel contestó: "Si hiciéramos lo que nos dicen en la administración perderíamos dinero. ¿A mí quién me paga mi trabajo como director del centro? De algún sitio tiene que salir para que coman nuestras familias". En esa misma entrevista, Piñuel contestó que habían trasladado al Gobierno que no podían seguir sin cobrar beneficio industrial. "No somos ladrones. Si esto no está regulado es por culpa del Estado. De alguna manera el centro de enseñanza tiene que vivir", dijo. A Piñuel sólo en 2018 le fueron adjudicas por el servicio valenciano de empleo (antes Servef, ahora denominado Labora) hasta 14 cursos de formación para desempleados. Todos a través de un proceso competitivo y por un valor de más de 560.000 euros, según el buscador de subvenciones de la Generalitat Valenciana.Vicente Mora, expresidente de Cecap en la anterior legislatura, asegura que en la Comunidad Valenciana se ha llevado un seguimiento más exhaustivo que en Andalucía", concluye.

 

De interés

Artículos Relacionados