König alegó que se trata de "información confidencial" y explicó que, además de la valoración de Deloitte, la propia JUR "llevó a cabo una evaluación provisional" sobre la situación del banco.
Ayer la JUR hizo público un informe de 28 páginas en el que analiza el caso y que incluye la información "no sensible", preservando la "confidencialidad o secretos de negocio", según expuso König, quien adelantó que la institución prepara la "evaluación final". No obstante insistió en que la liquidación del Popular es "un caso de manual" que fue "un éxito" que "se benefició de la cooperación de todas las autoridades" y, admitió, de la "suerte" de que el Santander tuviera fondos para cubrir el agujero de la entidad.
König negó su responsabilidad en la "formidable fuga de liquidez" que llevó a la quiebra al banco, precipitada tras una entrevista en la que aseguró que el Popular estaba "bajo vigilancia", según le recordó el eurodiputado del PSOE Jonás Fernández. "¿Provocarlo nosotros? No puedo ver cómo. Miramos muy de cerca y en un momento dado tuvimos que tomar decisiones tras la decisión del BCE de declararlo en quiebra", explicó König. "No, no fuimos muy habladores antes de la resolución ni estamos muy callados después. Nunca en la JUR comentamos sobre instituciones individuales. Eso nos lo tomamos muy en serio. El comentario que hice, siendo preguntada si miramos al Popular, fue que lo vigilábamos como a todos los demás. Es nuestro trabajo", aclaró.
Por otra parte, la presidenta de la JUR instó a la Comisión Europea a que reflexione sobre las reglas de resolución en la Unión Bancaria. "En términos generales, necesitamos una mirada más de cerca a los incentivos y ver si son correctos. Una solución privada debería ser siempre la opción preferida. La resolución puede ser necesaria, pero es problemática si la insolvencia ofrece mejores condiciones para los acreedores", dijo. "Hay que revisar la comunicación de la Comisión Europea, que pide que se comparta la carga, pero no pide un bail-in completo", añadió, en referencia a las líneas de ayuda a los bancos italianos.
Según EL MUNDO, "Bruselas ignora a Guindos", quien reclamó a la JUR que hiciera pública la auditoría de Deloitte, documento que puede ser clave para los litigios judiciales.
Por su parte, la auditora PwC revisará para Santander su propia valoración de Popular, según publica CINCO DÍAS.
Puerta abierta a impugnaciones ante el Tribunal
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, rechazó "especular" sobre "potenciales casos judiciales", al ser preguntado sobre los litigios de accionistas e inversores del Banco Popular, aunque precisó que "desde el punto de vista legal, las decisiones de resolución son actos de la UE y pueden ser impugnados dentro del marco de los Tratados". "En este caso, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que tendría que decidir sobre las impugnaciones", aclaró.
Por su parte, los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) acordaron ayer un plan para actuar ante los niveles "persistentemente altos" de los préstamos dudosos, aunque rechazaron la idea de crear un 'banco malo' que asuma los créditos tóxicos. Actualmente, las entidades bancarias europeas cuentan con más de 1 billón de euros en créditos improductivos, un nivel "histórico" que equivale a un 7% del PIB comunitario y a un 5,4% de todos los préstamos de las entidades europeas.
