Dentro de esos 1.504 millones hay dinero que debería haber desembolsado el Ministerio, casi 900 millones, y los otros más de 600 millones las autonomías, principalmente Andalucía, que cuando arreciaron los problemas por supuesto fraude dejó de ejecutar programas de formación.Cada año, Trabajo recauda unos 2.000 millones de la cuota para formación —un 0,7% de la base de cotización— que debe emplearse obligatoriamente para eso por el Ministerio de Trabajo y las comunidades. El Tribunal Constitucional ha sentenciado varias veces que ese dinero solo puede gastarse en aquello para lo que se ha recaudado. Así que la reforma de 2015 consagró esta doctrina: obliga a guardar lo no gastado y hacerlo en los años siguientes, además de reforzar la transparencia y la capacidad sancionadora, para lo que crea una Unidad Especial de Inspección a fin de evitar el fraude en los cursos y la obtención irregular de las ayudas.
De esos 2.000 millones que pagan empresarios y trabajadores en cotizaciones, la mitad se destina a la formación y reciclaje de parados, y su gestión corresponde exclusivamente a las comunidades.La otra mitad debe emplearse en mejorar las habilidades de quien ya tiene empleo. Una pequeña parte también la gestionan las autonomías, pero la gran mayoría es competencia de los Servicios Públicos de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, y de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae).
Estos fondos se gastan de dos formas, según explica EL PAIS. Una es la parte bonificada: las empresas eligen la formación para sus empleados y el dinero invertido de lo cotizado. En este apartado ha quedado algo de dinero por gastar en los últimos años.Pero donde se acumulan más recursos es en la otra parte. Esta se organiza con convocatorias de planes a las que concurren empresas y centros formativos. Desde 2015 ha habido dos: una en 2016, por 250 millones, y otra este año, por otros 50.
Sindicatos y empresarios quedaron en 2015 fuera de la ejecución directa de cursos y de los recursos que eso conlleva, aunque no entidades dependientes de ellos. Critican a los anteriores responsables del Ministerio de Trabajo, entonces de Empleo, por la falta de convocatorias de cursos. No las hubo en 2015 ni en 2017, y en 2016 hubo una que ascendía a 250 millones y que apenas tiene un nivel de ejecución del 14%.
Además de esto, para los agentes sociales la incapacidad de gasto también está en la norma. “Esto es un drama. Y lo es por esa ley. El sistema agoniza: hay excedentes, las empresas necesitan trabajadores que no encuentran y no pueden hacer formación”, argumenta Juan Carlos Tejeda, de CEOE, la organización más beligerante. La exigencia de rehacer la norma incluida en el reciente pacto salarial partió de la patronal.
“Todo esto es por la chapuza del Gobierno anterior. Por ejemplo, la ley exige que las empresas que dan formación adelanten los recursos. El último 40% de ese dinero no lo reciben hasta más de un año después de haberlo adelantado. Así que muchas desisten”, abunda Sebastián Pacheco, de UGT. Lo mismo opina Lola Santillana, del sindicato CC OO: “Ha hecho inviable el sistema”.
Los anteriores responsables del Ministerio, autores de la norma, lo niegan. Admiten que algunas exigencias, como la “limitación de pagos adelantados”, pueden haber supuesto un freno, pero culpan a “los litigios planteados por organizaciones afectadas por los cambios”, en referencia a los agentes sociales. Como prueba de que la ley no sería un problema, dicen que hay autonomías que gastan sus fondos. Pero las hay que no, y señalan a Andalucía, “que recibe anualmente más de 200 millones” y suspendió la formación desde 2012.
En la Consejería de Empleo andaluza lo admiten, si bien recuerdan que ya en 2017 volvieron a la normalidad. Ahora reclaman que “el dinero no ejecutado durante estos años se asigne a Andalucía en un plan especial de empleo”. En una posición salomónica está Lorenzo Alonzo, vicepresidente de la Confederación Española de Empresas de Formación: “En sí no es una mala ley. Intenta paliar problemas del pasado, pero hay cosas que arreglar”. Entre ellas, menciona recibir el último pago, ese 40% de recursos, hasta pasado un año. Alonso añade también la falta de convocatorias estatales a las que optar para impartir cursos. Y acaba lamentando que siga sin “controlarse la calidad” y que muchos esfuerzos sigan yéndose en trámites burocráticos.
