La Generalitat catalana instará a universidades públicas catalanas a externalizar los servicios de residencia de estudiantes, utilizar ahorros acumulados y vender patrimonio de los centros como medidas excepcionales para obtener "ingresos extraordinarios" con el fin de afrontar las dificultades económicas de este 2013 y 2014.
Así lo ha explicado el secretario de Universidades e Investigación del Govern, Antoni Castellà, que ha señalado estas medidas para suavizar el impacto del ajuste que, con toda seguridad, deberá aplicar este año al sistema universitario, que desconoce y ha admitido que "ha tocado fondo".
"Si hay un recorte en el presupuesto tendremos que buscar caso por caso una política extraordinaria de ingresos, pero no interiorizada en su estructura, que es lo que hemos hecho durante estos dos años. Esta es la diferencia sustancial", ha relatado Castellà.
Así, ha explicado que los centros podrán "externalizar servicios que no sean estrictamente necesarios", como las residencias de alumnos, que en algunas universidades ya administran empresas.
Los alojamientos de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Politècnica de Catalunya (UPC) y la de Girona (UdG), por ejemplo, son gestionados por una empresa privada, mientras que la Universitat de Barcelona (UB) tiene dos colegios mayores propios y otros seis adscritos, y la residencia de la Autònoma de Barcelona (UAB) depende de su fundación, han informado fuentes de los centros.
El Govern también contempla que los centros puedan vender alguna propiedad que no tenga relación con la actividad docente, como medida preferible a despedir personal, ha remarcado el responsable de las universidades en Cataluña.
Los centros han hecho un "esfuerzo" para adecuar sus gastos a las aportaciones de la Generalitat, que se han reducido entre el 14 y el 15% en los últimos dos años, y la mayoría de las universidades han cerrado con equilibrio presupuestario.
"La adecuación a una situación de crisis la acabamos este año. Cualquier restricción que realicemos ahora, tocará que afecte lo menos posible a la estructura", ha insistido.
Por ello, también ha abogado por que los centros públicos se desprendan de edificios antes de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE): "Siempre es mejor realizar patrimonio que no medidas que afecten a las personas y al capítulo uno de las universidades", si bien ha sugerido que tendrán que estudiar la situación de cada universidad.
"En temas de profesorado tenemos una ratio de un docente por cada doce estudiantes", mientras que la media de la Ocde es de un profesor por cada 20 alumnos, por lo que, pese a los recortes de personal se ha mantenido la calidad del sistema, ha subrayado.
PRESUPUESTOS Y DEUDA DE TESORERÍA
Castellà no se ha aventurado a dar una cifra sobre el posible recorte en Universidades porque dependerá del déficit que se fije finalmente, que puede ir del 0,7% al 2%, si bien ha afirmado que se mantendrá la lógica de los últimos años: "Las prioridades serán Sanidad, Educación y Bienestar Social, y después tendremos Universidades".
También se ha comprometido a garantizar las nóminas de los profesores y el personal de administración y servicios (PAS) de forma mensual durante el 2013, lo que el Govern lleva haciendo desde el inicio de 2012, pese a que en 2011 acumuló un retraso de tesorería de 140 millones de euros.
"Probablemente tendremos que esperar a la mejora de la tesorería para compensar algún tipo de deuda", ha agregado Castellà, que no ha concretado el calendario en que se puede liquidar.
