El citado expediente sancionador a esas 25 consultoras causó alarma en el sector y en entre sus clientes y algunos competidores expectativas de que con ello se acometían problemas de conflictos de interés, ademas de los de integridad del mercado que afectan a los consumidores. La incoación del expediente se producía tras las inspecciones realizadas por la CNMC en octubre de 2018 (nota de prensa), en las sedes de las empresas del Grupo Deloitte (Deloitte, S.L., Deloitte Advisroy, S.L., Deloitte Financial Advisory, S.L.U. y Deloitte Consulting, S.L.U.), de Idom, S.A. y de Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., de Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, S.L y Pricewaterhousecoopers Compliance Services, S.L., y de Regio Plus Consulting, dos de las big four (Deloitte, EY, KPMG y PwC), que auditan nueve de cada diez informes de grandes empresas, cuando además 18 de las 27 sociedades del Ibex que verifican su información ética, social y ambiental han optado por hacerlo con la misma firma con la que audita sus cuentas. Sobre estos informes, ayer mismo se sabía que el 56%de los directivos que los contrata busca impacto social positivo (Ver recuadro). Los últimos datos en poder del ICAC se refieren a 2017: Deloitte, PwC, KPMG y EY concentraban el 63% de todo lo facturado en las 60.556 audorías realizadas ese año ( por importe de 663 millones), aunque de los 20.997 auditores profesionales individuales, ejercen menos de 5.000.
Ahora, el informe INF/CNMC/173/18 parte de que la actividad de la auditoría de cuentas consiste en la revisión y verificación de, entre otros, los documentos contables y estados financieros de la entidad auditada, de manera que mediante un proceso de comprobación independiente y de calidad, plasmado en un informe público, se pueda ofrecer una evaluación de la fiabilidad de la información económica-financiera analizada.Se trata de una actividad fuertemente regulada para asegurar la independencia del auditor. En concreto, la normativa impone un procedimiento de licitación o contratación, exigiendo un pliego de condiciones con criterios de selección predefinidos. También prevé una serie de cautelas y garantías de independencia en la selección de los auditores.
Deloitte, PwC, KPMG y EY ya concentraban en 2017 el 63% de todo lo facturado en las 60.556 audorías españolas, aunque de los 20.997 auditores profesionales individuales ejercen menos de 5.000
En la consulta se trata esencialmente la determinación de honorarios de la actividad de auditoría. El análisis de la CNMC se realiza desde el punto de vista de la promoción de la competencia y los principios de regulación económica eficiente, de obligado cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico.Se trata en realidad de dos consultas, para las que además el ICAC ofrece una posible solución y solicita a la CNMC su criterio.
La primera consulta planteada se centra en la determinación de honorarios a la hora de seleccionar a un auditor o contratar los servicios de auditoría. Además, se pregunta si en el importe de estos honorarios se podrían incluir los relativos a la prestación de servicios adicionales, distintos a los de la auditoría en sí. La CNMC recuerda, a título introductorio, que la libertad de precios es un elemento esencial de la economía de mercado que resulta fundamental para obtener los beneficios de la competencia: asignación eficiente de recursos, incentivo a la innovación y mejora de servicios a los consumidores y usuarios.
En ese sentido, dentro del marco legal, que prevé determinados límites a la actividad de auditoría por su indudable trascendencia sobre terceros, los honorarios deben ser libremente determinados entre el auditor y el receptor de los trabajos. Cualquier orientación o regla sobre honorarios profesionales, está expresamente prohibida. La CNMC matiza la interpretación del ICAC sobre el régimen de determinación de honorarios propuesto por sus potenciales efectos restrictivos sobre la competencia.
En concreto, en la determinación de los honorarios, el ICAC otorga en su propuesta una excesiva relevancia al número de horas estimadas para la realización de cada trabajo, desincentivando políticas de mejora de la eficiencia, la calidad y la productividad de la labor de auditoría. Por otro lado, no se debe impedir la posibilidad de que las entidades o auditores ofrezcan servicios adicionales a los de auditoría, que son legales. Además, la prestación por debajo de costes, no está en principio prohibida. Habrá que estar al caso concreto, señala esta Comisión, y remitirse a la normativa de competencia desleal. Finalmente, la CNMC recomienda limitar el nivel de detalle de la información facilitada por el ICAC en relación con las horas y horarios que comunican los operadores, ya que un exceso de transparencia podría generar conductas anticompetitivas y concertadas entre operadores.
La segunda consulta se refiere a las renovaciones en la realización de auditorías de cuentas cuando se extienden a varios años o ejercicios. El ICAC se cuestiona sobre la posibilidad de modificar a la baja dichos honorarios en función de las actividades que se vayan a realizar por la entidad auditada en el transcurso del tiempo.
Sobre este asunto, se coincide con el ICAC en que las modificaciones de honorarios son perfectamente posibles durante las vicisitudes de un contrato. No obstante, no parece adecuado presumir que cierto tipo de circunstancias empresariales (fusiones o escisiones) conlleven automáticamente subidas o bajadas de honorarios a priori. Es más deseable que estos eventos se establezcan en cada caso, en el marco de la libre voluntad de las partes.
Hay que recordar que la regulación de la actividad de auditoría ya ha sido analizada por la CNMC. En concreto, en 2015 publicó el Informe sobre el Anteproyecto de la LAC (IPN/CNMC/001/15). En él, se reconocía la relevancia de la auditoría de cuentas para el funcionamiento eficiente de una economía de mercado y la necesidad de la regulación para mitigar fallos de mercado, y se trataban temas como el papel de los actores ya presentes en el mercado en el control de acceso de nuevos entrantes al mismo, o la eliminación de requisitos para el acceso a la actividad.
La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite a solicitud de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC en aplicación del artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las 25 empresas incoadas previamente son: Abay Analistas Económicos, S.L., Altia Consultores, S.A., y su matriz Boxleo TIC, S.L., BmasiI Strategy, S.L., Competitividad Desarrollo e Innovación, S.L.U., Consultores de Políticas Comunitarias, S.L., Deloitte Consulting, S.L.U. y Deloitte Financial Advisory, S.L.U., y su matriz Deloitte Financial Advisory, S.L., Gestiona XXI Consulting, S.L., Gizarpro, S.L., Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., y su matriz Idom, S.A., Indra Sistemas, S.A., Innovisions 21, S.L., Oesia Networks, S.L. y su matriz Heisenberg 2014, S.L., Pa Consulting Services Limited Sucursal en España y su matriz Pa Consulting Services Limited, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, S.L., Red2Red Consultores, S.L., Regio Plus Consulting, S.L., T-Systems ITC Iberia, S.A.U. y su matriz T-Systems International GmbH, y 97S&F, S.L.Asimismo, han sido incoados directivos de las empresas BmasiI Strategy, S.L., Deloitte Consulting, S.L.U., Idom Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U, Innovisions 21, S.L, 97S&F, Pricewaterhousecoopers Asesores De Negocios, S.L,. Regio Plus Consulting, S.L. y Red2Red Consultores, S.L.
"En un contexto de cambio constante marcado por la incertidumbre y la desconfianza, las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de conectar con la sociedad a través de un propósito que aporte sentido a la actividad, establezca una hoja de ruta hacia el futuro y les permita responder a las necesidades de sus grupos de interés", ha añadido la socia fundadora de CANVAS Estrategias Sostenibles, Isabel López Triana.
