La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) declaró la trata de personas un grave delito de carácter nacional y transnacional que afecta profundamente los derechos humanos de los ciudadanos, que para su erradicación es necesario definir e implementar estrategias globales eficaces. Existe una gran preocupación de los Estados por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el establecimiento de diversas políticas de inmigración, armónicas con los flujos migratorios.
Durante el evento, desarrollado los pasados 12 y 13 de mayo se realizó en Bogotá, Colombia, los 23 ombudsman o defensores del pueblo iberoamericanos, como los integrantes de la Red Temática de Migrantes y Trata de Personas de la FIO, adelantaron siete paneles temáticos donde se debatió sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y particularmente de aquellas relacionadas con el delito de la trata de personas.
El panorama de la migración y la trata de personas en la región ha sido evidenciada no solamente en modalidades de explotación sexual, la cual es asociada principalmente al fenómeno, sino que también modalidades como el rapto, el ofrecimiento laboral, el matrimonio servil, el trabajo o servicios forzados, la esclavitud, servidumbre y extracción de órganos, se han comenzado a evidenciar en la actualidad. “Éste fenómeno ha sido denominado la esclavitud del siglo XXI, porque significa una aberrante cosificación de los seres humanos”, dijo Susana Rodríguez, delegada para los Derechos Humanos de las Mujeres y Asuntos de Género de Colombia.
Según el último informe de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, entre 2010 y 2012 se identificaron víctimas de 152 nacionalidades en 124 países del mundo, llamando la atención el hecho de que en uno de cada tres casos, la vulneración a los derechos humanos se produce en el país de origen de la persona afectada. De acuerdo con el informe, las mujeres son la mayor víctima siendo mujeres adultas casi la mitad de las víctimas. El 53% de víctimas fueron objeto de explotación sexual, mientras que el 40% en trabajo forzoso. Los receptores de trata de personas, especialmente de mujeres de Sur América son los países de la Unión Europea, principalmente. Así mismo, el flagelo también se da de forma interna en los países de la región, donde menores de edad son las más afectadas, así lo aseguró Jorge Otálora, Defensor del Pueblo de Colombia.
En la Declaración final, las instituciones que conforman la FIO se comprometieron a: incrementar nuestros esfuerzos para que las políticas públicas pongan siempre en el centro a la persona para que protejan y respeten el derecho a la reparación de cada víctima; instar a que los Estados cumplan los contenidos del Protocolo de Palermo, teniendo en cuenta la dimensión transnacional del delito y con una perspectiva de género; visibilizar la migración como una problemática que requiere de un abordaje holístico de derechos humanos; adelantar acciones para que se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma; tener en cuenta tanto la especificidad del fenómeno migratorio de personas de los pueblos originarios como también la niñez migrante sin acompañamiento y de su situación de vulnerabilidad; impulsar los instrumentos que permitan la efectiva persecución de la trata de personas bajo el principio de jurisdicción universal; unificar estrategias de intervención, promoción, concienciación, sensibilización y defensa ante la sociedad y los poderes del Estado, articulando iniciativas de nuestras instituciones para incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.
