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POLÍTICAS
Aprobadas las de sanidad y UE, pero no las económicas

Desacuerdos sobre educación concertada y pensiones tumban las medidas de reconstrucción social

Pedro Sánchez durante el Pleno del 22 de julio y detrás la portavoz socialista, ante Adriana Lastra

El Congreso aprobó ayer con el voto a favor del PP las medidas sanitarias y de la Unión Europea para la salida de la crisis del COVID 19, no las de reconstrucción económica y social.Las propuestas del Gobierno de PSOE y Podemos perdieron la votación de lo social por 175 votos en contra, 171 a favor y una abstención. Las del económico habrán de repetirse al tener un voto repetido. Mientras, PNV, ERC y otros dicen que faltan aún consenso para que apoyen los Presupuestos que las articularán.
Redacción 23 de julio de 2020 Enviar a un amigo
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La idea del presidente Pedro Sánchez según fuentes del PSOE es impulsar las principales iniciativas aprobadas o que se aprueben como consecuencia de esta comisión de reconstrucción tras el COVID a través de los Presupuestos. Pero tanto el PNV como ERC y otros aliados de la investidura del Gobierno de coalición han reiterado en los últimos días mensajes contrarios a los acuerdos con Ciudadanos, que además ha declarado que si el PSOE quiere su apoyo tendrán que negociarlo, aún cuando de momento Ciudadanos ha respaldado los bloques sanitario, europeo y  de la reactivación económica, por lo que solo se ha distanciado del PSOE y Podempos en el social. Así las cosas, el consenso en España es aún más difícil del entendimiento alcanzado entre los 28 países de la UE,  si bien los 140.000 millones del Fondo de Recuperación anunciados el martes tras el Consejo de Ministros para modernizar la economía y paliar crisis COVID darán mucho margen de negociación principalmente con los grupos nacionalistas y regionalistas díscolos.

Tras la falta de consenso para reeditar los Pactos de La Moncloa, el Congreso solo aprobó así este miércoles dos de los cuatro planes que continen casi 300 medidas muy generalistas para reactivar la economía española de al menos el 15% del PIB que se estima se perderá por la pandemia.  El error de una diputada de Podemos que pidió votar telemáticamente pero luego lo hizo desde el escaño obligará a repetir una votación, en cualquier caso muy ajustada para las medidas económicas. Estas contaron con el voto contrario de dos diputados socialistas, por lo que al final hubo un empate a 168 votos, pese al voto nulo de la de Podemos. El Ejecutivo dicho que ese error podría corregirse en el próximo pleno del Congreso de los Diputados la próxima semana, con lo que aspira a salvar las medidas económicas si finalmente consigue apoyos suficientes.

Más dificil está el panorama en el paquete de las sociales, por las expectativas electorales que aún parecen alentar a la oposición si no logra sacar adelanbte los Presupuestos, ya que el Gobierno lleva dos años con los presupuestos prorrogados del PP a los que Sánchez repetçia que "no es no". El Parlamento rechazó el documento de política social ante la falta de acuerdo respecto a la educación concertada, que al final respaldó ERC pero no el PP, así como por la negativa del PSOE a aceptar una enmienda de Bildu sobre pensiones. La falta de ayudas a la enseñanza concertada provocó el rechazo de PP, Vox y Cs, en tanto los nacionalistas criticaron que el paquete social invade competencias autonómicas.

El consenso para los planes sociales parece haber quedado definitivamente atrás, según cualificados observadores. Dicen al respecto que la participación de Vox en esta votación, a pesar de haberse inhibido de los trabajos y de no haber presentado documentos en ninguna materia, determinó el rechazo a este cuarto bloque del Plan de Reconstrucción, que deja en el camino medidas específicas para los más vulnerables.

Todo apuntaba mal desde hace semanas por el capítulo de educación. El texto preveía una dotación de 2.000 millones para reforzar la enseñanza pública, lo que motivó que PP y Cs exigieran que ese dinero fuera también para la concertada. El grupo de Inés Arrimadas, que apoyó al Ejecutivo en el resto de planes, rechazó las medidas sociales ante la falta de claridad en ese asunto. El PSOE intentó transaccionar incluyendo una fórmula que reparte el dinero entre todos los centros, concertados o públicos, para alumnos de especial vulnerabilidad. 

Con ese rechazo decaen muchas medidas necesarias: todas las dirigidas a la dependencia, a las residencias de mayores (a las que se vinculaba con centros de salud y hospitales y se instaba a su medicalización) las nuevas restricciones para los desahucios, los fondos para rehabilitación de viviendas, las ayudas al desarrollo rural y a la atención a los inmigrantes, entre otros muchos asuntos. PP y Cs nunca se apearon de sus exigencias para la concertada, según EL PAIS. Y Vox se felicitó por haber propiciado tumbar el plan de reconstrucción social: “Ha ganado la libertad”, escribió en redes sociales el portavoz Iván Espinosa de los Monteros. A pesar de todo, las conclusiones de la comisión son meras recomendaciones: el Gobierno puede tenerlas en cuenta para el diseño de planes y proyectos para la reactivación de la economía española en los próximos presupuestos. Pero puede también activar las mismas medidas por otros canales. El objetivo de la comisión era generar un consenso que, tras la sesión de este miércoles, queda deslucido.

PSOE y Unidas Podemos intentaron al empezar  la pandemia reeditar los Pactos de La Moncloa,  aunque PP recondujo las negociaciones con escepticismo ya inicial al Congreso de Diputados, donde una comisión trabajo  desde el 7 de mayo hasta este miércoles bajó la persiana con la votación en el pleno del Congreso.

Sin incluir reforma laboral

Las diferencias ideológicas y políticas fueron la tónica en el bloque económico. En este capítulo las diferencias venían tanto por la izquierda como por la derecha: Cs se decantó por el sí, y eso hizo alejarse del voto afirmativo a otros partidos. Las medidas económicas salieron inicialmente adelante por un solo voto, pero el citado error de un diputado dejó un empate definitivo, que obligará a repetir la votación. Bildu intentó —en vano— incluir en el texto la derogación completa de la reforma laboral. La actitud del PNV fue también de un cierto distanciamiento: su portavoz, Aitor Esteban, dejó claras muestras de que la negociación presupuestaria no va a ser nada fácil.En materia de impuestos, las conclusiones hablan de una “reforma fiscal” difusa, a la espera de los presupuestos. 

El presidente del PP preguntó para la sesión de control  cómo ve el jefe del Ejecutivo la situación de los españoles y reservó sus valoraciones para entonces. El presidente del Gobierno atacó a Casado y al PP por su comportamiento durante estos días. Tras elogiar la actitud de “resistencia, disciplina social y moral de victoria” de los españoles y de su mayoría parlamentaria de apoyado durante la peor crisis sufrida en 100, resaltó que, mientras negociaba “extenuantemente” en Bruselas con un “resultado extraordinario”, el PP y Casado tuvieron “una aportación inexistente a ese logro colectivo”.
 
¿Qué es exactamente lo aprobado en el Congreso para la reconstrucción de la crisis COVID?
Responden a esta pregunta en eldiario.es Irene Castro / Aitor Riveiro / Iñigo Aduriz.Los dictámenes aprobados recogen sendos planteamientos genéricos con directrices y declaraciones de intenciones en materia económica, sanitaria y dentro de la UE. En el ámbito económico, que en principio saldrá adelante la semana que viene, el documento contempla mantener en el corto plazo las medidas de apoyo a todos los sectores aprobadas durante la pandemia y adaptar a la desescalada el plan de choque ante los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria, con medidas para proteger el tejido productivo y el empleo, así como las rentas de las familias, tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables y apoyar la recuperación de los sectores más afectados. El texto recoge, de manera específica, que se deberá trabajar con los agentes sociales y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores más relevantes afectados por la crisis. No obstante, no tiene una gran concreción en materia fiscal. 
Además, se acuerda luchar contra la precariedad y temporalidad excesiva en el mercado laboral mediante las reformas pertinentes, siempre en el marco del diálogo social, e impulsar la simplificación de las fórmulas contractuales. Sin embargo, el PSOE rechazó todas las propuestas que tenían que ver con el compromiso de derogar la reforma laboral. Dicha medida, recogida en el acuerdo del Gobierno de coalición, se mantiene plenamente vigente, según han explicado de forma habitual los ministros de Unidas Podemos. Especialmente, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien insistía este mismo martes en ello.
Fruto de la negociación en la Comisión para la Reconstrucción, se incluye el impulso de una Ley de Movilidad que recoja los aspectos relativos a la financiación del transporte público, así como la reforma del sistema de financiación autonómica para que todas las comunidades puedan prestar los servicios públicos que son de su competencia de manera equitativa. 
En las últimas negociaciones, se incorporaron a este dictamen otras propuestas como "promover la contratación pública social y medioambientalmente responsable", que en los planes de reactivación económica se contemplen la transición energética y la lucha contra la corrupción, establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento de las políticas activas de empleo actualizando la Estrategia de Empleo Juvenil, facilitar la liquidez de pymes y autónomos, impulsar la construcción de ejes ferroviarios descentralizados como el del corredor mediterráneo o blindar la continuidad de las empresas culturales.
En cuanto a las conclusiones relacionadas con la UE, que son las que han contado con un mayor apoyo parlamentario, se trata de una declaración de intenciones que incluye un amplio abanico de asuntos, como garantizar que la Política Agraria Común (PAC) sigue contando con los fondos suficientes, la lucha contra los paraísos fiscales y el dumping fiscal en el seno de la UE o el avance hacia la Unión Sanitaria para hacer frente a rebrotes o nuevas pandemias así como el fortalecimiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). También queda reflejada la apuesta por negociar unos fondos de reconstrucción europeos, que se aprobaron en Bruselas antes de la votación en el Congreso. El compromiso es encontrar ahora un mecanismo para que las comunidades autónomas sean partícipes en el reparto. 
En materia de Sanidad, el principal acuerdo, alcanzado con el PP y Ciudadanos, consisten en la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial. El texto deja abierta la puerta a que la figura jurídica se la de una agencia estatal, es decir, un organismo autónomo que cuente con su propio presupuesto y tenga capacidad de gestión propia. La inclusión de esta medida ha echado para atrás, por ejemplo, al PNV, quien teme una "recentralización" de competencias desde las comunidades al Estado. El documento ha sido apoyado, además de por los partidos del Gobierno y los mencionados, por Más País, Compromís y Nueva Canarias. Por su parte, Vox, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y la CUP han votado en contra.
El texto también alude al cacareado Pacto Cajal, propuesto por Pablo Casado y que el PP ha convertido desde hace meses en su planteamiento estrella en la lucha contra el coronavirus. El dictamen asegura que el Sistema Nacional de Salud precisa de "reformas estructurales además de dotarlo con los recursos necesarios" que deberían articular las medidas recogidas en el propio documento a través de un pacto de estado que lleve el nombre del premio nobel español.
Pero el documento refleja a otras cuestiones, como la necesidad de revertir el desmantelamiento de la sanidad universal que llevó a cabo precisamente un Gobierno del PP. Además, apremia a eliminar los copagos farmacéuticos, que se generalizaron bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
También se menciona un "pacto social en pro de la sanidad pública" que refuerce la "apuesta decidida por la sanidad pública", así como la necesidad de "eliminar la tasa de reposición de efectivos para así terminar con la precariedad laboral" y "desarrollar una política retributiva que mejore los niveles actuales" y "garantizar el acceso a la información clínica de lo pacientes en todo el Estado".
Al fracasar el apartado de políticas sociales, no formarán parte de las conclusiones para la reconstrucción propuestas encaminadas a la lucha contra la pobreza infantil, la desaparición de la brecha salarial, el fortalecimiento del sistema de cuidados, el combate contra la violencia machista o planes en materia de vivienda, como que al menos el 1% de los contratos de obras públicas se destinaran a trabajos de accesibilidad en edificios de viviendas. En cualquier caso, las propuestas de reconstrucción pretendían ser una guía básica para la elaboración de los presupuestos, que tendrán que contener los acuerdos programáticos suscritos por Sánchez y Pablo Iglesias en los que se encontraban ya muchas de esas iniciativas.
 

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