domingo,22 mayo 2022
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El Gobierno aprueba también el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias

Decreto para estabilizar el empleo docente, dos leyes para mejorar la Justicia y otra el acceso a la información financiera en delitos graves

El Consejo de Ministros aprobó este martes, además se un Decreto para estabilizar el empleo en la función docente, remitir a las Cortes los Proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Procesal del Servicio Público de la Justicia, así como una ley orgánica para el acceso a la información financiera en delitos graves. Las dos primeras normas, junto con la futura Ley de Eficiencia digital, son los pilares del Plan Justicia 2030.El Ejecutivo también fijó cómo determinar la edad de las personas que llegan a España sin documentación y aprobó el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias.

El objetivo declarado del Gobierno es acercar las instituciones judiciales a los ciudadanos y que les sea más fácil acudir a los tribunales, no solo en las grandes localidades, sino en los pequeños municipios, así como evitar llegar a juicio cuando exista una controversia o un conflicto entre las partes.

La nueva Ley de Eficiencia Organizativa contribuirá a superar las brechas de acceso público a la Justicia y refuerza el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Según la ministra, ayudará a sortear barreras territoriales y tecnológicas, de comprensión, generacionales y de salud: Los órganos judiciales deben ser vistos como motores de desarrollo humano, social y económico, nunca como obstáculos de ese desarrollo. La norma se sustenta en tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios.

Pilar Llop aaclaró que habrá un Tribunal de Instancia en cada partido judicial con sede en la capital, de la que tomará su nombre, pero se mantienen los juzgados donde están: «Lo que ocurre es que ahora se aglutinarán, evolucionarán a Tribunales de Instancia».

De esta forma, los 3.600 Juzgados de Primera Instancia pasarán a 341 Tribunales de Instancia en toda España: Esos grandes órganos colegiados estarán sustentados por una Oficina Judicial, lo que permitirá que no haya justicia de distintas velocidades en el mismo territorio.

Por otra parte, se completará el proceso de implantación de la Oficina Judicial, que será una ventanilla de acceso único a la justicia para la ciudadanía.

Asimismo, Pilar Llop  explicó que los más de 7.000 juzgados de paz existentes evolucionarán hacia Oficinas Judiciales Municipales, que estarán dotadas de los recursos tecnológicos necesarios para que cualquier ciudadano pueda realizar los trámites que necesite sin tener que hacer grandes desplazamientos. En estas oficinas se podrán celebrar juicios telemáticos, diligencias judiciales o conexiones por videoconferencia con los colegios profesionales.

La Ley de Eficienda Procesal se abre a la mediación, sin la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes

Por su parte, la Ley de Eficiencia Procesal tiene como finalidad agilizar la actividad de Justicia en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a la sostenibilidad del sistema.

La ministra ha incidido en que se introducirán los medios adecuados para la resolución de controversias. Las partes en conflicto podrán acudir de buena fe para resolver dentro de sus propias capacidades la controversia o acudir con la intervención de un tercero neutral: Se regularán expresamente no solo la mediación, sin la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes.

Las medidas contempladas en la norma, en opinión de la ministra, ayudarán a descongestionar los juzgados y serán un instrumento negociador y democratizador: «Las soluciones serán mucho más ajustadas a las necesidades de las partes, pero también más flexibles de lo que puede ser una sentencia o una resolución judicial».

La evaluación de la edad a los sin papeles pasará a ser efectuada por la autoridad judicial, sin desnudos integrales y con sentencia a lo sumo en 25 días 

En el ámbito de la Justicia, el Gobierno también ha analizado el Anteproyecto de Ley por el que se regula el Procedimiento de Evaluación de la Edad. El objetivo de la norma es que la autoridad judicial pueda determinar si una persona es mayor o menor de edad cuando, al carecer de documentación, existan dudas sobre ello.

Con esta medida el Ejecutivo dice dar un salto adelante para garantizar la dignidad de cualquier joven que llegue a España con o sin documentación porque se van a acabar todas las pruebas invasivas para determinar su edad. La ministra añadió que no se permitirá que se hagan desnudos integrales, inspecciones ginecológicas ni cualquier otra prueba que atente contra la dignidad de los jóvenes.

El procedimiento de determinación de la edad deja de tener carácter administrativo y se convierte en un procedimiento exclusivamente judicial, mucho «más garantista, ágil y simplificado», según explicó Llop. Podrá ser solicitado por el Ministerio Fiscal, por las entidades públicas encargadas de la protección de los menores, por el propio menor o persona interesada. La persona afectada será escuchada e informada y tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita aunque tenga recursos suficientes para litigar.

La ministra precisó que el procedimiento se resolverá en un plazo máximo de 25 días mediante sentencia, que se inscribirá en el Registro Civil y tendrá efectos plenos en los ámbitos público y privado.

Iniciativas contra los delitos financieros y de odio y para mejorar los derechos de los presos

El ministro del Interior, Fernando Grande-MarlaskaEl Consejo de Ministros ha aprobado también tres iniciativas sobre competencias del Ministerio del Interior: el Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales; el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento Penitenciario de 1996, y el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias 2022-2024.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo que la nueva ley orgánica, a remitir a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria, mejorará  el trabajo policial en la lucha contra la criminalidad organizada al facilitar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el acceso directo e inmediato al Fichero de Titularidades Financieras y a la información y análisis del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Por otra parte, la modificación del Reglamento Penitenciario permitirá que los internos puedan utilizar herramientas tecnológicas como las videollamadas en sus comunicaciones con el exterior, «facilitándoles así el ejercicio de sus derechos», ha dicho el ministro.

Respecto al II Plan de Acción de Lucha Contra los Delitos de Odio y Conductas Discriminatorias, Grande-Marlaska afirmó que sus dos grandes objetivos son mejorar la prevención, investigación y lucha policial, y ofrecer asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas.

Entre las 86 medidas que contiene, el Plan recoge la creación de grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y de las brigadas provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas. Esta medida fue planteada en septiembre pasado en la Comisión de Seguimiento del I Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2019-2021, que se reunió bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Grande-Marlaska expresó su preocupación por el incremento de los delitos de odio en los últimos años, tanto en España como en el resto de la Unión Europa. Concretamente en nuestro país, ha detallado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 delitos de odio en 2021 frente a los 1.272 en 2016, lo que representa un incremento de un 41,6% en 5 años: «Son cifras que por sí solas describen un fenómeno delictivo grave, más aún si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 delitos de odio no se denuncian, por lo que quedan impunes».

Reparación de daños por temporales en las costas del sur y levante

El Ejecutivo ha acordado destinar cerca de 12,4 millones de euros a actuaciones de emergencia para revertir los perjuicios provocados por los temporales de viento y lluvias del pasado mes de marzo y principios de abril en las costas de las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Valencia, Alicante y Murcia, y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esta cantidad será revisable en el plazo de dos meses.

Isabel Rodríguez ha hecho hincapié en el compromiso del Gobierno con la protección y preservación de los recursos naturales y el dominio público marítimo-terrestre y la recuperación de espacios de cara a la actividad turística de la próxima campaña de verano: «El Gobierno revisará si fuera necesario, en el plazo de dos meses, la valoración de estos daños».

158 millones para desarrollo rural y previsiones de turismo y tráfico en Semana Santa

El Gobierno ha autorizado la distribución territorial entre las comunidades autónomas de 158,21 millones de euros para programas de desarrollo rural. Este reparto se someterá a consideración de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.

La portavoz ha recordado que estos programas reciben financiación europea y permiten realizar, entre otras, actuaciones para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, crear empleo, realizar una gestión sostenible de los recursos naturales y avanzar en el desarrollo equilibrado del medio rural.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz se ha referido a los efectos positivos que la Semana Santa está teniendo para el sector del turismo.

Según las previsiones del Gobierno, los españoles están viajando por España más que en el año 2019, año previo a la pandemia. Al respecto, Isabel Rodríguez ha señalado que las reservas de vuelos son un 7% superiores.

Además, España es uno de los destinos mundiales más deseados. Los vuelos internacionales alcanzan el 87% de los de 2019 y se estima que este mes se recuperarán el 80% de los turistas internacionales que visitaron España en esa fecha. Algunos destinos, como Ibiza, superan las reservas efectuadas entonces.

Respecto a la seguridad vial durante esta Semana Santa, en la que se prevén 8,4 millones de desplazamientos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a los conductores que sean prudentes, atiendan a las normas de tráfico y a los límites de velocidad, y utilicen el cinturón y otros sistemas de sujeción: Si nos protegemos a nosotros, protegemos a los demás.

Asi será la Ley Orgánica sobre acceso y uso de información financiera en la investigación de delitos graves

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

La norma regula el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos, que en España se denomina el Fichero de Titularidades Financieras, y establece medidas destinadas a facilitar el acceso a la información financiera y a los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que en España elabora el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En ambos casos, el proyecto de ley establece que el acceso y uso a dicha información solo será posible en el marco de actuaciones de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves y con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la legislación vigente sobre protección de datos personales.

La norma precisa que las autoridades competentes para acceder y consultar el Fichero de Titularidades Financieras son los órganos judiciales penales; el Ministerio Fiscal; la Fiscalía Europea; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; las policías autonómicas con competencias en investigación de delitos graves; la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El proyecto transpone la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por lo que el Consejo de Ministros lo ha remitido a las Cortes con la petición de que su tramitación parlamentaria se realice por el procedimiento de urgencia.

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