domingo,5 diciembre 2021
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11 puntos más que la población general, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,

El 33,8% de las personas con discapacidad están en riesgo de pobreza o exclusión social

El 33,8% de las personas con discapacidad está en riesgo de pobreza o exclusión social, 11 puntos más que la media de la población en general, y al 60% de los hogares que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital se lo han denegado. Estas personas sufren aún más las dificultades para pagar el recibo de la luz o acceder a una vivienda digna. Varias organizaciones del sector, CEMUDIS, junto al Movimiento Asociativo de COCEMFE, reclamaron medidas ante este 17 de octubre, 28° Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y la Exclusión Social por parte de la Asamblea General de la ONU en su resolución 47/196.

Es el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y según datos del año 2020 recogidos por European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), el citado 33,8% representa la cifra más elevada de la última década, con un incremento interanual superior al 1%.

«Los datos demuestran el severo impacto que la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 está teniendo sobre las personas con discapacidad, quienes estamos viviendo un retroceso en el acceso al empleo, a la educación y a los servicios sociosanitarios y sufrimos con mayor virulencia las dificultades a las que se está enfrentando la ciudadanía en general, como son el pago del recibo de la luz o encontrar una vivienda digna que se puedan permitir», asegura el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

La escasez de viviendas accesibles (tanto en venta como en alquiler), el incremento del coste de los alquileres y el sobrecoste que implican las tecnologías de apoyo y sistemas domóticos son algunos de los factores que restringen el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad. Como consecuencia, de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, el 74% necesita ayuda para poder salir de su vivienda por falta de accesibilidad en su edificio, lo que representa más de 1,8 millones de personas. De ellas, más de 100.000 personas viven permanentemente encerradas en su vivienda por carecer de esta ayuda.

Por otro lado, el incremento de la factura de la luz también tiene una mayor incidencia sobre este grupo social, puesto que muchas personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente. Es el caso de los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.

Además, este grupo social encuentra dificultades para el acceso a sus derechos. El 37% de las personas con discapacidad física y orgánica vieron vulnerados sus derechos en 2020 y muchas personas se siguen quedando fuera del sistema oficial de apoyos porque el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad todavía no se está aplicando, a pesar de representar la puerta de acceso al sistema de derechos y beneficios establecidos en nuestro país que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad. De igual modo, las medidas adoptadas para apoyar a los sectores más vulnerables no se están gestionando con la efectividad y agilidad que sería deseable, como demuestra la denegación del Ingreso Mínimo Vital a más del 60% de los hogares en donde viven personas con discapacidad que lo han solicitado, puesto que muchas de sus circunstancias sanitarias, sociales y económicas no están reconocidas expresamente en los criterios de acceso.

«La experiencia demuestra que las personas con discapacidad siempre somos el primer grupo social en notar los efectos de las crisis y el último en notar los efectos de la recuperación», señala el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien hace un «llamamiento al Gobierno y a todas las administraciones del país para que adopten medidas transversales y permanentes que garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y que estén consensuadas con las organizaciones que las representan».

En este sentido, CEMUDIS, COCEMFE y su Movimiento Asociativo defienden la puesta en marcha de medidas urgentes dirigidas a avanzar en la incorporación al mercado de trabajo, el aseguramiento de la obtención de ingresos, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios, así como el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones con especial incidencia en la accesibilidad universal y la autonomía personal y en aquellas personas de este grupo social en las que confluyen diferentes factores de discriminación interseccional, como ocurre con las mujeres con discapacidad o quienes viven en el medio rural.

Todas las acciones de CEMUDIS, COCEMFE y su Movimiento Asociativo están dirigidas a incidir de forma transversal en todos los factores relacionados con las situaciones de exclusión y pobreza a las que se enfrentan las personas con discapacidad física y orgánica y que estas cuenten con unos recursos suficientes y de toda índole para tener una vida independiente. Por ello, la labor que desarrollan está alineada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, concretamente el ODS 1 Fin de la pobreza.

La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) es una organización fundada en 2009 con el objetivo de servir de plataforma de visibilización, reivindicación y acción en defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. En la actualidad, aglutina a un total de diez organizaciones de ámbito autonómico, y representa a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una ONG sin ánimo de lucro constituida en 1980. Su objetivo es conseguir la plena inclusión y participación activa de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así como de la coordinación, representación e impulso de su Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la construcción de una sociedad inclusiva y diversa. Está formada por 91 entidades estatales, autonómicas y provinciales que aglutinan a más de 1.600 asociaciones.

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