“El anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales resulta inconstitucional pudiendo su aplicación causar perjuicios irreparables a los intereses públicos vinculados al ejercicio de determinadas profesiones y cuya tutela corresponde a los colegios profesionales”. Estas son las palabras con las que Miquel Roca, presidente de Roca Junyent, rebate la lreforma auspiciada por el Ministerio de Economía y con la que se pretende, entre otros objetivos, reducir el número de colegios profesionales al mínimo imprescindible.
En un informe jurídico firmado por Miquel Roca y Manuel J. Silva al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el despacho advierte de que “las medidas contenidas en el anteproyecto vacían, en la práctica, a los colegios profesionales de su finalidad esencial de tutela de intereses públicos vinculados al ejercicio de determinadas profesiones tituladas”, como la disciplina profesional o las sanciones penales o administrativas.
Roca recuerda que el artículo 36 de la Constitución, relativo a los colegios profesionales, no permite al legislador “vaciar de contenido y funciones y, a la postre, desnaturalizar a la corporación profesional”. Por tanto, ve el anteproyecto “incompatible con el reconocimiento y configuración que la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional atribuyen a los colegios profesionales como personas jurídico-públicas distintas a las asociaciones y a las que se encomienda la tutela de intereses públicos”.
Recuerda que la naturaleza, configuración y función de los colegios profesionales no ha sido en ningún caso cuestionada por la normativa comunitaria.
Reservas de actividad El informe, que ha sido encargado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (Cscae), también pone en entredicho que el texto de Economía elimine las reservas de actividad hasta ahora reconocidas a los arquitectos, señalando que esta atribución al colectivo no se oponía ni se opone al Derecho europeo, ni a la Constitución.
Por otro lado, el presidente de Cscae, Jordi Ludevid, asegura que ha tenido ocasión de entrevistarse con el comisario europeo Joaquín Almunia y otros funcionarios de la UE que le han desmentido que haya una exigencia comunitaria para modificar la regulación actual de la profesión de arquitectos en España.
