El Consejo Escolar del Estado volverá a celebrar un pleno el próximo jueves 24 de enero sobre el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), después de los cambios que ha sufrido el texto inicial durante el mes de diciembre, cuando fue discutido con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
Así lo ha confirmado el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Ernesto Gómez, que solicitó al Ministerio de Educación que se estudiara de nuevo el texto en este organismo consultivo a nivel estatal, ya que el último Pleno –celebrado el pasado 30 de octubre– se aprobó un dictamen sobre un borrador que durante los meses de noviembre y diciembre se ha desarrollado el articulado.
De esta forma, la comunidad educativa –padres, sindicatos, patronales y estudiantes–, representada en el Consejo Escolar del Estado, tendrá otra oportunidad de estudiar el anteproyecto normativo, que se hizo público el pasado 3 de diciembre y que fue objeto de debate entre el ministerio y los responsables autonómicos en materia educativa durante ese mes.
En el último pleno, varias organizaciones sindicales, de padres y alumnos, así como miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abandonaron el Pleno del Consejo Escolar, por la decisión de su presidente, Francisco López Rupérez, de no tramitar el informe de STES-i, alternativo al elaborado por la Comisión Permanente sobre la reforma educativa, basándose en un informe de la Abogacía del Estado.
La Abogacía estimaba que el dictamen de este sindicato no cumplía con la"debida neutralidad", por lo que no podría ser tomado como voz de una institución. El texto de STES criticaba la "gran carga ideológica neoliberal conservadora" del anteproyecto del Gobierno o que éste sólo se había negociado con "organizaciones de la derecha más reaccionaria", entre otras expresiones.
Entre las principales claves de la reforma impulsada por el ministro de José Ignacio Wert se encuentra la de garantizar a los alumnos que lo deseen la enseñanza en castellano en las comunidades con lenguas cooficiales, e incluso contempla que éstas paguen la matrícula en centros privados cuando no haya oferta "razonable" para quienes quieren estudiar en la lengua oficial del Estado.
La Lengua castellana y la primera lengua extranjera se consideran ´troncales´, mientras que las lenguas cooficiales se denominan de ´especialidad´, aunque son obligatorias. Sobre este punto, muy debatido con las autonomías, que consideran que su lengua podía pasar a un segundo plano, el Ministerio ha asegurado que tanto el castellano como las cooficiales tendrán el mismo tratamiento. Por ello, se ha modificado el texto para que estén entre las materias a examinar en las pruebas nacionales al final de cada etapa.
Las evaluaciones estatales, diseñadas por el Ministerio de Educación, se realizarán a mitad y final de Primaria, con carácter orientador, mientras que las del final de la ESO y Bachillerato deberán aprobarse para obtener el título y para pasar a Bachillerato o Formación Profesional, en el caso de la primera, o para acceder a la universidad, en la segunda. Asimismo, el texto incluye que las universidades podrán realizar pruebas específicas para las titulaciones con más demanda.
Respecto al primer borrador, el Ministerio de Educación ha rectificado y ha vuelto a incluir el Bachillerato de Artes dentro de la oferta formativa, que estará en manos de las comunidades autónomas y centros escolares.
Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) serán sustituidos por la Formación Profesional Básica, que constará de dos cursos obligatorios y que dará la posibilidad a estos alumnos de optar al título de ESO. Además, se adelanta a 3º de la ESO los itinerarios hacia la FP o el Bachillerato mediante asignaturas optativas, mientras que en 4º de la ESO estas dos vías ya estarán diferenciadas.
El Gobierno deja claro en el texto normativo que las administraciones educativas podrán dar subvenciones públicas a los centros de educación diferenciada. Además, el régimen de conciertos se modifica y la revisión de los mismos se produce cada seis años en lugar de cada cuatro.
Además de la eliminación total del currículo de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, los alumnos de Primaria y ESO podrán elegir entre Religión y una alternativa a ésta, denominada ´Valores Sociales y Culturales´ o ´Valores éticos´, según la etapa
