Esta es una de las conclusiones del estudio “45 años de evolución económica, social y empresarial de las Comunidades Autónomas en España (1975-2020)”, elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España, presentado este martes por los presidentes de ambas instituciones, José Luis Bonet y Valentín Pich, junto con los directores del estudio. Su principal conclusión es que el sistema de convivencia y el entramado institucional del que nos dotamos los españoles desde la restauración de la democracia en la década de los setenta del pasado siglo se ha traducido en un aumento generalizado de la calidad de vida y el progreso de los habitantes en todas las comunidades autónomas españolas.
Dice que las comunidades Autónomas, a través del desarrollo de las distintas competencias en materias tales como educación, sanidad, infraestructuras, servicios sociales, etc., han sido corresponsables del aumento de la calidad de vida y del establecimiento del estado del bienestar en todas y cada una de las regiones españolas.
Los indicadores como el aumento de la demanda educativa en el sector público, el aumento del gasto público educativo, el incremento de las becas y ayudas al estudio o la cantidad de recursos materiales y humanos destinados a la reforma de la enseñanza secundaria, dan cuenta del impacto positivo de las políticas de igualdad y de calidad del sistema de enseñanza en el periodo.
No obstante, y a pesar de los claros avances logrados en el nivel educativo de la población española durante el último medio siglo, actualmente persisten retos sobre los que aún es necesario seguir trabajando: continuar disminuyendo la tasa de fracaso escolar –que experimentó una gran mejoría desde 1975– así como las disparidades educativas entre regiones, consecuencia de la estructura descentralizada que han adoptado los servicios educativos en nuestro país desde hace casi veinte años.
En relación con la evolución de la inversión en I+D respecto al PIB de las Comunidades Autónomas, para todos los sectores de ejecución, en el periodo 1987-2018, se observa que en 1987 las comunidades con unos niveles de esfuerzo en I+D iguales o superiores a la media española (0,64%) eran solo tres: Comunidad de Madrid (1,83%), País Vasco (0,81%) y Cataluña (0,64%). En 2018, las comunidades que superan a la media española (1,24%) son cinco: País Vasco (1,96%), Comunidad de Madrid (1,71%), Comunidad Foral de Navarra (1,68%), Cataluña (1,52%) y Castilla y León (1,30%). En el polo opuesto, se encuentran Baleares (0,41%), Canarias (0,47%) y Castilla-La Mancha (0,52%). En estas tres décadas hay que destacar el creci- miento del gasto en I+D realizado por las comunidades de País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Castilla y León (por encima de 1 punto porcentual).
Murcia, La Rioja y Canarias son donde más ha aumentado el PIB en media anual, mientras Asturias, el País Vasco y Cantabria registraron el menor avance. Galicia, La Rioja y Castilla y León son lasque más han convergido hacia la media nacional en cuanto a PIB
Si analizamos el indicador de presión fiscal (recaudación tributaria como porcentaje del PIB) obtenemos un dato macroeconómico que depende sobre todo de la actividad económica de la región. En los años 90, este indicador reflejaba que la comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña y Cantabria ocupaban los primeros lugares y, en último lugar, se encontraba Extremadura. En cuanto al esfuerzo fiscal (relación entre presión fiscal y PIB per cápita de cada región), indicador que mide el peso que representan los impuestos en la renta per cápita de los ciudadanos, los primeros lugares estaban ocupados por las mismas comunidades, siendo también destacable el esfuerzo fiscal de Andalucía, y en último lugar se encontraba Baleares. Posteriormente, en el período 2008-2018, la comunidad con mayor presión fiscal es Islas Baleares y en el polo opuesto se hallan las Islas Canarias. En cuanto al esfuerzo fiscal, podemos observar que el mayor esfuerzo corresponde a Extremadura y Andalucía y el menor esfuerzo a la Comunidad Foral de Navarra, seguida del País Vasco y Comunidad de Madrid.
Se ha producido la reducción del diferencial entre regiones, que ha pasado de 95 puntos porcentuales en 1975 a ser tan sólo de 65 puntos porcentuales en 2019, siendo fundamentalmente por el acercamiento a la media de las regiones más desfavorecidas en este punto.Sin embargo, también es fácil observar en los mapas del gráfico 5.3 que las regiones de la mitad norte tienen un PIB per cápita mayor que aquellas situadas en la mitad sur; de forma más precisa, geográficamente las mayores cifras, además de Madrid, se han ido deslizando hacia el noreste español.Claramente por encima de la media nacional se siguen situando –transcurridos estos 45 años– Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, mientras que se mantienen a la cola Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla y Castilla-La Mancha.
Por otra parte, el mayor avance, con más de veinte puntos porcentuales, corresponde a Galicia, La Rioja y Castilla y León. El mayor retroceso lo experimenta Baleares con 31 puntos porcentuales, aunque sigue estando por encima de la media, mientras que Asturias, Canarias y Cantabria han pasado a situarse por debajo de la media, al perder más de diez puntos porcentuales.
Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León reciben una financiación per cápita superior a la media, mientras que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana están por debajo.
A la vista de los datos contenidos en la misma, cabe destacar que hay seis comunidades cuya financiación per cápita es siempre superior a la media nacional; se trata de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Cas- tilla y León. Por el contrario, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades que sistemáticamente reciben una financiación per cápita inferior a la media española. Madrid y Cataluña, a lo largo de todo el periodo considerado, sitúan su financiación en torno a la media con pequeñas diferencias, mientras que el resto de las comunidades han recibido una financiación por encima o por debajo, según los años; no obs- tante, en este sentido cabe destacar que, tras la modificación de 2009, algunas Comunidades Autónomas han modificado su signo.
Si nos fijamos detalladamente en los números, cabe destacar que la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada se ha reducido, aunque persisten importantes diferencias. Si la diferencia entre La Rioja y Baleares, primera y última respectivamente, era del 28% en 2002, dicha diferencia se ha reducido al 16% en 2018, primera y última representadas ahora por Cantabria y la Comunidad Valenciana. En 2002 las mejores financiadas eran,además de La Rioja con 2.125 euros, Cantabria con 2.117 euros y Extremadura con 1.940 euros y las peor finan- ciadas Baleares (1.663 euros), Comunidad Valenciana (1.700 euros) y Región de Murcia (1.723 euros). En 2019 el top 3 de cabeza se mantiene con Cantabria (3.375 euros), La Rioja (3.147 euros) y Extremadura (2.952 euros), mientras que de las posiciones finales sale Baleares y entra Canarias con 2.564 euros, seguida nuevamente por la Comunidad Valenciana y Región de Murcia con igual importe
El gráfico 5.5 representa las diferencias en la financiación efectiva por habitante en 2002 y 2008. De su lectura se puede colegir que, básicamente, las posiciones se mantienen después de 18 años de aplicación del modelo de financiación, con Cantabria, La Rioja y Extremadura a la cabeza y Comunidad Valenciana y Murcia en las últimas posiciones. No obstante, el diferencial de PIB por habitante en términos reales se ha reducido considerablemente en los últimos 45 años, a lo que sin duda no puede ser ajeno el modelo de financiación vigente y los anteriores; lógicamente unido a la buena gestión que se realice de los recursos recibidos en cada comunidad autónoma.
Durante la presentación, Raúl Mínguez ha subrayado “la creciente y generalizada vocación internacional e innovadora, y la mayor productividad del tejido empresarial de las diferentes regiones españolas en las últimas décadas. De cara al futuro, además de la superación de la crisis sanitaria actual, y como consecuencia de ésta, las crisis económica y social, las empresas señalan como retos inminentes el cambio de modelo productivo territorial, con una mayor presencia de la industria, la estabilidad y calidad laboral, y seguir reforzando la innovación y la expansión exterior”.
Por su parte, Salvador Marín ha declarado que “tras dirigir este trabajo, podemos reafirmar, sin temor a equivocarnos o pecar de subjetivos, que el conjunto de España ha experimentado en estos años una profunda transformación en su organización territorial, económica, institucional y empresarial, convirtiéndose en uno de los países con uno de los niveles más altos de descentralización a nivel político y territorial, con unas instituciones muy serias en los diversos ámbitos de competencia. Y muestran a unas Comunidades Autónomas insertadas en una realidad nacional con necesaria proyección europea y mundial, donde la suma de las individualidades nos configuran como una nación mejor, y a su vez la propia nación hace mejorar al componente individual de cada una de ellas”.
Evolución del PIB y el mercado laboral
Según el estudio, el PIB ha crecido una media anual del 2,39% en los últimos 45 años pasando de algo más de 414 millones de euros en 1975 a 1,1 billones en 2019 –a precios constantes de 2010–. Región de Murcia, La Rioja y Canarias son las comunidades autónomas donde más ha aumentado el PIB en media anual, mientras que Asturias, el País Vasco y Cantabria han registrado el menor avance.
En cuanto al PIB por habitante, este ha crecido un 1,75% de media anual durante el periodo analizado. Por encima de ese porcentaje, se sitúan Extremadura, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Aragón, que superan el 2%. Por el contrario, los menores avances se han registrado en Baleares, Canarias, Cantabria y Asturias.
Cabe destacar que la población española se ha incrementado un 32,4% en los últimos 45 años, con Baleares, Canarias, Murcia, Madrid y la Comunidad Valencia en cabeza. Por el contrario, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Galicia han visto descender su número de habitantes. Además, Asturias, País Vasco, Galicia y Castilla y León son las regiones con la población más envejecida. Por lo que se refiere a la inmigración, son nuevamente Asturias, Galicia y Castilla y León las comunidades autónomas con menos población extranjera.
Otro de los aspectos analizados en el estudio es la evolución del mercado laboral, que muestra un fuerte crecimiento de la población en disposición de trabajar en toda España, si bien este no se ha comportado de manera homogénea. Así, la población potencialmente activa se ha duplicado en Baleares, Canarias y Murcia, mientras que en Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura apenas ha variado. En cuanto a la tasa de actividad, esta ha aumentado en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia.
Del mismo modo, la ocupación se ha incrementado en todas las regiones, excepto en Asturias, Castilla y León y Galicia, donde se ha reducido. Por lo que se refiere al desempleo, Extremadura y Andalucía son las dos regiones con una mayor tasa de paro y muy superior a la media nacional, mientras que País Vasco y Aragón son las que menor tasa de desempleo presentan.
Al analizar la evolución del desempleo en las distintas comunidades autónomas se observa cómo durante las dos últimas crisis económicas se ha producido una fuerte destrucción de empleo en todas ellas. Este hecho hace vaticinar que el aumento del desempleo iniciado en los últimos meses a consecuencia del paro de la actividad productiva provocada por la pandemia generada por la COVID-19 vaya a seguir aumentando en los próximos meses.
Financiación autonómica
El estudio aborda también la evolución de la financiación autonómica desde los años 90 del pasado siglo. Entre las conclusiones cabe destacar que hay seis comunidades cuya financiación per cápita es siempre superior a la media nacional: Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Por el contrario, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades que reciben una financiación per cápita inferior a la media española. Madrid y Cataluña, a lo largo de todo el periodo considerado, sitúan su financiación en torno a la media con pequeñas diferencias, mientras que en el resto de las comunidades la situación varía, según los años.
Por lo que se refiere a la presión fiscal (recaudación tributaria como porcentaje del PIB), en los años 90 Madrid, País Vasco, Cataluña y Cantabria ocupaban los primeros puestos, con Extremadura en último lugar. En 2018, la mayor presión fiscal se registraba en Baleares y la menor en Canarias.
En cuanto al esfuerzo fiscal (relación entre presión fiscal y PIB per cápita de cada región), las mayores tasas en los 90 se registraban en Madrid, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Andalucía, y la menor en Baleares. En la actualidad, el mayor esfuerzo fiscal corresponde a Extremadura y Andalucía, y el menor a Navarra, País Vasco y Madrid
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