lunes,17 enero 2022
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El juez pide cárcel para 11 de los detenidos

El desvío de dinero público conocido en Acuamed ya asciende a 70 millones de euros

Redacción
La empresa pública Acuamed acordó en uno de sus contratos una "compensación indebida" la constructora FCC de 40 millones de euros, pactada con "cargos de alto nivel" del Ministerio de Agricultura, que finalmente se consiguió en una partida de 36 millones incluida en los Presupuestos Generales de 2015. Las irregularidades conocidas hasta ahora habrían así costado a las arcas públicas cerca de 70 millones de euros, en favor de las privadas. También están involucradas as empresas Abengoa y Acciona.

La compensación indebida de 40 millones en uno solo de los contratos irregulares se suma a los sobreprecios cercanos al 10% inicialmente denunciados por más de 25 millones de euros y queda reflejada en el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el que envía a prisión incondicional a cinco de los trece detenidos el pasado lunes por este fraude. El magistrado decretó anoche la puesta en libertad de los otros ocho tras depositar fianzas que oscilan entre los 12.000 y los 50.000 euros. Las cinco personas que han ingresado en prisión han sido el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco, el responsable de contratación, Francisco Javier Gómez Pastor, el de proyectos en Valencia, Pablo Martín, y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.

Según explica el juez, FCC y Abengoa debían pagar el 100% de los desperfectos que se produjeron por las inundaciones de la desaladora de Bajo Almanzora, pero el director general de Acuamed accedió a abonar un 40% de su valor y que FCC pagara el 60% (40 millones) cuando esos desperfectos "no eran responsabilidad de la Administración". Según Velasco, Acuamed y la constructora pactaron que se le resarciría "mediante compensaciones en otras obras al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio".

El juez imputa a los 13 investigados (nueva definición de los imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que comparecieron ante él por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, cohecho, fraude a la Administración Pública, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad en documento oficial y pertenencia a organización criminal. Achaca a Mateo haber "urdido" desde mediados de 2014 un conjunto de actuaciones dolosas para imponer en el seno de la empresa "numerosas irregularidades "para conceder contratos" y a cambio recibía "regalos en especie para él y para otros". 

Todo ello a cambio «del correlativo beneficio injusto (pero también querido) retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros -implantes de pelo o viajes a Turquía-, a favor de diversos contratistas, con ocasión de la adjudicación en algunos casos y del desarrollo de la ejecución en otros de diversos contratos públicos en obra para la ejecución de infraestructuras acuarias en numerosos puntos de la cuenca mediterránea y en los que los contratistas, conniventes con aquel, ayudaban y cooperaban a la perpetuación de estas irregularidades».

Acuamed, que se define como principal instrumento del Ministerio de Agricultura y es aun controlada todavía por un consejo compuesto de altos cargos de diversos ministerios, fue creada en el año 2004 para ejecutar la política hidrológica. Pero las irregularidades detectadas se centran en los últimos años, cuando proliferan implantes de pelo, viajes a Turquía, trabajo para familiares y pagos de coches a cambio de pantanos y desaladoras, dádivas que las principales constructoras del país pagaban a cambio de ser adjudicatarias de concursos ofertados y de que ésta certificara la necesidad de los sobrecostes que luego presentaban. El ejemplo más claro es el de la desaladora de Almanzora en Almería y la descontaminación del pantano de Flix, actuación en la que la «cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio» pactaron una «compensación indebida».

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