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Varios testigos han declarado al juez que investiga el caso Acuamed que el exsecretario de Estado de Medio Ambiente y actual subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, participó en una reunión en la que se acordó una compensación irregular de 40 millones de euros a la constructora FCC tras la inundación que obligó a paralizar la desaladora del Bajo Almanzora en Almería. Pero legalmente correspondía a FCC y Abengoa, adjudicatarias de la instalación, asumir el coste de puesta en funcionamiento.
Redacción 22 de enero de 2016 Enviar a un amigo
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Pese a ello, se ha sabido que Acuamed, principal instrumento del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y en cuyo consejo hay altos cargos de otros ministerios, arbitró hacerse cargo del 40% de dicho gasto improcedente legalmente, así como compensaciones en otras obras para FCC "pactadas a muy alto nivel", como la de descontaminación del pantano de Flix. De esta forma se reafirma la idea anticipada por Ibercampus de que el desvío de dinero público conocido en Acuamed ya asciende a 70 millones de euros 

Los diarios destacan que Ramos es un "estrecho colaborador" de Soraya Sáenz de Santamaría, y es la primera vez que el nombre de la vicepresidenta en funciones aparece involucrado en escándalos de corrupción o tráfico de influencias al margen de las informaciones u opiniones sobre el cargo de su marido en Telefónica, al contrario que Maria Dolores de Cospedal, Secretaria general del PP, cuyo gurú demoscoópico era el máximo responsable de Acuamed y ha sido uno de los primeros encarcelados y cesados,  Arcadio Mateo del Puerto, detenido el lunes y destituido este martes, quien fue nombrado en febrero de 2012 procedente del Banco Santander y el Ministerio de Agricultura le concedió un sueldo de hasta 130.000 euros, aunque su empresa Demoscopia y Servicios trabajaba para la ex presidenta de Castilla La Mancha y cuando Dolores de Cospedal dejó el cargo al perder las elecciones facturó un 60% menos.

Mientras EL PAÍS habla de que el caso afecta al ´número dos´ de la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, reiteró su compromiso de "rebuscar en cada rincón" sobre las posibles irregularidades en Acuamed y aseguró que revisará todos los contratos firmados por la sociedad pública, aunque en declaraciones a RNE recordó que "ese dinero del que se habla nunca ha llegado a esa empresa". Pero la prensa ha informado que el caso fue denunciado hace más de un año y el Ministerio no actuó para frenar las irregularidades, entre ellas las ahora denunciadas por EL CONFIDENCIAL de que el capo de Acuamed hacía sondeos para el PP mientras cobraba mordidas de constructoras o la señalada por EL MUNDO de que el ´número 3´ de Santamaría dirigió la reunión con Acuamed para "vestir" un amaño.

Los diarios recuerdan que la oposición de distintos funcionarios de Acuamed que rechazaron dichas irregularidades, algunos de los cuales fue despedido por ello, y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción impidieron la consumación del plan. No obstante, el Ministerio de Medio Ambiente consignó una partida de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y dos partidas de 8 y 14 millones en los de 2016, dinero público que supuestamente correspondían a la compensación a FCC. En la actualidad la desaladora sigue sin funcionar y FCC,mientras Abengoa (otra de las constructoras implicadas junto con Acciona) exigen responsabilidades al Estado por valor de 10 millones de euros.

Abengoa culpa al Gobierno de su pérdida de valor

Por otra parte, Abengoa ha culpado en el caso de su propia crisis al Gobierno de una pérdida de valor de 1.500 millones. Abengoa calcula, y así lo ha comunicado a sus bancos y a KPMG, que la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno redujo los ingresos de sus plantas termosolares en España un 33%. Estima que el valor de sus activos se ha reducido así en 1.500 millones de euros, mientras el Ejecutivo descarta que los cambios normativos hayan detonado los problemas del grupo. Pero según informa hoy CINCO DÍAS Abengoa mantiene la esperanza de recuperar por la vía judicial una parte de los ingresos que la empresa calcula que ha perdido debido a la reforma eléctrica ejecutada por el Ejecutivo. 

La vuelta de tuerca a la normativa energética arrancó en julio de 2013 y atacó a la remuneración de las energías renovables, incluidas también las plantas termosolares, área en la que Abengoa es líder, con 681 megavatios a través de 15 plantas en las instalaciones de Sanlúcar la Mayor y Écija (Sevilla), Ciudad Real, Logrosán (Caceres) y El Carpió (Córdoba). En el verano de 2013, el Gobierno decidió rebajar la rentabilidad de varias plantas de energías renovables al 7,5% anual con carácter retroactivo. Abengoa estima la caída de los ingresos procedentes de esta área en España en un 33%, con un impacto en cuanto al beneficio bruto total de explotación (ebitda) de unos 100 millones de euros por ejercicio. Respecto alas cuentas de 2014, hubiera supuesto un total del 7% de la facturación. Además, todos los activos termosolares son ya propiedad de Atlántica Yield

Los bonistas de Abengoa están dispuestos a inyectar para contribuir a superar su crisis hasta 170 millones de euros -100 en una primera fase, a cambio de que los bancos del G7 les cedan una parte de sus garantías por el 25,5% en Atlántica Yield. Las entidades están dispuestas a compartir ese colateral. Piden un 15% anual y un 10% a vencimiento, cuando las entidades cobran a Abengoa en torno a un 5% y el Banco Central Europeo facilita dinero a los bancos al 0% de coste. La mayor parte los controlan de forma individual o en conjunto las firmas japonesas Itochu y JGC Corporation. El traspaso de los activos a la filial, tanto en el momento de su salida a Bolsa como después, se hizo con una devaluación de unos 1.500 millones de euros que en última instancia han dañado también la cuenta de resultados de Abengoa.

Una parte de esos activos fueron vendidos a Yield antes de su debut en Wall Street en junio de 2014 y otros, posteriormente. La última venta de dos plantas termosolares en Càceres se realizó el 27 de julio de 2015, y Abengoa ingresó por ellas un total de 277 millones.

Desinversiones

Abengoa espera obtener antes de marzo liquidez por entre 100 y 150 millones de euros con la venta de suelo comprado para la puesta en marcha de plantas, con la enajenación parcial de una central solar en Abu Dabi y con la venta de su sede histórica en Sevilla, en la avenida de Buhaira. Ya ha hecho caja, además, con las oficinas que disponía en Madrid, en la calle Martínez Campos. También ha puesto ala venta, para lograr hasta 1.500 millones de euros, plantas de cogeneración en Brasil y México y otros activos en Ghana, Argelia, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

La banca diseña actualmente bonos onvertibles para evitar las quitas, coordinada por KPMG, transformando una porción de la deuda en créditos convertibles en capital por el 100% de su nominal. El propósito de una
parte de los bancos agrupados en el G7 -Santander, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, Popular, HSBC y Crédit Agricole es hacer caja después con esa deuda capitalizable. El truco está en que el valor de mercado de esos instrumentos será muy inferior al nominal. "El descuento oscilará entre el 60% y el 70%", explican fuentes financieras a CINCO DÍAS. Será entonces cuando las entidades asuman la quita.

Otra parte de la deuda sufrirá una metamorfosis en acciones de Abengoa a través de una ampliación que será muy dilutiva para los actuales accionistas de la compañía, como refleja la cotización. Abengoa cerró ayer en mínimos históricos con una capitalización de 167 millones de euros, cuando llegó a valer en Bolsa antes de su caída por la suspensión de pagos y antes por la crisis y la reforma eléctrica más de 1.000 millones de euros.

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