sábado,23 octubre 2021
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Tras la demora de las políticas activas y las denuncias

El Gobierno intenta restar influencia a sindicatos y patronal en las ayudas a formación

Redacción
Tras las demoras en la aprobación del plan de políticas activas de empleo para este año basadas en formación y las denuncias sobre presuntos casos de corrupción en la justificación de cursos subvencionados de formación profesional, el Gobierno quiere que los sindicatos y las patronales dejen de ser "juez y parte", y en las negociaciones que acaban de comenzar les ha planteado limitar su papel en el nuevo sistema de formación

Según informa El País, la estructura actual se asienta sobre un pacto, el cuarto, prorrogado desde 2010, y el Ministerio de Empleo quiere sacar adelante uno nuevo antes de febrero, según un documento titulado Avanzando hacia un nuevo modelo de formación.

"Se considera indispensable eliminar el doble papel de los agentes sociales como participantes en la planificación, programación y diseño del subsistema y, en paralelo, como ejecutores de la formación y perceptores de los fondos", señala el informe fechado el 25 de noviembre. Al menos los sindicatos ya han presentado sus alegaciones. Hasta el momento, las tres partes solo han mantenido una reunión. La segunda se iba a celebrar el pasado viernes, pero fue suspendida a última hora.

El documento de Empleo también plantea "definir claramente el marco competencial a la vista de las sentencias del Tribunal Constitucional, donde se refuerza el liderazgo que debe ejercer la Administración General del Estado". En el último año, el alto tribunal ha emitido, al menos, seis sentencias sobre este asuntos, varias de ellas por conflictos de competencias entre la Administración central y las comunidades autónomas.

La intención del Gobierno de cambiar el sistema no es nueva. Explican en Empleo que, pese a las últimas polémicas -Las facturas falsas de UGT en Andalucía en formación de parados y el del supuesto fraude de los cursos del empresario José Luis Aneri han puesto en la picota a este sistema-, no se trata de derribarlo todo. Su intención es más bien "abrirlo a la concurrencia", es decir, que la impartición de la formación se adjudique en concursos en los que puedan participar centros de formación públicos, privados y de agentes sociales.

Méndez planteó su dimisión

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, planteó hace unos días la posibilidad de abandonar el cargo a los responsables de las federaciones sectoriales y de las uniones territoriales del sindicato, como respuesta a los escándalos de presunta corrupción que vienen sucediendo a la central.

Según han revelado a El Mundo fuentes de UGT, los cuadros de mando del sindicato rechazaron de plano su dimisión y emplazaron a Méndez a seguir, al menos, un año más. Méndez está condicionado por la propia estructura del sindicato, fuertemente jerarquizada y burocratizada, que le impide acometer reformas con más agilidad como lo demuestra la activación de una Comisión de Control Económico para revisar y centralizar las cuentas del sindicato. Desde la Ejecutiva de UGT explican que "para hacer eso habría que convocar otro congreso confederal y que no es posible por los estatutos"

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