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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
Políticos presos, no presos políticos

El malestar por la prisión provisional de Puigdemont

Miles de personas se manifestaron este domingo en diferentes puntos del territorio en respuesta al arresto del expresident de la Generalitat.

Puigdemont ha sido detenido en Alemania en ejercicio de la orden de detención europea emitida por el Magistrado Llarena. El ex-President se encuentra ahora bajo la autoridad policial alemana a la espera de que un Juez alemán, después de darle audiencia, decida si ejecuta la euroorden y entrega de Puigdemont al magistrado del TS. La situación es diferente a la que se produjo en Bélgica hace unos meses ya que en Alemania existe un delito de alta traición equiparable en elementos típicos a rebelión
Argelia Queralt, Profesora lectora de Derecho Constitucional en Derecho de la Universitat de Barcelona y Directora Editorial de Agenda Pública 26 de marzo de 2018 Enviar a un amigo
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Dicho lo cual, vale recordar que la existencia de un delito equiparable no es un condición necesaria para la euroorden, ya que esta parte de la protección equivalente que se produce en los Estados de la Unión Europea; es, en definitiva, un instrumento de confianza mutua del ordenamiento europeo. En todo caso, y a la espera de saber cual es la decisión final de la justicia alemana, los datos de la Unión Europea para 2015 señalan que Alemania recibió 1635 peticiones de detención a través de la euroorden, de las que fueron tramitadas 1610 y concedidas 1283. Esto es, Alemania en un 78,5% de las ocasiones entregó a las autoridades solicitantes a la persona perseguida.

En los próximos días sabremos si el ex-President es entregado a la justicia española. Si es así, parece lógico pensar que siendo una de las condiciones de la prisión provisional el riesgo de fuga, el Magistrado Llarena considere justificada su aplicación, muy especialmente en esta ocasión. Así las cosas, salvo Comín, Rovira, Ponsatí, Serret y Puig, sobre los que también recaen euroórdenes, todos los procesados por el instructor como responsables de diferentes delitos relacionados con la ruptura constitucional generada a partir, sobre todo, de septiembre de 2018, estarían en prisión provisional. A este respecto cabe hacer algunas consideraciones.

Algunos sectores políticos, jurídicos, entre los que me encuentro, y judiciales han expresado el malestar, incluso rechazo, que genera la prisión provisional decretada contra los ya procesados, por considerar que se hace una aplicación excesivamente amplia, poco acorde con los derechos fundamentales, de dicha medida. Sin embargo, no podemos obviar que los recursos presentados por los presos preventivos han sido rechazados por otros Magistrados del TS sin fisuras aparentes y, por cierto, el TC ha rechazado igualmente los recursos de amparo presentados por alguno de los presos. Estas decisiones son respaldas, además, por otros sectores doctrinales que consideran plenamente legítimo el alcance reconocido a la prisión provisional en este proceso penal. En definitiva, cabe hablar de una interpretación dura del Derecho pero no de prevaricación. 

Asimismo, aunque quepa criticar la prisión provisional de los procesados por considerar que pueden suponer una restricción excesiva de su libertad o de los derechos de participación, esto no permite hablar de presos políticos, sino de políticos presos porque, como ya se ha manifestado en otras ocasiones, no están siendo investigados por sus ideas, sino por las conductas y medios utilizados para intentar imponerlas en Cataluña. No se juzgan ideas, se investigan hechos.

Aunque algunas rechacemos la imputación del delito de rebelión por considerar que no concurren los elementos necesarios, no puede perderse de vista que los procesados actuaron a sabiendas de las posibles consecuencias. La prisión no es la solución para la grave crisis constitucional que debemos afrontar. Cabe achacar al actual Gobierno central un descarado rechazo al diálogo, la instrumentalización de la justicia y la apropiación de la Constitución. Pero ello no debe llevarnos a obviar las responsabilidades políticas y jurídicas de los líderes independentistas, haciendo suyas las instituciones públicas, en la quiebra del autogobierno en Cataluña.

El Poder Judicial seguirá su camino. Y la política catalana debe empezar el suyo, con  nuevos liderazgos y a través de un nuevo Gobierno que, respetando las reglas de juego constitucionales y democráticas, restablezca, de nuevo, el autogobierno de Cataluña.

Texto cedido a Ibercampus.es por Agenda Pública
 

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