miércoles,8 diciembre 2021
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Preacuerdo de moderación salarial patronal-sindicatos

Empleo y autonomías acuerdan elevar a 29 años la edad máxima de acceso a la Garantía Juvenil

Redacción
Hasta que el paro de jóvenes entre 25 y 29 años se reduzca en la mitad y baje del actual 29,7% al 20%, Empleo y comunidades autónomas acordaron ayer elevar de 25 a 29 años la edad máxima de acceso a la Garantía Juvenil, con carácter extraordinario. Habrá 1.543 millones de euros para políticas activas en 2015, un 23,25% más. Tras el marco de esa LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, la ministra apostaba por más moderación salarial y su Ministerio por menos economía sumergida.

Ahora los jóvenes entre 25 y 29 años mantienen una tasa de paro inferior a los menores de 25 años (que ronda el 50% desde hace dos años), pero superior a la general. De ahí que la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y los consejeros de Empleo de las comunidades autónomas adoptaran ese acuerdo, aunque la ministra aprovechó la jornada para instar al "compromiso y responsabilidad" de los agentes sociales para que "por el bien del país" cierren el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva "esta misma semana", y reclamó que respeten el compromiso de acompasar las subidas salariales al proceso de creación de empleo de manera que "quede margen para que muchos de los cuatro millones de parados se puedan incorporar al mercado laboral". EL PAÍS avanza que sindicatos y patronal han alcanzado un preacuerdo para que los salarios suban un 0,6% en el sector de la construcción. Este diario señala también que el salario por hora en España "se aleja de la media de la zona euro" y se sitúa en el 72,6% del promedio europeo. EL PERIÓDICO dice que "Báñez aprieta a los sindicatos y la patronal para que cierren el pacto". Según EL ECONOMISTA, "el alza salarial enfrenta a Empleo con Economía, que insiste en la moderación".

Respecto a la Garantía Juvenil, la ministra señaló que se trata de una iniciativa y sugerencia de las Comunidades Autónomas que se ha aprobado por unanimidad en el marco de la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Permitirá que haya “posibilidades reales” para un mayor número de jóvenes en nuestro país de llegar al mercado de trabajo a través de un empleo, el emprendimiento o la formación.El Sistema Nacional de Garantía Juvenil se puso en marcha en julio de 2014, en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven aprobada en febrero de 2013, y como respuesta a la Recomendación del Consejo Europeo de abril de 2014. Para cumplir este objetivo, será de gran ayuda la propuesta legislativa de la Comisión Europea de aumentar la prefinanciación prevista para 2015 de la Iniciativa de Empleo Juvenil al 30%, una cuestión largamente reclamada por España, y que se espera que se apruebe definitivamente en los próximos meses. De esta forma, el anticipo del 2015 correspondiente a la línea presupuestaria específica de Iniciativa de Empleo Juvenil pasaría del 1,5%% al 30%. Esto supone un anticipo de 283 millones de euros para España en este ejercicio, cantidad a la que se suman los 14 millones de euros, hasta los 297 millones de euros.

La Recomendación del Consejo Europeo de abril de 2013 establece la Garantía Juvenil fijaba en 25 años el límite de edad para el acceso al Sistema, si bien con posterioridad el Reglamento del Fondo Social Europeo  otorgó a los Estados Miembros la posibilidad de ampliar el límite de edad.

 

Las mayores tasas de desempleo juvenil se concentran en el colectivo de jóvenes menores de 25 años, motivo por el cual se considera que los mayores esfuerzos realizados en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil deben concentrarse en esa franja de edad. No obstante, aunque menor, la tasa de paro de los jóvenes de entre 25 y 29 años, ambos inclusive,  se mantiene en un nivel elevado, del 29,7%, por encima de la tasa de paro general (23,7%).

Por ello, una vez que el reglamento europeo abre esa posibilidad se ha propuesto a los consejeros de las CC.AA. ampliar coyunturalmente a 29 años la edad máxima para ser beneficiaros del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y, por tanto, modificar el Plan de Implementación enviado a la CE y la regulación actual.

La ministra ha señalada que la modificación legislativa pertinente se remitirá al Parlamento “cuanto antes” y ha celebrado que se trata de una propuesta aprobada por acuerdo unánime con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo.

Presupuesto para politicas activas de empleo

En la LX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se dijo también que las Comunidades Autónomas recibirán 1.543 millones de euros para políticas activas en 2015, un 23,25% más que el pasado año. Será el primer año en que se encuentre plenamente instaurado el nuevo modelo de políticas activas aprobado por el Gobierno en septiembre de 2014.El 60% de los fondos distribuidos atienden al grado de consecución de los objetivos establecidos en 2014, medido con indicadores de consecución de objetivos para Comunidad Autónoma.

En dicha evaluación, se ha constatado una mejora generalizada en relación con el ejercicio anterior, que anima a avanzar en el nuevo modelo siempre sobre la base de la gradualidad, la participación y la transparencia. De esta forma, en 2016 el porcentaje de los fondos condicionados al cumplimiento de objetivos se elevará hasta el 70%.

A esta cantidad se suman otros 128,9 millones de euros dedicados específicamente para la aplicación de las medidas contenidas en el Programa de Activación para el Empleo en 2015 que las comunidades autónomas desarrollan en el ámbito de sus competencias en políticas activas. El 40% de estos fondos se distribuirán en función del colectivo de potenciales beneficiarios por comunidad autónoma, mientras que el 60% restante se distribuirá la evaluación de los resultados de inserción de los beneficiarios que se observen entre el 15 de febrero y el 31 de julio de este año. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un crédito extraordinaria de 840 millones para hacer frente a los compromisos de gasto derivados de la puesta en marcha de este programa en 2015 en la parte que es competencia del Estado.

Objetivos y ejes estratégicos

El Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2015 es el documento de coordinación de las actuaciones que se van a llevar a cabo desde las Comunidades autónomas y del Servicio Público de Empleo Estatal. El Plan se vertebra por la "Estrategia de Activación para el Empleo 2014-216", cuyo principio básico es el de la orientación a resultados. Es el cuarto Plan Anual de empleo, desde su creación en 2012 y el primero que se realiza con el nuevo modelo de políticas activas plenamente implantado y sus principales objetivos son:

  • Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y desarrollar el Plan de Implementación de la Garantía Juvenil en España.
  • Favorecer la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo. En particular, la de los mayores de 45 años que sean desempleados de larga duración y la de los beneficiarios del Programa PREPARA.
  • Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, en términos de un mayor impacto real.
  • Reforzar la vinculación de las políticas activas y pasivas de empleo, para impulsar su capacidad de activar e insertar a los demandantes de empleo
  • Impulsar el emprendimiento como parte complementaria de la activación.
  • Entre las novedades principales para 2015 destaca la incorporación de los servicios incluidos en la nueva Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y la reforma del sistema de formación profesional para el empleo como marco estratégico de este PAPE 2015.

El PAPE incluyen un total de 442 servicios y programas, tanto comunes a distintos territorios o específicos de cada Comunidad Autónoma, que se organizan en torno a 6 ejes, en línea con los anteriores:

  • Orientación: integrado por 62 servicios y programas diferentes que contemplan, como objetivos estructurales, la implantación de servicios de Información sobre el mercado de trabajo; los diagnósticos individualizados; la gestión de itinerarios individuales personalizados; la cobertura de ofertas de empleo y el establecimiento de relaciones con empresas y con otros agentes del mercado de trabajo.
  • Formación: recoge hasta 119 servicios y programas, dirigidos a incrementar el esfuerzo formativo en la formación para el empleo; promover un mejor ajuste de la formación a las necesidades del mercado de trabajo y mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de la formación.
  • Oportunidades de empleo: con 109 servicios y programas dirigidos a fomentar y sostener la contratación de colectivos y sectores con dificultades y la de personas desempleadas en sectores emergentes; aflorar empleo en economía sumergida y fomentar la inserción laboral de personas desempleadas perceptoras de prestaciones por desempleo.
  • Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo: contempla hasta 28 servicios y programas dirigidos a remover obstáculos en el acceso al empleo; promover la movilidad funcional y sectorial, y la movilidad geográfica e impulsar medidas de promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad.
  • Emprendimiento: con 75 servicios y programas, dirigidos a formación y asesoramiento de emprendedores; apoyo a las iniciativas empresariales; promoción del desarrollo territorial y fomento de la cultura emprendedora y del empleo autónomo.
  • Mejora del marco institucional: un eje transversal a los otros cinco integrado por hasta 46 servicios y programas dirigido a mejorar la gestión, colaboración, coordinación y comunicación en el Sistema Nacional de Empleo; impulsar la colaboración público-privada; mejorar la calidad de los servicios e impulsar la evaluación, innovación, modernización y mejora del Sistema.

Por otro lado,  se ha informado a las comunidades del lanzamiento de una evaluación cualitativa de los factores que inciden en las funciones de los Servicios Públicos de Empleo, en el marco de la iniciativa lanzada por  la Red de Directores de los Servicios Públicos de Empleo de la Unión Europea. Dicha iniciativa pretende aprovechar el aprendizaje y la asistencia mutua entre los miembros de la Red para estudiar cómo se trabaja en los distintos Estados. Para ello, se va a realizar un análisis de cuáles son los factores más determinantes que contribuyen a un mejor desempeño y mejores resultados de los Servicios Públicos de Empleo.

Jornadas sobre Economía Informal en Jerez

 

Mientras tanto, el Subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, participbaa en las Jornadas sobre Economía Informal organizadas en Jerez de la Frontera, por la Universidad de Cádiz, el Consejo Social de Jerez y el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, que se celebran el 13 y el 14 de abril.

La economía irregular, ha resaltado Pedro Llorente, supone una vulneración de los derechos más elementales de los trabajadores, pone en peligro la sostenibilidad de nuestro Estado de Bienestar, y provoca competencia desleal en el mercado. En este sentido, en abril de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que desplegaba una estrategia integral, con medidas normativas, institucionales y organizativas para mejorar la prevención del fraude laboral, reforzar su control, aumentar la cooperación entre Administraciones Públicas y fomentar la sensibilización social ante la economía informal y sus implicaciones.

Las actuaciones han arrojado unos resultados que juzgó muy positivos: en los años 2012, 2013 y 2014, se han aflorado 252.822 empleos; se han anulado un total de 103.238 altas ficticias o contratos de trabajos falsos; y se han transformado 115.747 contratos temporales en indefinidos. En el caso concreto de Andalucía, desde 2012 y hasta marzo de 2015 se han aflorado 51.250 empleos y se han transformado 29.721 contratos temporales en indefinidos. El conjunto de actuaciones a nivel nacional en lucha contra el fraude en 2012, 2013 y 2014 ejecutadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social han tenido un impacto global estimado en 11.343 millones de euros.

El compromiso del Gobierno en la lucha contra la economía irregular ha quedado reforzado con la aprobación el pasado mes de marzo del proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que ha contado con el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, y actualmente en trámite parlamentario, en el que se buscará el mayor consenso posible. Se dota a la Inspección de un nuevo modelo organizativo, configurándose como Organismo Autónomo. Del mismo modo, se crea dentro de la misma una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de todos los organismos implicados, que tendrá como funciones la detección del fraude, la programación y ejecución de actuaciones inspectoras y la evaluación de resultados. Entre 2012 y 2015 se habrán incorporado 201 efectivos entre Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, a los que en 2016 se sumarán 88 nuevos efectivos que se hallan en proceso de selección.

Del mismo modo, en el marco del compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude, la Oferta de Empleo Público ha previsto un refuerzo extraordinario de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con 114 nuevos efectivos.De esta forma, la Inspección se reafirma como una institución esencial para continuar mejorando la estabilidad y la calidad en el empleo.

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