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Destinan 32 millones a mujeres y niños en riesgo

Empleo y Sanidad tienden la mano a discapacitados y familias y el PSOE asegura que no es suficiente

Redacción
El Gobierno no se olvida de los más desfavorecidos. En concreto, de aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. Según la ministra Fátima Bañez se firmaron 171.185 contratos para personas con discapacidad, un 13,87% más que el año anterior. En la misma línea se expresa la ministra Ana Mato quien ha planteado la educación y el empleo como claves para lograr su plena inclusión. Mientras, el PSOE censura los Presupuestos de 2015 2015 porque deja "al borde del abismo a los más vulnerables".

 En el acto de entrega del VI Premio Integra del BBVA, galardón que premia la labor de iniciativas innovadoras que generan empleo de calidad para las personas con discapacidad, Fátima Báñez destacó que el año pasado se firmaron 171.185 contratos para personas con discapacidad, una cifra que indica un crecimiento del 13,87% respecto al año anterior y que muestra que el año pasado fue el ejercicio con mayor número de contratos de personas con discapacidad de toda la serie estadística.

Báñez aseguró que, si se mantiene la tendencia actual de crecimiento de los contratos con personas con discapacidad, que hasta agosto arrojan un crecimiento del 19,11% respecto al mismo período del año anterior, "este año puede ser aún mejor". En su intervención, la titular de Empleo y Seguridad Social, resaltó que en el caso de los contratos indefinidos con personas con discapacidad el incremento se amplía hasta el 28,74%, triplicando el del año 2013.

Entre las medidas puestas en marcha por su Departamento en favor del empleo de personas con discapacidad, Báñez destacó el mantenimiento y ampliación de todas las bonificaciones para fomentar la contratación de personas de este colectivo en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias; la aprobación de bonificaciones especiales para personas con discapacidad que inician su actividad como trabajadores autónomos; la no aplicación del límite máximo de edad en los contratos de formación y aprendizaje; así como la ampliación hasta los 35 años para poder beneficiarse de las medidas de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven para los jóvenes con una discapacidad igual o superior al 33%.

La ministra destacó también la mejora de los niveles de protección. Así, para las personas que por sus especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo tienen mayor problema para cubrir los mínimos de cotización exigidos, se ha establecido la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para trabajadores con discapacidad. De esta medida se han beneficiado ya cerca de 1.000 (883) trabajadores con discapacidad en el año y medio que lleva en vigor (abril 2013).

En esta misma línea, la ministra destacó también que en la reciente reforma de las políticas activas de empleo, se han introducido programas para la inserción laboral de personas con discapacidad como uno de los elementos en base a los cuales, entre otros, se distribuirán los fondos de los servicios públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas.

Por su parte, Mató indicó que "un niño con discapacidad no es un niño discapacitado, como un adulto con discapacidad no es una persona discapacitada. Tenemos que ver sus habilidades y permitirles desplegar su talento. Tenemos que buscar soluciones y no crear nuevas barreras".

La ministra ha explicado que, con el Plan de Acción de Discapacidad 2014-2016 "queremos seguir avanzando para eliminar completamente todos los obstáculos que aún limitan el desarrollo pleno" de las personas con "capacidades diferentes". Para conseguirlo, Ana Mato ha señalado que las claves son el empleo y la educación. En este sentido, ha planteado una serie de retos:

En primer lugar, avanzar "hasta conseguir que todos los alumnos reciban una educación de calidad, adaptando a sus necesidades los centros escolares". España es uno de los países más avanzados, con cerca de un 80% de alumnos con discapacidad integrados en centros educativos ordinarios. Sin embargo, hay que seguir avanzando, ha dicho la ministra, también mediante la evaluación temprana de necesidades educativas especiales, la prestación de servicios de orientación psicopedagógica y de alternativas formativas para personas a las que sobrevenga la discapacidad en la edad adulta.

En segundo lugar, es necesario fomentar el acceso al empleo y al emprendimiento de las personas con discapacidad. "Lo haremos con itinerarios individuales y personalizados, con la reserva de plazas e informes de capacidades", ha señalado la ministra.

En tercer lugar, hay que "eliminar las barreras de accesibilidad" a las que aún se enfrentan las personas con discapacidad en sus propios hogares, lugares de trabajo y de ocio, y romper la brecha digital para que "las nuevas tecnologías no supongan nuevos obstáculos".

Y, por último, "tenemos que seguir dialogando permanentemente con vosotros", ha dicho la ministra a los miembros de la ONCE. Para ello, ha reiterado el "firme compromiso del Gobierno" con la sostenibilidad de la labor de organizaciones como ésta.

32 millones para familias y niños

Los discapacitados no es el único grupo en riesgo de exclusión social al que el Gobierno le tiende la mano. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha comparecido en la Cámara Baja para detallar las partidas presupuestarias de un Ministerio que en 2015 apuesta claramente por el refuerzo de los servicios sociales y por la erradicación de la violencia de género, cuyas políticas registran un aumento financiero de casi el 7%.

La reforma fiscal que ayudará a las familias con menos ingresos y la puesta en marcha de la Agenda Social hace más de dos semanas marcan el inicio de una trayectoria que el Gobierno dedicará a las personas y a las familias, a su soporte y mejora de condiciones de vida. Este empeño del Ejecutivo tiene clara continuidad en los Presupuestos. De hecho, de los casi 2.000 millones de euros que percibe en total el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (1.924,24 millones exactamente), el 81% recae en la Secretaría de Estado, lo que ilustra la prioridad que la ministra Ana Mato ofrece a las políticas sociales y al refuerzo de la atención de quienes más lo necesitan, pues aquí caben áreas tan fundamentales como la ayuda a las familias, la atención a la dependencia, la prevención de la violencia de género o la igualdad de oportunidades de mujeres y de hombres. Tal y como ha recalcado Camarero, el Presupuesto de 2015 "se encuentra incardinado en el absoluto compromiso del Gobierno con las políticas sociales, con políticas asentadas en los principios de solidaridad y de cohesión social".

De hecho, en 2015, el presupuesto de las políticas sociales del Gobierno se incrementará en más de 30 millones de euros respecto al monto de este año, hasta sobrepasar los1.583 millones.

Así, el presupuesto de las políticas de familia e infancia aumenta en más de un 20% en comparación con 2014 gracias, principalmente, a la nueva partida de 32 millones de euros citada antes.

El PSOE critica la falta de ayuda económica de cara a 2015

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Luisa Carcedo, ha censurado unos Presupuestos Generales del Estado de 2015 que "deterioran" el Estado de Bienestar y "quieren implantar un cambio de modelo" que ponen "al borde del abismo" a los sectores "más vulnerables" de la sociedad española.

Carcedo ha denunciado un recorte de más de cuatro puntos en el gasto social en el último año, que ha pasado del 58 por ciento en 2011, "último años de la legislatura socialista", al 53,9 por ciento para el próximo año.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 "reconocen que hay un incremento del 18 por ciento" de personan que son atendidas por los servicios sociales. "Hemos pasado de los 6.874.000 a los 8.319.000 de personas", ha dicho Luisa Carcedo, "que tienen que contar estas ayudas", lo que "demuestra" que el Gobierno "sigue olvidándose" de los desfavorecidos.

Así el importe destinado a las prestaciones básicas de servicios sociales se mantiene en la misma cifra de 2014, 27,4 millones de euros.

El PSOE también ha denunciado que el Plan de Acción para Personas con Discapacidad "sigue sin dotación" a pesar de "los pomposos anuncios de la Ministra Báñez". En este sentido, han destacado "un recorte" del 63,5 por ciento en el Plan Concertado de servicios sociales "respecto a 2011".

Con respecto al Sistema de Dependencia, María Luisa Carcedo, ha destacado que en "2015 hay más de 2.265 millones de euros que se dejarán de aportar al Sistema de Dependencia" desde la Administración General del Estado.

Lo que supone, según Carcedo, que las más de 175.000 personas que "no están siendo atendidas teniendo derecho" seguirán "sin recibir" la prestación.


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