El objetivo declarado de dichos convenios se centra en el diseño de propuestas de mejora y simplificación en ámbitos clave para la competitividad de las empresas, como son la gestión de la marca y la propiedad industrial, la importación y la exportación, o la innovación.
Pretenden reducir las trabas administrativas para la constitución de una empresa o inicio de una actividad y se optimizará el sistema de Registro de la Propiedad.
Para identificar las trabas y la concreción de las propuestas se desarrollarán jornadas con empresarios y emprendedores en distintos puntos de la geografía española, así como con los gestores administrativos, en las cuales éstos tendrán la oportunidad de trasladar directamente a la Administración cuáles son las barreras más importantes que encuentran y sus propuestas de solución.
Además, se contará con el apoyo de expertos y especialistas en internacionalización, innovación, y derechos de propiedad industrial, para conocer sus análisis y propuestas.
La reducción de cargas administrativas es un instrumento clave para la recuperación económica. Los ahorros conseguidos a lo largo de los últimos años por medidas de simplificación que afectan a las relaciones de las empresas con la Administración se elevan a 21.415 millones de euros.
