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Hacia un pacto social europeo post COVID con más y mejor Green Deal

Varias banderas de países miembros de la Unión Europea (UE) frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).

El acuerdo alcanzado este jueves por el Consejo Europeo en la videoconferencia de jefes de Estado y Gobierno ha sido prometedor, aunque incompleto, lo que refleja el carácter de toda la Unión y sus dudas.La Comisión deberá concretar hasta el 8 de mayo la propuesta y habrá fondos para el rescate de los países miembros afectados por el Covid 19 y sus regiones, quizá hasta dos billones de euros, sin las vergonzosas e ineficaces condiciones impuestas durante el austericidio de la crisis anterior.
Inclusión financiera (Texto publicado como ponente del European Green Deal Investment Plan en el CESE con el experto Gustavo Matías Clavero ) 10 de mayo de 2020 Enviar a un amigo
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Pero la inconcreción temporal sobre en qué medida serán créditos o transferencias refleja que no todos los líderes han entendido lo que se juega la UE: además de la recuperación y la solidaridad con cohesión internas, el liderazgo ante unas instituciones internacionales hoy excesivamente pendientes de EEUU y China y que deberán replantearse para sobreponerse a la catástrofe y a las tendencias hacia la insostenibilidad, domando una digitalización desbocada y en manos de apenas una veintena de bigtech de ambos países países. 

Europa, cuyos más de 300 millones de habitantes son como otros tantos en EEUU los más afectados en principio por el Covid-19, es el proceso de integración regional más avanzado del mundo entre las varias decenas de iniciativas similares lanzadas desde la II GM. Si el plan de reconstrucción europea resulta al final incompleto o insatisfactorio por falta de solidaridad, la UE no solo perdería más credibilidad en sus países y regiones y ante los populismos nacionalistas, sino ante todos los demás procesos de integración que pueden compensar algo las negativas consecuencias hacia una desglobalización que había empezado antes de la pandemia y que ahora puede desbordarse. También perdería liderazgo y presencia para reconstruir las instituciones internacionales y adaptarlas a un mundo de intangibles y nuevos riesgos casi inexistentes tras la II Guerra Mundial de la que surgieron la ONU y una treintena de organizaciones internacionales sectoriales y funcionales.  

La afección europea de falta de solidaridad ya la hizo pagar mayores costes durante la crisis financiera, riesgo del que advertimos en el  dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 2011 en su proyecto inicial de Unión Bancaria, al enunciar que el compromiso de cohesión y solidaridad necesario para que haya verdadera movilidad de personas y mercancías requería transferencias fiscales (1]) que llegaran hasta la creación de un seguro de desempleo europeo (primer documento oficial de la UE donde se planteó el proyecto), más intervención del Banco Central Europeo como estaba haciendo desde el 2008 la Fed norteamericana, e incentivos públicos para promover la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el cumplimiento legal de las empresas.

Desde entonces, la Unión Europea no ha sido capaz de culminar la Unión Económica y Monetaria, no por falta de compromiso de su potente entramado institucional (Comisión, Parlamento, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones), sino por el reiterado egoísmo cortoplacista exhibido recurrentemente desde la otra institución clave: el Consejo. De la mano de una suerte de agrupación de intereses variopintos, ha renacido una nueva alianza hanseática (cuya cabeza visible, a modo de mamporrero, es representada por Holanda), que hasta estallar esta demoledora crisis parecía un muro infranqueable, negando cualquier avance hacia la mutualización de riesgos en el seno de la Unión Europea. Parecía asentado, como telón de fondo, el mito de la hormiga ahorradora frente a la cigarra despilfarradora. 

Esa interpretación da alas al ejercicio de la capacidad de veto, acción que a menudo trunca el trabajo mancomunado de un amplio contingente de cualificados efectivos de las citadas instituciones, cuyo compromiso con la Unión facilita hacer el verdadero trabajo de las hormigas. Una y otra vez, se supera la frustración para dar un nuevo aire a “la tela de Penélope” en la búsqueda de nuevas fórmulas de acuerdo (el caso del esquema de garantía de depósitos, el EDIS, todavía pendiente después de numerosas propuestas bloqueadas, resulta paradigmático).

Así, la apuesta por la integración financiera en de la Unión Europea después de la Gran Recesión  bien se puede resumir como un compendio de atractiva música celestial de la mano de las prolíficas  declaraciones de los líderes de la Unión entre 2012 y 2017 (Plan Director , Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria , Realizar la Unión Económica y Monetaria europea ) obligadas a su continua actualización a partir del escaso alcance real de las proyectadas hojas de ruta.  

En definitiva, nada (demasiado) nuevo bajo el sol, son ya varias las décadas de descompromiso, notablemente evidenciadas desde que, coincidiendo con la proclamación de la moneda única, se sigue a vueltas con recuperar las esencias de la fallida ambición de la Estrategia de Lisboa, luego renovada con el mismo nombre para disimular su corto recorrido. Para hallar su continuidad en la agenda 2020, que antes de descarrilar proclamó la del 2030 (desde la oportunidad en 2015 de abrazar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático).

Hasta que nos golpea de nuevo la crisis (ahora sanitaria, y sin libro de instrucciones), esta vez ataca de forma más simétrica (ya que el virus no parece distinguir el origen étnico o la nacionalidad), pero también se ceba más en los países del sur, aquellos obligados a los recortes en sus sistemas de sanidad y cuidados de las personas en la anterior crisis.

Los que se postulan como las hormigas de la Unión mucho tuvieron que ver con esas condicionalidades impuestas a los países que apelaron en el pasado reciente a las líneas de financiación/rescate del MEDE, sin importar el ahogo, como sucedió con Grecia, desoyendo en su día los análisis técnicos del Fondo Monetario Internacional. Esos documentos, de obligada consulta, hoy también son certeros cuando apuntan, ya en plena irrupción del coronavirus: “Se necesitan esfuerzos fiscales y estructurales decididos para que se liberen nuevos recursos públicos y privados encaminados a aumentar la resiliencia económica, la inclusión social y la innovación Resulta crucial la adopción de medidas fiscales sostenibles para reducir la elevada deuda pública a medio plazo y abordar el déficit persistente del sistema de pensiones. Las políticas estructurales destinadas a impulsar la productividad deberían intensificarse, fomentando así el potencial de la economía y mejorando la dinámica de la deuda pública”.

Tan sólo un día antes de esas declaraciones, el 19 de marzo, la francesa Lagarde, ex jefa del FMI hoy al mando del BCE, sorteando la oposición de otro de los guardianes de la ortodoxia (en esta ocasión, el gobernador del Banco de Austria) anuncia la ampliación de su programa de compra de activos de 120.000 a 750.000 millones, y de inmediato comienza a comprar deuda italiana para calmar a los mercados.

Llegamos al pasado 9 de abril, donde el Eurogrupo arroja una respuesta alentadora, tras el ajuste de alianzas: Luxemburgo e Irlanda (dos de los países junto a Holanda y Alemania con mayores superávit por cuenta corriente, favorecido en el caso de los tres primeros por la desleal competencia fiscal hacia los demás) se suman a los mediterráneos y otros del Este frente a los hanseáticos, esta vez desde la mirada amable de la señora Merkel (que, al igual que otros líderes europeos, realiza siempre movimientos calculados, muy sujeta a la lupa del Bundestag).

La nueva promesa del Eurogrupo de hacer “lo que sea necesario”, esta vez desde el liderazgo del portugués Mario Centeno, se refiere a un 3% del PIB europeo de este año en medidas fiscales y una liquidez equivalente el 16% del PIB, en forma de préstamos para apoyar a Estados, empresas y trabajadores frente a la pandemia sin menciones a condicionalidad macroeconómica alguna, pero tampoco ninguna referencia a la emisión de deuda conjunta para la fase de recuperación, en el marco del aún abierto debate de las perspectivas presupuestarias 2021-2027,  en un principio aparcado hasta entrar en presidencia alemana (2º semestre de 2020).

Las fuentes de ese más medio billón de liquidez (adicional a los 750.000 millones de euros del BCE para compra de bonos, tanto públicos como corporativos y de entidades financieras), saldrán de tres fuentes: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), con 240.000 millones de euros en préstamos; un fondo del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones en créditos para empresas y, un fondo temporal de reaseguro contra el paro con 100.000 millones para ayudas al empleo (esquema SURE, soporte clave para los ERTE españoles). 

Salvo en el último apoyo, dirigido a los países con más desempleo (entre los cuales destaca España), esas ayudas se repartirían de forma simétrica al peso de la renta de cada país, al igual que venía sucediendo en el BCE (situación hoy superada, desde el liderazgo de la francesa Lagarde, otra vuelta de tuerca positiva siguiendo el camino de su antecesor, el italiano Mario Draghi). Y no olvidemos que la política monetaria, que difícilmente puede dar ya más de sí, gestiona préstamos, la devolución de los mismos aumentará la carga y el servicio de la deuda (las medidas sólo alivian el precio y facilidad de acceso a la liquidez). 

La temprana reacción del BCE ante la crisis, aliviando a países como Grecia al tratar la compra de su deuda pública sin esas condicionalidades previas (tan del gusto de “las hormigas”), sigue no obstante sin alcanzar la respuesta de la Fed norteamericana, que también proporciona desde marzo liquidez a las empresas. El resultado es que los EEUU vuelven aplicar inyecciones más rápidas y cuantiosas, además de que en Europa -y pese al esgrimido origen simétrico del impacto- los efectos del mismo están siendo asimétricos y paradójicamente también inversos a la renta, pues España e Italia son los más castigados por la pandemia.

A vueltas con un fondo europeo de recuperación: Los coronabonos

Yanis Varoufakis nos argumenta que los ahorros holandeses y alemanes serían mucho más bajos si los italianos, griegos y españoles no estuvieran en deuda con ellos, por ser los déficits del sur los que mantienen el tipo de cambio del euro lo suficientemente bajo como para que Alemania y los Países Bajos mantengan sus exportaciones netas. 

No es un argumento nuevo, cabe recordar cómo Italia en el pasado siglo hizo uso de la política cambiaria para recuperar competitividad en los mercados internacionales, mediante oportunas devaluaciones de la lira. Por eso, tiene sentido reivindicar la emisión de eurobonos por razones de conveniencia antes que apelando a la solidaridad, ya que alojar la nueva deuda que van a sufrir los países deficitarios en el seno de una Unión fuerte y solvente, facilitará reducir la deuda total de la eurozona (gracias a las tasas de interés más bajas a largo plazo derivadas de una superior calificación crediticia), lo cual amarrará los países del sur al euro.

Por su parte, Georges Soros se refiere a las ventajas de emitir coronabonos perpetuos, emulando las emisiones de Gran Bretaña para el financiamiento de las guerras napoleónicas y la I guerra mundial (Consols), activos que perduraron en los mercados hasta 2015. Como no habría que refinanciarlos, la UE solo estaría obligada a hacer los pagos regulares de intereses sobre ellos. El billón de euros adicional que reclama la presidenta de la Comisión Europea para recuperar el pulso de la economía europea se podría sustanciar con un cupón del 0,5 % (apenas 5 mil millones de EUR al año, menos del 3 % del presupuesto de la UE para 2020). También resultaría un activo muy atractivo para los futuros programas de compra de bonos del BCE, al ser vencimiento de un bono perpetuo siempre igual, el BCE no tendría que reequilibrar su cartera.

En el problema radica la solución: El New Green Deal como factor de competitividad

Al estallar esta crisis sanitaria intentábamos retomar este último objetivo para dictaminar el Plan de Inversiones Verdes que lanzó la nueva Comisión para financiar su Green New Deal, proyecto estrella bajo el mando del Vicepresidente Timmermans que aspira a movilizar en la presente década 2,6 billones de euros (260.000 millones de euros anuales) en inversiones para proteger el capital natural de la Unión y preservar el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos e impactos medioambientales. 

Esta propuesta refuerza el camino iniciado en 2015 con el Fondo Europeo para Inversiones estratégicas (FEIE) mediante las contribuciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la garantía del presupuesto de la Unión. Pero su efectividad estará condicionada a una dotación presupuestaria suficiente (MFP 2021-2027) para respaldar las reformas estructurales y las políticas de cohesión, máxime en aquellos países de la eurozona más afectados desde la crisis del 2008 por los shocks asimétricos, hoy de nuevo los más castigados por la pandemia del Covid-19. 

En esa línea ha venido caminando la Comisión Europea, el plan de acción del Pacto Verde podría adelantarse para acelerar una recuperación verde: inversiones en movilidad sostenible, energías renovables, rehabilitación de edificios, investigación e innovación, recuperación de la biodiversidad, productos circulares, etc. 

Es importante enviar una fuerte señal política a la sociedad europea apelando al momentum, desde la riqueza y potencial que aporta su diversidad, debe unir energías para de una vez por todas liderar con el ejemplo el camino hacia la neutralidad climática y el bienestar social. 

Ello conduciría el demandado Plan Marshall hacia su concreción en un nuevo Green New Deal europeo que primaría la descarbonización y la transformación digital por la vía de las ayudas e incentivos públicos a las inversiones medioambientales, además de a telecos, biotech y otras de salud y educación.

¿Un final feliz?

El pasado 15 de abril, la comunicación conjunta de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea en respuesta al coronavirus , despliega la hoja de ruta en respuesta al coronavirus, y da cuenta de la multitud de recursos que han sido, y serán en mayor cuantía, preciso movilizar. 

Tras sucesivas presiones y órdagos Sur-Norte, la Comisión formuló el pasado 21 de abril la propuesta de hoja de ruta para la recuperación, texto suficientemente abierto como para posibilitar su respaldo de cara a la crucial reunión del 23 de abril. 

Así ha sucedido, en las conclusiones -recién emitidas- por el Presidente Michel, los 27 ratifican la propuesta formulada por el Eurogrupo el pasado 9 de abril: una triple red financiera de 540.000 millones para asegurar la protección inmediata de los grupos más afectados por la pandemia. 

Para la cuestión más fundamental, un fondo europeo para la recuperación, se emplaza a la Comisión a presentar con urgencia “un análisis de las necesidades exactas”. Ahora la negociación de este mecanismo irá de la mano de la aprobación del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, donde se avanzará con seguridad en el respaldo presupuestario para lanzar una emisión de bonos comunitarios. 

La naturaleza de los mismos queda por determinar, pero por el bien de Europa deseamos, parafraseando al gran pensador Antonio Gramsci, que el optimismo de la voluntad venza al pesimismo de la inteligencia, y caminemos hacia la emisión de bonos perpetuos (de facto, no reembolsables), al estilo de lo que tan acertadamente planteaba Soros, figura en nada sospechosa de querer dinamitar la Unión Europea.  

Hacia nuevas instituciones e infraestructuras globales

Además de resolver esas dudas sobre los fondos para la reconstrucción europea y para aprobar unas perspectivas presupuestarias 2021-2027 que estaban en el alero antes del Covid por la insolidaridad de Alemania, Holanda, Irlanda, Luxemburgo,Dinamarca  y otros países, la UE debe de poner al servicio de su modernización y liderazgo mundial el Plan de Inversiones Verdes y digitalización, pensando en fortalecerse con nuestras infraestructuras e instituciones que además contribuyan a su potencia en los foros mundiales. 

No hacen falta en este frente grandes rediseños institucionales, como detallamos hace unos dias, sino adaptar el sistema que va a seguir la humanidad en esta fase a los intereses, ideas y voluntades ya expresados por las mayorías democráticas. Una de las claves será si los datos de las personas podrán ser capitalizados por estas o al menos por los estados para ayudar a financiar la creciente demanda de formas de rentas básicas universales, como esa avanzadilla de Ingreso Mínimo Vital que aconsejó la Unión Europea a España para reducir sus niveles de pobreza, propuso para AIREF para unos cinco millones de hogares, incluyeron Psoe y Podemos en su programa de Gobierno de coalición y ahora incluyen como una de las medidas de los propuestos nuevos Pactos de la Moncloa, donde sería conveniente mayor transparencia en todo, incluida por ejemplo la financiación y actividad relacional de quienes regulan, de quienes firman manifiestos como los citados o del millón y pico de perfiles falsos en Twitter para intoxicar. Transparencia orientada a mejorar la calidad de la información (empezando por la estadística oficial), lo que requiere actuar con mayor decisión en la resolución de los conflictos de interés y la mayor transparencia de la huella e impacto de cada uno, incluidas producciones y consumos de empresas, administraciones públicas y ONGs a través de la mejora del cumplimiento y la responsabilidad social corporativa (RSC).

[1] Aconsejadas por el consenso académico de las uniones monetarias óptimas para que haya una verdadera movilidad del trabajo y de los capitales, no solo un área comercial de altas asimetrías

(Texto publicado en Cuartopoder.es como ponente del European Green Deal Investment Plan en el CESE con el experto Gustavo Matías Clavero)


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