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DEBATES Y FIRMAS INVITADAS
Opina el representante de CCOO en la Permanente del CERSE

Ibercampus abre debate sobre el secuestro del Consejo de Responsabilidad Social de las Empresas

Ilustración del autor de esta opinión

Ibercampus lleva semanas denunciando el incumplimiento del Gobierno de su propio mandato legal al no convocar al Consejo Estatal de Responsabilidad Social (CERSE) para que fiscalice su Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 antes de presentarla a la ONU. Este organismo lleva paralizado 6 años con dos Gobiernos de tres partidos políticos (PP, PSOE y Unidas Podemos). Ofrecemos nuestras páginas a sociedad y universidades para debatir las razones de ese bloqueo institucional.
17 de julio de 2021 Enviar a un amigo
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José Carlos González Lorente,
Consejero del CERSE desde 2008.


El Consejo Estatal de Responsabilidad social de las empresas -#CERSE-, presidido por la Ministra de Trabajo, es un órgano asesor del Gobierno paralizado por el veto de la acción comercial y el sistema de conflictos de interés que ha dominado este país tras el periodo de involución democrática -que sigue operando- de los gobiernos del partido popular, en coalición con determinados agentes comerciales, jurídicos y mediáticos, en una acción concertada contra la regulación, los sistemas de participación, transparencia, de control e inspección …

Esta es una conversación o debate significativo en el seno de la comisión permanente de CERSE que tuve con un directivo empresarial :

– Yo: …’Pero estamos obligados a dar, no sólo al gobierno, sino a la sociedad, unos indicadores para medir la economía sostenible’

Patronal/fundación empresarial: ‘Nos negamos rotundamente a esos indicadores. La RSE es voluntaria o no es RSE’

Yo: ‘… pero incluso esos indicadores son orientativos, tal como establece el BOE. Cambien el paso’

La última reunión del CERSE se celebró hace ya seis años. En la imagen (tuit), el orden del día: Cambio Climático, Agenda 2030, Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, Punto Nacional de Contacto de la OCDE. ¿No les parecen temas de calado que podrían dar COHERENCIA a la Agenda 2030 y a los sistemas de etiquetado, taxonomías y trazabilidad, y revertir la ola inmensa de confusión y greenwashing de todos los colores que domina el actual panorama económico?:

El CERSE, y en definitiva, el Gobierno, tiene pendiente cumplir con dos obligaciones legales importantes:

– Los artículos 35 y 39 de la Ley 3/2011 de Economía Sostenible, que, recordemos, sigue vigente, a pesar de todo lo ocurrido. Estos artículos tratan de los indicadores y modelos de balances que deberían estar elaborando las empresas, incluyendo al sector público.

– Y sobre todo, algo mucho más actual, y que como lo anterior, corre el riesgo de ser señalado como algo inútil, ante la falta de acción y reivindicación: La Ley 11/2018 de Información No Financiera, que reformó, nada menos, que las leyes de Sociedades de Capital, la Ley de Auditoría y el viejo Código de Comercio español. Y, también, nada menos, trata de la información y los balances empresariales referidos específicamente a:  sus impactos en el empleo, en el medio ambiente, en los Derechos Humanos, en corrupción y soborno, y en definitiva sobre sus impactos en la sociedad y en la protección social.

Pero además, las disposiciones adicionales primera de esta ley obligan a que el CERSE elabore y presente en el Senado un informe anual sobre la calidad de los informes de sostenibilidad (información no financiera) publicados en España. Y la disposición adicional segunda recuerda una obligación que ya aparecía en el decreto de creación del Consejo: que el mismo deba ser oído ante cualquier ley o reglamentación relacionada con los indicadores e informes sobre responsabilidad social de las empresas. Estas dos obligaciones se están incumpliendo flagrantemente desde el año 2019.

Y puede que no haya nada más útil e importante para hacer coherentes y hacer avanzar los indicadores y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 con los indicadores e informes empresariales (insisto: también de las empresas públicas y los informes anuales de toda la administración pública)

¿Y por qué esta situación? No queda más remedio que abandonar ya la ‘diplomacia corporativa’ y decirlo de una forma radical: Además de la inoperancia, fragilidad, ambigüedad, falta de reglamentación, complejidad de la tarea… en definitiva, de todas estas justificaciones que reconocemos (y además, repiten los muchos enemigos de la idea un Consejo que ordenara un poco el panorama ) y que han impregnado a todos estos intentos regulatorios, hay que tener en cuenta que hemos vivido un periodo de intento de destrucción y degradación a todos los sistemas de inspección, un ataque a al sindicalismo de clase y a la sociedad civil organizada, y, en lo que más afecta a la esencia del CERSE, al diálogo social. Un periodo en el que los lobbies (¡regulen los lobbies!) han campado a sus anchas. Un periodo en el que los escándalos de corrupción público/privados han dominado el sistema económico social. El sistema lobbies + consultoras + Estado/Villarejo ha estado vetando no sólo al CERSE, sino a cualquier sistema de indicadores claros y relevantes que pusiera en peligro muchas situaciones de privilegios y ventajas competitivas.

¿Cómo iban a permitir un sistema de indicadores que hiciera efectivo el derecho a saber, la trazabilidad, las huellas fiscales, medioambientales, laborales…? Y el efecto de todo esto podemos contemplarlo hoy mismo, viendo la reacción combinada de  sectores e intereses empresariales, alineados con los grupos políticos y mediáticos que los apoyan, ante los tímidos intentos regulatorios relacionados con la transparencia y trazabilidad. El ejemplo de hoy está relacionado con el consumo de carne, que le sigue a la polémica sobre el sistema de etiquetado Nutriscore. ¿ Y qué decir sobre el intento regulatorio de la selva de la tarifa eléctrica? ¿y de las reacciones ante el intento de regular la publicidad de las casas de apuestas?

Está claro que hoy, tras ese periodo negro de la historia de nuestra democracia (de involución, de reacción en contra de una transparencia efectiva, contra el derecho a saber), vivimos una situación muy distinta, pero contaminada por la anterior. Pero la pandemia ha roto la agenda de recuperación de esos órganos claves de diálogo social. El absoluto fracaso de una RSE basada en la voluntariedad, y del propio CERSE son un freno a la reactivación del mismo, que puede sea contemplado como un órgano inútil (o peligroso) por gran parte de la coalición de gobierno. Es una emergencia que visualizar las oportunidades existentes (mucha atención a la regulación europea sobre la gobernanza sostenible) para situarlas en la agenda. 

Si a la natural resistencia al cambio global, al cambio de modelo productivo (menos especulativo, más social y medioambientalmente productivo, realmente) le unimos una actitud política de no intervención, de una idea de Estado y de gobernar a través de las empresas, y no para las personas, la tragedia está servida. Reconduzcamos el rumbo del río que nos llevaPrimero, la genteNo habrá empleos en un planeta muerto.

José Carlos González Lorente,
Consejero del CERSE desde su constitución. En el último periodo, miembro de su Comisión Permanente


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