Solis vuelve a exigir «una solución política» para remarcar que esta medida «fue aprobada por el Congreso de los Diputados y a la que se ha negado Rajoy». La Cámara Baja planteó en 2014 que el Estado se haga cargo, a través del Instituto de Crédito Oficial, mediante compensaciones. Los afectados exigen al Gobierno que cumpla esa ley que fue aprobada en noviembre de 2014 y lo haga «de forma inmediata».
«Ni las cantidades intervenidas en el procedimiento judicial ni las propiedades de los condenados permitirán el resarcimiento de los afectados», explican desde Adicae, para añadir que los diez millones de euros intervenidos permitirá «la devolución de una cantidad ridícula» entre todos los afectados y que se calcula podría rondar los 50 euros.
En el caso de los 1.600 afectados leoneses, 1.300 están afectados por el fraude en Fórum Filatélico y después de doce años tan sólo han logrado recuperar el 20,5% de los 21 millones invertidos. Los 300 leoneses restantes son los defraudados por Afinsa, a los que tan sólo les han devuelto el 15% de los cinco millones perdidos. Los inversores leoneses destinaron pequeñas cantidades, entre seis mil y diez mil euros, destinando a la compra de sellos, que vieron como una inversión, gran parte de sus ahorros.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el jueves el ingreso en prisión del ex presidente de Afinsa Juan Antonio Cano Cuevas y los principales directivos de la filatélica, condenados por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales ante la estafa piramidal que se produjo con la compraventa de sellos, que tienen un plazo de diez días para ingresar en prisión.
La Audiencia Nacional condenó en 2016 a once de los trece ex directivos a penas de hasta doce años de cárcel tras determinar que se trató de una estafa de estructura piramidal que afectó a «ahorradores de las clases medias» que buscaban guardar fondos para la jubilación o hacer frente a situaciones de crisis.Los condenados con mayores penas de cárcel son Juan Antonio Cuevas (8 años y 7 meses), Albertino de Figueiredo (8 años y 4 meses), Carlos Figueiredo Escobar (8 años y 6 meses), Vicente Martín Peña (8 años y 5 meses.
La condena fue por estafa agravada, insolvencia punible, falsedad contable, blanqueo y delito contra la Hacienda Pública, aunque posteriormente el Tribunal Supremo estimó parcialmente los recursos de los condenados y redujo en parte las penas.La condena para el expresidente Juan Antonio Cano pasó de 12 a 8 años y siete meses de cárcel, casi cuatro años menos; además de Cano, fueron encontrados culpables Albertino de Figueiredo, fundador de Afinsa, su hijo Carlos y Vicente Martín, todos ellos condenados por estafa, insolvencia punible y falsedad contable a penas superiores a 8 años de cárcel y multa de más de 100.000 euros.Emilio Ballester resultó condenado a 8 años y 4 meses como cooperador necesario, y Francisco Guijarro Lázaro a dos años de prisión y multa de 17,7 millones de euros por blanqueo de capitales; resultaron absueltos como partícipes a título lucrativo Ramón Egurbide y los hijos de Guijarro, Rubén y Natalia.
La condena puso fin a la intervención en mayo de 2006 de esta sociedad de inversión en bienes filatélicos, junto con Fórum Filatélico.El juicio a esta segunda organización se inició el pasado mes de septiembre y está previsto que se prolongue al menos hasta la primavera de 2018.
Según la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los directivos de Afinsa, los clientes seguían los consejos de los agentes comerciales de la compañía "hasta atraer y hacer caer a familiares, amigos, vecinos y conocidos en la red especulativa tejida por los administradores".A cambio la sociedad se comprometía a recomprar los sellos, entregándoles el dinero invertido más una rentabilidad superior a la del mercado financiero, beneficio que provendría de la constante revalorización de la filatelia.
Según la sala, este negocio "era inviable" ya que "la inversión (de Afinsa) era mínima y generaba gastos que aumentaban el déficit patrimonial", como acreditó el agujero de casi 2.600 millones detectado hace más de diez años y que provocó la intervención.
