Ingeniera industrial, MBA y Pade, Rasero es presidenta de Air Liquide en España y, desde este año, de la asociación que representa los intereses de esas grandes empresas amenazadas o que amenazan con la desindustrialización española, AEGE: Acerinox, Alcoa, Aludium, ArcelorMittal, Asturiana del Zinc, Atlantic Cooper, Deretil, Carburo del Cinca, Elnosa, Ercros, GrafTech, Grupo Celsa, Grupo Gallardo, Infun, Megasa, Messer Ibérica, Praxair, SGL Carbón, Suderurgica Sevillana, Sidenor, Air Products de Carburos Metálicos, Solvay, Ferroatlántica, Gamesa y Tubos Reunidos. El peligro español de desindustrialización a la que alude Rasero no consiste tanto en un cierre abrupto de instalaciones como en la pérdida de oportunidades de inversión:
"Lo que nos preocupa en Aege es lo que llamamos la deslocalización silenciosa. Si no tenemos un marco estable y un precio competitivo de la electricidad, puede ocurrir que aquellas inversiones que permitirían a estas industrias ser todavía más eficientes y competitivas no lleguen a realizarse".
Para la presidenta de Aege, la competitividad de las industrias electrointensivas "se ve lastrada por la falta de armonización de los costes eléctricos frente al de los competidores". Según cálculos de Aege, "los precios de la industria son este año hasta un 30% superiores a los de Alemania, lo que obliga a un esfuerzo continuo en el resto de frentes".
La asociación representa los intereses de 27 compañías industriales con más de 20.000 millones de euros de facturación y unos 186.000 empleos entre directos en indirectos. Estas instalaciones consumen más del 11% de la electricidad total en España.
Rasero considera que existen "herramientas" para dotar a las industrias de un suministro eléctrico "competitivo, estable y predecible". La primera sería "reconocer la figura del industrial electrointensivo, como se hace en otros países. Se trata de dar un tratamiento singular a los consumidores extremadamente sensibles al coste eléctrico. En Francia y Alemania, disfrutan de contratos bilaterales a precios competitivos, menores costes regulados y determinadas exenciones", indica. Hasta ahora, los incentivos a estas industrias se han centrado en el mecanismo de interrumpibilidad, por el que se les retribuye a cambio de modular su consumo cuando lo requiera el sistema eléctrico.
Al margen del servicio de interrumpibilidad, que tiene un coste para el sistema eléctrico de unos 500 millones de euros anuales, las grandes industrias están a la espera de otro incentivo para reducir el coste de la electricidad. Se trata de una partida recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 de 150 millones para compensar el coste de financiación de las renovables a través de la factura eléctrica. Pese a figurar en la ley recientemente aprobada, su aplicación se encuentra pendiente de desarrollo normativo. La ayuda se destinará a las industrias en función de la intensidad de la electricidad consumida y de las exportaciones que realicen las empresas.
Esta reducción en el cargo de financiación de las renovables era una de las peticiones de Aege, explica Rasero, que acoge "con satisfacción" la decisión del Gobierno de contemplarla. "Es algo que ya tienen en varios países de la UE para apoyar a su industria, por lo que lo hemos tomado con mucho optimismo", dice.
Rasero también pide que se tenga en cuenta "la voz de la industria electrointensiva" en la nueva ley de transición energética. "Pedimos al Gobierno que su apuesta por la industria sea firme y continuada", afirma.La presidenta de Aege reclama al grupo de sabios que redacta el informe sobre la ley que aparque "cualquier tema ideológico" y no olvide la importancia de la energía para la competitividad del país.
Localización de las 83 fábricas afectadas por el alto coste eléctrico
