viernes,20 mayo 2022
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La Ley Celaá abre un posible conflicto con la Iglesia católica por la asignatura de Religión

Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación
El proyecto de ley Celaá incorpora elementos fundamentales que impiden la consecución de un deseable pacto escolar desde la perspectiva doctrinal socialista, como son las trabas a la concertada, la devaluación de la asignatura de Religión o la rebaja de los requisitos académicos para pasar de curso o conseguir el título de cada etapa. Javier Laquidain, periodista y consultor de comunicación, analiza la situación del debate.

Cuando se discutió el famoso artículo 27 de la Constitución, el objetivo, defendido con ahínco por el socialista Gregorio Peces Barba, era que el texto fuera lo suficientemente ambivalente como para permitir que los dos grandes partidos pudieran aplicar sus respectivas políticas sobre educación. No se pensaba entonces en la necesidad de alcanzar un pacto escolar, una idea que fue fructificando con el paso del tiempo, a medida que se fueron comprobando los serios inconvenientes de hacer fluctuar la política educativa según el partido que estuviera en el poder. 

Centrémonos hoy (cuando los proyectos de ley educativa y de Libertad sexual van camino del Parlamento)en uno de esos aspectos que pueden ser motivo de conflicto inmediato con la Iglesia católica: la devaluación de la asignatura de Religión.

La Religión se elimina del listado de asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato. No computará en la nota media del alumno ni para la obtención de beca. Y se suprime el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.La materia seguirá siendo de oferta obligatoria para los centros, salvo en Bachillerato, y voluntaria para los alumnos, pero no tendrá, como hasta ahora, una asignatura alternativa para los alumnos que no la cursen.

Condiciones equiparables

El Ministerio de Educación y Formación Profesional considera que esta devaluación de la clase de Religión no incumple los Acuerdos con el Vaticano, en la línea de interpretación frívola acreditada tantas veces por Isabel Celaá. Pero, veamos qué dice el texto de los Acuerdos y, en concreto, el párrafo primero de su artículo II: «Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales.»

A todas luces, la asignatura de Religión pierde con esta ley la equiparación con las demás asignaturas fundamentales, lo que abre la posibilidad de enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. A la hora de escribir este texto, la Conferencia Episcopal no se había pronunciado sobre el asunto, y hay cierta expectación por saber como actuará su nuevo presidente, Juan José Omella, más dado a tender la mano que a crear conflicto. Pero es evidente que alguna reacción tendrá que tener ante este asunto.

Desde hace tiempo, algunos sectores de la Iglesia se han expresado favorables a que la Religión salga de la escuela y se imparta en las iglesias. Yo mismo lo he escuchado decir a destacados jesuitas. Pero ese no es el criterio dominante en la Iglesia, y menos en la jerarquía, que mantiene lo especificado en los Acuerdos Iglesia-Estado.

Personalmente, creo que la asignatura de Religión, como materia de adoctrinamiento que es, debería impartirse en las iglesias, y descargar a las escuela e institutos de esta asignatura. Que todos los alumnos deberían recibir la asignatura de valores cívicos, y no solo los alumnos que no elijan Religión, porque la moral cívica basada en los valores constitucionales y los derechos humanos no coincide plenamente con la católica y a ella hay que referir la convivencia en ciudadanía.  

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