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A los tres días de que el Rey y Sánchez recibieran a ACNUR

La ONU critica a España por irresponsabilidad en la Cañada Real y las administraciones pasan pelota

Entidades firmantes del Pacto por Cañada Real Galiana en 2017, con Gobierno del PP de Rajoy

"En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre La Cañada Real, el alto comisionado contra la pobreza infantil del Gobierno español @gasco63 dijo que el Gobierno nacional no es responsable. Lo verdaderamente irresponsable es dejar a los niños sin electricidad en medio del invierno". Esta respuesta del relator de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter,no ha frenado los pasos de pelota: más de 4.000 personas, de ellas 1.800 menores, siguen sin luz desde hace casi 4 meses.
Redacción 17 de febrero de 2021 Enviar a un amigo
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Esos pasos de pelota burocráticos entre administraciones públicas han seguido horas después de la acusación de irresponsabilidad desde la ONU al Gobierno de Sánchez, cuyo alto comisionado contra la pobreza ha vuelto  a decir horas después que la responsabilidad es de los gobiernos regional y local, no del central, mientras que en los últimos días ha protagonizado actos y declaraciones de propaganda en relación con la lucha contra la pobreza. Actitudes similares se registraron tres días antes por parte del Rey y del presidente de Gobierno, que sin intervenir ni aportar soluciones a problemas concretos como el  de los 1.800 niños o 4.000 personas afectadas por el corte de luz en Cañada Real sí recibieron al en sus respectivos palacios de la Zarzuela y Moncloa al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR), emitiendo con ese motivo notas públicas de prensa que se sumaron a otras acciones de propaganda institucional (ver recuadro final).

Tampoco en el Pleno del Congreso celebrado este miércoles para controlar al Gobierno se propusieron soluciones en los enconados debates entre las fuerzas políticas que gobiernan las administraciones central, regional y local, las tres que en 2017 se unieron en un Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, cuando vivían allí 7.283 personas, de ellas 2.548 menores y los tres niveles de Gobierno presentaron un texto de 71 páginas durante la presidencia del PP de Rajoy.  Al contrario, en vez de buscar compromisos para garantizar el suministro eléctrico digno u otros servicios públicos a ese grupo de habitantes u otros afectados por el creciente aumento de la pobreza denunciado desde la irrupción de la pandemia de COVID 19 por numerosas organizaciones internacionales, solo hubo múltiples acusaciones de unos a otros, sin faltar referencias a los resultados de las elecciones catalanas,el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, las demandas independentistas en Cataluña o hasta la absolución de la expresidenta Cifuentes por su falso máster.. Esa tónica se extendió desde las intervenciones del presidente Sánchez del PSOE o el vicepresidente Iglesias de Unidas Podemos  a los oradores del PP, Ciudadanos, Voz, y  grupos nacionalistas e independentistas como el de ERC, cuyo portavoz reiteró la reclamación de solución política pactada y dialogada del conflicto político entre España y Cataluña.



Esa actitud de pasar la pelota a otros había sido la respuesta el martes del citado Ernesto Gasco, Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, que se presenta a veces como "el Gobierno más progresista de la historia": Lo que necesitan los niños de Cañada Real es diálogo y entendimiento, no polémicas o respuestas que no van a ningún lado, para añadir a continuación respecto a la acusación de irresponsabilidad de él y su Gobierno por parte del Relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza que en la carta que le envió al Relator especial de la ONU Olivier De Schutter le explica que no es la «autoridad competente» pero que van a apoyar el acuerdo al que lleguen las administraciones competentes. 

Sin embargo, Gasco sí precisó que la carta que envió como Alto Comisionado contra la Pobreza al Relator de la ONU no es la respuesta oficial del Gobierno al escrito trasladado desde este organismo de la ONU al Ejecutivo el pasado 16 de diciembre. En este sentido, ha precisado que la respuesta oficial la está preparando el Gobierno. La carta de respuesta del Alto Comisionado dijo que fue enviada por el interés que el Relator había manifestado el 16 de diciembre por el caso de una menor de 3 años vecina de la Cañada Real que necesitaba un respirador eléctrico para vivir, pero no como respuesta oficial del Gobierno.

También le explicaba en la misiva, según dice Gasco, las reuniones que han mantenido con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento para abordar la cuestión, e incidía en la necesidad de aplicar el Pacto de la Cañada Real Galiana firmado en 2017.Compartimos la necesidad de poner en marcha mecanismos que solucionen esta problemática, precisó Gasco, asegurando que comparten la preocupación del Relator de la ONU.Pero volvió a repetir que la competencia es de la comunidad autónoma, en este caso de Madrid. A veces desde el exterior no se comprende pero nuestro respeto es máximo a las competencias que tienen en exclusividad las comunidades autónomas y corporaciones locales.

En términos similares de reparto de competencias se manifestó este martes, un rato después de la acusación de irresponsabilidad de Olivier De Schutter, tras el Consejo de Ministros de ayer, la la portavoz del Ejecutivo de Sánchez, María Jesús Montero.
 
Múltiples acciones de propaganda institucional respecto a la pobreza infantil sin soluciones para La Cañada
Esa carta de Gasco al Relator que le tacha de irresponsable fue remitida y filtrada a EL PAÍS el 25 de enero, y  desde entonces ha pasado casi otro mes de invierno, sin cambios por su parte en el discurso  de entonces: Espero que las administraciones territoriales (regional y municipal) encuentren una solución adecuada para que los niños y adolescentes que sufren los cortes de electricidad vean sus derechos garantizados. Recibirán todo el apoyo del Gobierno español en la medida en que este pueda intervenir. Lo contrario sería un abuso de poder inaceptable en un estado de derecho. Pero sí ha habido en los últimos días múltiples acciones de propaganda institucional respecto a la pobreza infantil con participación del Gobierno o incluso del Rey.

Así, el pasado 4 de febrero, el mismo día que Gasco usaba su perfil de Twitter para recordar las responsabilidades ajenas y n la propia, le organizó al presidente Sánchez la presentación de la Alianza Pobreza Infantil 0 como objetivo de Estado, rodeado de 75 aliados empresariales, entre ellos numerosas empresas energéticas y de telecos u ONGs que tampoco han hecho nada efectivo por resolver el problema de Cañada Real con sus acciones sociales y esperan recibir fondos europeos sin control alguno de indicadores del impacto de su cumplimiento legal y RSC, vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 2030) de la ONU . 
Lo mismo puede decirse del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 competentes respecto a esos ODS, que tiene al frente al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al limitarse a anunciar que va a crear un grupo de trabajo con todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas para tratar de resolver la situación en el asentamiento de La Cañada Real.

Asimismo, el pasado 12 de febrero el Rey Felipe se reunió con otro alto comisionado de la ONU para emigrantes, sin referencias al problema de La Cañada. Felipe VI recibió en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el italiano Filippo Grandi. Al encuentro se han sumado la representante de ACNUR en España, Sophie Muller, y la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica de España, Cristina Gallach.
Grandi ha llegado hoy a España procedente de Costa Rica, con lo que ha tenido ocasión de comentar con el rey la situación migratoria en Centroamérica, uno de los principales focos de movilidad de personas que huyen de su países de origen, donde visitó un puesto fronterizo con Nicaragua.
El alto comisionado también expuso la evolución de otras zonas donde hay importantes flujos migratorios de personas que buscan refugio, como Venezuela o Siria. En España, se concedió el pasado año el estatuto de refugiado o protección subsidiaria a 5.127 personas y otras 40.592 la recibieron por razones humanitarias, casi todos venezolanos.Vieron rechazada su solicitud 62.351 casos, lo que supone que se analizaron 116.614 expedientes de protección internacional, casi el doble que en 2019.Grandi asumió el cargo de máximo representante de  ACNUR el 1 de enero de 2016 en sustitución de Antonio Guterres, quien a finales de ese año fue designado secretario general de Naciones Unidas.Durante su visita de dos días a España, el alto comisionado va a mantener diversos contactos con autoridades, entre ellas, con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, con quien va a tener hoy una cena de trabajo, y voluntarios que atienden a refugiados. "Un inmenso agradecimiento a la gente de España por su solidaridad y compromiso hacia los refugiados", afirmó ACNUR (ONG a la que Ibercampus.es como a otras entidades ofrece su sección de RSC) en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente Sánchez informó que se reunió con Grandi y en otro comunicado de prensa desde Moncloa.El presidente del Gobierno aprovechó para destacar el compromiso de España para seguir ahondando en la estrecha colaboración que ambas instituciones han tenido hasta el momento.Este apoyo se refleja en que España, que considera que la solidaridad es una responsabilidad de todos, ha vuelto a formar parte en el año 2020 del Grupo de Principales Donantes de ACNUR, organismo al que considera socio prioritario en temas humanitarios de refugiados.

Añadía que España es uno de los principales receptores de solicitudes de asilo de la Unión Europea. En 2020, con 88.762 peticiones, en su mayoría de venezolanos, colombianos y hondureños, ocupó el tercer lugar en solicitudes. Además, durante el último año, España ha resuelto 116.567 expedientes de protección internacional, casi el doble que en 2019, y nueve veces más que en 2018.España, junto a Italia, Grecia y Malta, dio a conocer en 2020 un non-paper sobre su posición respecto al nuevo Pacto Migratorio y de Asilo de la Comisión Europea. El documento señala que el Pacto es un punto de partida constructivo, que aboga por un mayor equilibrio entre solidaridad y reparto de responsabilidades. Además, aborda la necesidad de encontrar canales seguros de coordinación de migración y asilo que reduzcan los flujos irregulares y contribuyan a una gestión ordenada, con un impacto positivo tanto en los países de destino, como en los países de origen y tránsito.
En el encuentro han abordado especialmente la situación humanitaria de los desplazados en Latinoamérica. Grandi ha agradecido a Sánchez el importante papel de nuestro país en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, en el contexto de la COVID-19, auspiciada de forma conjunta por España y la Unión Europea. El objetivo de esta iniciativa, que recaudó más de 2.500 millones de euros en donaciones y préstamos, era atender las necesidades de los migrantes venezolanos, y reforzar las capacidades de los países de acogida en su lucha contra la COVID19. España, además, anunció una contribución de 50 millones de euros en ayuda a los países de la región que acogen migrantes y refugiados venezolanos, especialmente Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil.
En el mismo comunicado Sánchez añadía que señaló a Grandi que España, en estos momentos al frente de la presidencia de la Asamblea de la Alianza para el Sahel, quiere movilizar a la comunidad internacional para ayudar a la región y, en particular, para abordar la situación de los desplazados forzosos. En este sentido, el presidente ha destacado la necesidad de actuar de manera simultánea en seguridad, desarrollo y asistencia humanitaria y en cooperación migratoria.
Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo también trasladó a Grandi el firme compromiso humanitario del Gobierno y el importante papel que juega España para que la Unión Europea mantenga una política alineada con los estándares de protección que defiende el Alto Comisionado. En este sentido, Sánchez ha destacado que España está trabajando en la actualidad en un Plan de Acción Nacional para la Aplicación del Pacto Global sobre los Refugiados.
Sánchez aprovechaba para reiterar el fuerte compromiso de nuestro país con el acceso universal a la vacuna contra la COVID-19. De hecho, España es uno de los colíderes de ACT-Accelerator, un instrumento clave organizado a través de COVAX cuyo objetivo es que las vacunas lleguen a los países en vías de desarrollo. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el 19 de enero el Plan de Vacunación Solidaria para contribuir a garantizar un acceso justo, asequible y universal a la vacuna.
España y ACNUR, socio prioritario en contextos humanitarios de refugiados, trabajan estrechamente. Por ello, Sánchez ha mostrado el interés de nuestro país en organizar de forma conjunta el acto del 70º aniversario de la Convención de 1951, y en que cuente con una fuerte participación de la sociedad civil. Y terminaba el comunicado diciendo que, como muestra del compromiso del Gobierno, el Alto Comisionado tendrá hoy una amplia agenda de trabajo y se reunirá con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
 

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