sábado,4 diciembre 2021
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Como a 12 autonomías, padres, docentes y estudiantes

Las reválidas LOMCE tampoco gustan al Consejo de Estado

Redacción
Doce comunidades autónomas, sindicatos y asociaciones de padres rechazan las reválidas de ESO y Bachilleraro a las que el ultimo Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes, y algunas amenazan con recurrir el decreto, al igual que sindicatos y asociaciones de padres y docentes. Este afectará el curso entrante a 335.991 alumnos de ESO y otros 229.332 de Bachillerato, según datos del Ministerio de Educación. Pero tampoco gusta al Consejo de Estado,principal órgano consultivo del Gobierno

El  Consejo de Estado ha reclamado conocer el coste de las reválidas, después de que Educación le indicara que esta prueba “no supone incremento o disminución del gasto público por sí mismo”. El Ministerio de Hacienda había pedido lo mismo. A preguntas de EL PAÍS, un portavoz de Educación señala que la de secundaria costará 2,3 millones de euros, como recogía el anteproyecto de la LOMCE y que la de Bachillerato no supondrá un coste adicional porque se compensa al suprimir la Selectividad. Pero este último trámite no cuestiona que la medida haya sido aprobada por un Gobierno en funciones, como critican sus detractores. Su informe, que se acaba de hacer público, es preceptivo pero no vinculante.

El Consejo también pide al Gobierno que aclare cómo es posible que un alumno se pueda presentar al examen final de ESO con dos asignaturas suspensas y obtener el título sin haberlas superado, un aspecto que no aclara el texto final publicado el 30 de julio en el BOE.

En otro punto del documento donde alude a la tramitación seguida hasta aprobar el decreto, se añade: “Llama sin embargo la atención el poco número de asociaciones afectadas que han intervenido en el procedimiento”. Entre las alegaciones, hubo organizaciones que pidieron la participación del Consejo General de la Formación Profesional. El Consejo de Estado admite que no tenían por qué convocarlo, pero “habría sido conveniente conocer su parecer, dado que el proyecto afecta a alumnos que hayan dirigido su formación —o vayan a dirigirla— al ámbito profesional”.

Educación señalaba además en los documentos enviados al órgano consultivo que las evaluaciones tendrían un

efecto “muy positivo” sobre las familias al facilitar información sobre el progreso de sus hijos y garantizar su participación. El Consejo replica que estas afirmaciones “no aparecen respaldadas en estudios que hayan sido incorporados al expediente”.

La prueba de Bachillerato sustituye a la Selectividad. Los que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica. Los que no saquen al menos un cinco en la evaluación de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad, sino a Formación Profesional de grado superior. Durante cuatro días (hasta cinco en las comunidades con lengua cooficial), se enfrentaran una evaluación que, a partir de 2018, deben aprobar forzosamente para obtener un título y pasar de ciclo.

Un portavoz de Educación responde que se han producido hasta nueve reuniones oficiales para debatir su contenido en los últimos dos años. Asociaciones de familias de la escuela pública y los principales sindicatos de enseñanza también se oponen al examen. A las críticas se suma una de las regiones gobernadas por el PP, Castilla y León.

 

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