Millones de personas en todo el mundo dependen del comercio internacional para su seguridad alimentaria y sus medios de subsistencia. A medida que los países adopten medidas para detener la aceleración de la pandemia COVID-19, se debe tener cuidado de minimizar los posibles impactos en el suministro de alimentos o las consecuencias no deseadas en el comercio mundial y la seguridad alimentaria.
Al actuar para proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos, los países deben velar por que las medidas relacionadas con el comercio no perturben la cadena de suministro de alimentos. Esas perturbaciones, en particular la obstaculización de la circulación de los trabajadores de la agricultura y la industria alimentaria y la ampliación de los retrasos en la frontera de los contenedores de alimentos, provocan el deterioro de productos perecederos y el aumento del desperdicio de alimentos.
En España, a pesar de la publicación de una serie de Medidas sanitarias y de seguridad a adoptar en los buques pesqueros frente al COVID-19, el sector pesquero es uno de los más vulnerables en dicha crisis sanitaria y alimentaria. Actualmente atraviesa por la encruzijada de dejar los barcos amarrados para garantizar la salud de sus trabajadores, por no poder cumplir con las medidas de seguridad, o faenar a sabiendas de que no se compra pescado en las lonjas o los precios están muy por debajo de lo normal, según El Español.
Las restricciones al comercio de alimentos, según el discurso de las tres citadas organizaciones internacionales, también podrían estar vinculadas a preocupaciones injustificadas sobre la seguridad alimentaria. Si se materializara ese escenario, se perturbaría la cadena de suministro de alimentos, con consecuencias particularmente pronunciadas para las poblaciones más vulnerables y con inseguridad alimentaria.
Dongyu, Tedros y Azevedo añaden que la incertidumbre sobre la disponibilidad de alimentos puede desencadenar una ola de restricciones a la exportación, creando una escasez en el mercado mundial. Esas reacciones pueden alterar el equilibrio entre la oferta y la demanda de alimentos, dando lugar a alzas de los precios y a una mayor volatilidad de los precios. De las crisis anteriores aprendimos que esas medidas son particularmente perjudiciales para los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos y para los esfuerzos de las organizaciones humanitarias por adquirir alimentos para quienes los necesitan desesperadamente.
Debemos evitar que se repitan medidas tan perjudiciales. A veces es así como más, no menos, la cooperación internacional se vuelve vital. En medio de los bloqueos de COVID-19, debe hacerse todo lo posible para garantizar que el comercio fluya lo más libremente posible, especialmente para evitar la escasez de alimentos. Del mismo modo, también es fundamental proteger a los productores de alimentos y a los trabajadores del sector de la transformación y la venta al por menor para minimizar la propagación de la enfermedad en este sector y mantener las cadenas de suministro de alimentos. Los consumidores, en particular los más vulnerables, deben poder seguir teniendo acceso a los alimentos dentro de sus comunidades bajo estrictos requisitos de seguridad.
Debemos garantizar que la información sobre las medidas comerciales relacionadas con los alimentos, los niveles de producción, consumo y existencias de alimentos, así como sobre los precios de los alimentos, esté disponible para todos en tiempo real, apostando por una accesibilidad global y equitativa. Esto reduce la incertidumbre y permite a los productores, consumidores y comerciantes tomar decisiones informadas. Sobre todo, ayuda a contener la compra de pánico y el acaparamiento de alimentos y otros artículos esenciales, como sí hemos podido ver en los supermercados.