Según recoje hoy ABC y El Confidencial, en vez de expropiar a los propietarios de los suelos, se les integrará en los planes a título de accionistas. Esto quiere decir que tendrán todos los derechos societarios y participarán en el reparto de beneficios de la futura explotación.Hasta agosto pasado había pendientes de autorización por el Ministerio de Industria 55 solicitudes para investigar la existencia de hidrocarburos, otras 68 peticiones ya han sido aprobadas y hay 23 permisos de explotación vigentes.
El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, es quien se marcó como prioridad para el sector favorecer el «fracking» (nombre con el que se conoce la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica) en España, ya que está convencido de que es la oportunidad de oro de un país que importa el 99,8% de los hidrocarburos que consume.
La fiebre por la fracturación hidráulica viene importada de Estados Unidos y va a suponer una revolución en el mercado petrolífero mundial. El Gobierno trata de subirse a la ola aprovechando también el interés de los empresarios privados que están acudiendo al reclamo del fracking. No en vano, en los últimos tres años, desde que comenzó la actual legislatura, el número de permisos solicitados para la investigación de hidrocarburos ha aumentado un 35%. En la actualidad existen ya casi 70 autorizaciones concedidas y otras 60 están en fase de tramitación tanto por el Estado como por las autonomías.
El Gobierno incorporará también antes de que finalice el año un nuevo tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se ubiquen los yacimientos. Una medida que oposición y organizaciones ecologistas interpretan como un intento de ofrecer un aliciente económico a los municipios o regiones reticentes. El pasado verano, Industria propuso que el tipo de tributo fuera del 8%.
