martes,25 enero 2022
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Madrid 1770. Entrevista a Campomanes un político/economista adelantado a su época.

Futurolandia
Mi retorno al pasado me lleva a una capital en fuerte crecimiento, con múltiples palacios y monumentos nuevos, calles empedradas llenas de faroles, sin la suciedad y el mal olor de épocas anteriores. Iba a entrevistarme con D. Pedro Rodriguez de Campomanes, el poderoso fiscal del Consejo de Castilla en tiempos de Carlos III, un adelantado en la política económica del momento.

 Había empezado mi recorrido por lo que podía considerarse el extremo oriental de aquel Madrid del siglo XVIII. Entré por el camino que venía desde Alcalá de Henares, aunque aún estaba sin construir la célebre nueva puerta que Carlos III había decidido levantar, para su mayor honor y honra, un año antes de mi llegada en 1770, pero que tardaría aun diez años en terminarse.

Era la Puerta de Alcalá uno de los muchos proyectos del ingeniero y arquitecto, Francisco Sabatini, uno más de aquellos asesores y políticos que trajo consigo el rey Carlos III al llegar a Madrid en 1759. Nombrado Maestro de las Reales Obras, organizó la limpieza, saneamiento y empedrado de gran parte del centro de la ciudad, numeró las casas e iluminó las calles con faroles que se mantenían encendidos desde el toque de oración hasta las doce de la noche. Incluso tuve ocasión de ver, en mi recorrido por la ciudad, una de las célebres “chocolateras de Sabatini”, como los castizos conocían a unos carros herméticamente cerrados que limpiaban los fosos de recogida de aguas fecales.

Pasé por la Plaza de Toros y el Pósito de Trigo que estaban cerca del Paseo del Prado. A mi izquierda dejaba el Palacio del Buen Retiro y la Real Fábrica de Porcelanas del mismo nombre, que había decidido implantar el rey, en línea con la de Tapices que provenía de tiempos de Felipe V y las nuevas de Tabacos y Coches.

Seguí por la calle de Alcalá hacia arriba, en dirección hacia lo que años más tarde sería la Puerta del Sol, ya ahora presidida por la Real Casa de Correos. Me paré un rato observando el pasear de la variopinta población de vendedores callejeros, clérigos, militares y personajes de muy diferente condición. Traté de imaginarme cómo sería una concentración en ese lugar de veinte o treinta mil personas, que eran las que se habían reunido allí, sólo cuatro años antes de mi llegada, aquel 24 de marzo de 1766, en el denominado Motín de Esquilache.

Muy cerca del Palacio Real, al torcer por la calle Mayor se encuentra la Casa de Cisneros, edificada en 1537 por un sobrino del Cardenal y que ahora era lugar de trabajo de D. Pedro Rodríguez de Campomanes, el poderoso y polémico Conde de Campomanes, en su función de fiscal del Consejo de Castilla.

Hombre enjuto, de rasgos afilados, labios estrechos y ojos penetrantes, su expresión era autoritaria, por muy pausados y amables que fueran sus ademanes. Tenía, en los momentos de mi visita, cuarenta y siete años. Nacido en un pequeño pueblo asturiano de unos 20 vecinos, inició, como tantos otros muchachos del momento, una frustrada vocación religiosa y a su abandono vino a buscar otros aires en un Madrid que crecía en oportunidades.

A mi llegada a la sede del Consejo de Castilla no resultó nada difícil encontrar un funcionario que me atendiese. Lo más complicado era escalar por la red de puestos intermedios que constituían la intrincada burocracia de todo organismo oficial que se preciase. ¡Para algo había que dar acomodo a los 30.000 funcionarios de la administración pública del momento!

 

-Don Pedro,  me he atrevido a solicitar esta audiencia a instancias de Don José Moñino, cuyo padre  es notario en mi ciudad.

-¡Adelante! Ya me había avisado Moñino esta visita y me adelantó que tenía usted una sana preocupación por el bienestar de su comarca.

Aunque mis lectores puedan no recordar quien era este José Moñino, les será más fácil identificarle por el título con el que pasó a la historia cuando años más tarde fue nombrado por el rey Carlos III conde de Floridablanca, en reconocimiento por sus servicios en la embajada de Roma, en particular por gestionar ante el Vaticano la expulsión de los jesuitas. Por el momento, Moñino era el otro fiscal que, junto con Campomanes, suponían el auténtico poder ejecutivo del Consejo de Castilla. Seis años después de mi visita, Floridablanca llegaría a ser un todopoderoso Secretario de Estado. Poco sospechaba mi interlocutor del momento, el Conde de Campomanes, que la ascensión política de Floridablanca terminaría enfrentándoles. En 1783 Campomanes es nombrado presidente del Consejo de Castilla y empieza una sorda lucha política con Floridablanca, que trata de minar sus amplias funciones a favor de una reorganización administrativa que potencie la labor de los ministros en sus áreas de trabajo respectivas. El enfrentamiento terminará con el cese de Campomanes en 1791. ¡Pero esto es otra historia!

-Creo que nadie mejor que usted, como fiscal con amplias atribuciones en el campo económico, para orientarme en mis intenciones de iniciar un movimiento renovador de la actividad a escala local.

-No es para tanto. Más que atribuciones lo que tengo son preocupaciones –me contestó, con cierto sarcasmo, Campomanes-. La realidad es que este Consejo de Castilla tiene muchos campos de actividad y a mi, personalmente, me toca desde la supervisión de espectáculos taurinos o ecuestres, hasta informar los decretos que nos remite su majestad el rey.

-Pero es bien conocido que el Consejo de Castilla ha salido incluso fortalecido de los sucesivos cambios que han ido limando las potestades de otros Consejos Territoriales en favor de los secretarios de Estado. En mi tierra se comenta que su ilustrísima tiene más poder que cualquier ministro y que en cuanto a reformas económicas todo depende de sus dictámenes.

-¡Déjese de tratamientos y lisonjas, Laureano! Sólo soy un pobre fiscal, como Moñino, rodeado de los ocho notarios y veintidós ministros del Consejo, al servicio de nuestro presidente el Conde de Aranda, que comparte con otros muchos notables la confianza del rey nuestro señor, con quien despacha todos los viernes.

-Admiro su modestia, Campomanes, pero de todos es conocido que usted mueve los hilos del poder. ¡Incluso ha conseguido ganar sus batallas con los jesuitas, los manteístas o la Mesta!

-Le veo muy enterado de los recovecos de la alta política, Laureano, aunque exagera mi poder real. Yo sólo realicé una pesquisa secreta hace cuatro años con motivo de aquel motín popular que estalló contra el ministro Esquilache. Pude descubrir que tras la revuelta estaba la poderosa orden de los jesuitas y algunos miembros de la mas alta y rancia nobleza resentidos por su pérdida de poder, como el marqués de la Ensenada, que aún añoraba el control que tenía en tiempos de Felipe V.

-¿Entonces no fue un tema de hambre y de repulsa espontánea a las directrices de un ministro que quería imponer costumbres extranjeras, incluso en la forma de vestir? –pregunté.

-Usted sabe bien que esa fue sólo la bandera de enganche para la movilización popular. Pero lo que estaba detrás era la repulsa de la alta aristocracia y de los manteístas frente a una nobleza de segundo orden, a la que consideraban provinciana y advenediza sin grandes méritos.

¡De algo habían de servirme mis lecturas preparatorias de este viaje virtual al Madrid de 1770! Yo sabía bien que Campomanes, como la mayoría de los miembros de la administración pública reformista que estaba implantando Carlos III, eran “golillas”, nobles ilustrados con estudios universitarios pero que no formaban parte de la alta aristocracia que había conservado los privilegios del poder de la corte durante siglos. Estos últimos tenían asegurada una plaza prácticamente gratuita para su educación universitaria en los Colegios Mayores de Salamanca, Alcalá o Valladolid donde los jesuitas tenían gran influencia, formando una cerrada mafia de ayuda mutua (los “manteístas”) que solían terminar en los más altos puestos del Estado. Fuera quedaban los “golillas”, en busca de un alojamiento digno para su etapa estudiantil y una multitud de nobles empobrecidos (hasta 700.000 en total), la mayoría pequeños hidalgos dependientes de sus escasas rentas, cuando no de su propio trabajo, incluso de carácter manual.

-En cualquier caso –añadí después de una breve reflexión– hay que reconocer que hace falta mucho valor y poder para enfrentarse con la nobleza, la iglesia, los privilegios de la Mesta y hasta con la Inquisición.

-Yo sólo soy un reformista moderado, preocupado por implantar en nuestro país las ideas más modernas de pensadores como Diderot, Voltaire, Montesquieu o Rousseau. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con los restos de una ultramontana y oscurantista Inquisición que ha sido capaz de incluir entre los libros prohibidos a la Enciclopedia, todo un símbolo del saber y del futuro?

-Pero además –añadí por mi cuenta– usted ha luchado contra todo tipo de privilegios. Permítame una pregunta personal: ¿se considera usted un católico monárquico-reformista o un agnóstico-revolucionario, partidario del control del poder real?

-No se equivoque. Yo soy creyente, aunque no un servidor de la jerarquía eclesiástica. Creo que las tierras baldías en poder de la Iglesia o de nobles que no las explotan, deben pasar a ser productivas, pero no por medios que atenten a la propiedad privada. Soy partidario de un monarca que concentre el poder, pero que se preocupe del bienestar de sus súbditos con los que une una especie de contrato social, por el que él reine con el cariño y la dedicación de un padre de familia.

-¿Qué hay entonces de esa reforma agraria de que se habla? –pregunté con fingida ingenuidad.

-Hace unos años publiqué un tratado sobre la regalía de la amortización en que defendía el derecho de una autorización regia antes de que un particular pudiera enajenar sus bienes a favor de la Iglesia. Mi propuesta de ley fue derrotada dentro del propio Consejo, pero pienso seguir luchando. Tenga en cuenta, Laureano, que más del 50 por ciento de nuestros trabajadores trabajan en el campo, proporción que llega incluso al 80 por ciento en Castilla o Extremadura. No estoy dispuesto a aceptar terratenientes alejados de sus campos, jornaleros a bajo sueldo, campesinos con contratos de arrendamiento sin seguridad de futuro, monocultivo de cereales, privilegios del pastoreo sobre la agricultura, costes prohibitivos de transporte para los productos del campo y, como telón de fondo, cada vez más tierras en “manos muertas” que las conservan como un patrimonio propio sin explotar.

El Conde de Campomanes se veía ahora “en su salsa”. No se podía suponer que la mayoría de sus intentos de reforma agraria fracasarían en los años siguientes y que incluso un colaborador suyo, Pablo de Olavide, intendente de Sevilla y administrador de las colonias de Sierra Morena (un ambicioso proyecto de colonización de esas tierras) sería arrestado, sometido a juicio por la Inquisición, condenado por herejía a ocho años de confinamiento en un monasterio, y a la confiscación de sus propiedades, con lo que terminó huyendo a Francia.

Lo que sí le resulto bien, a la larga, a Campomanes fue su lucha contra los privilegios de la Mesta, la poderosa asociación de propietarios de rebaños de ovejas. En aquella época había en España unos cinco millones de ovejas pero, sólo en Madrid, entre 33 propietarios reúnen más de medio millón de cabezas. En pocos años vendría un declinar de esa ganadería trashumante que exigía tierras sin cercas, por el simple hecho de que la elevación del precio de los cereales y las mayores dificultades en el comercio de la lana, inclinaron la balanza hacia las explotaciones agrarias.

No quise dejar más tiempo sin ir directamente “al grano” (nunca mejor dicho) de las cuestiones económicas del momento, empezando por la obsesión que sabía que tenía Campomanes por un mercado libre para la determinación de los precios del trigo, huyendo de políticas tradicionales que fijaban un precio tope.

-Perdone mi osadía, Campomanes, pero el motín de Esquilache de hace cuatro años mostró que sus medidas liberalizadoras no conducían a una estabilidad de los precios del trigo y, por tanto, de un artículo de primera necesidad como el pan. Usted sabe bien, que una mala cosecha puede elevar los precios hasta un 400 por cien. ¿Cuál es ahora su receta?

-Bien sabe que este grave problema estuvo a punto de costarme mi puesto en el Consejo o, al menos, parte de mi prestigio como asesor en cuestiones económicas. Sin embargo, creo que no estoy equivocado al defender que en un país moderno, los precios en general no deben estar intervenidos, para que sea el propio juego de oferta y demanda quien los determine. Si estos se elevan por falta de una oferta suficiente, su mayor rentabilidad conducirá a aumentar así la producción y reducirá los precios.

-Sin embargo, esta es una bonita teoría que parece que no ha funcionado en la práctica –argumenté para provocarle.

-Liberar las fuerzas del mercado sin contar con una reforma agraria y un transporte que permita la circulación de granos más allá de donde se producen, es un riesgo que no podemos eludir por el momento. Debo reconocer que algunos terratenientes avispados han guardado trigo para venderlo, más tarde, a mejor precio. Además, transportar grano en carretas de bueyes por los lentos caminos del país no es la forma más eficaz de luchar contra estas carestías.

-¿Y que hacemos entonces?

-Al tema del transporte le he dedicado una atención prioritaria. Como creo que conocerá, fui asesor general del Juzgado de Rentas de Correos y Postas y me preocupé de mejorar caminos y establecer servicios de postas para la atención de viajeros y recambio de caballos, aparte de las “posadas del rey” que ha venido a implantar Su Majestad para sustituir a nuestras viejas y sucias posadas. Pero, además, tengo mucha confianza en los efectos beneficiosos del Canal de Castilla, que va a ser la principal arteria para la circulación del trigo de Castilla a lo largo de su recorrido hacia los puestos del norte.

No pude evitar una sensación de profunda lástima ante las ilusiones de este hombre, lleno de buenas intenciones que el futuro no confirmaría en una gran parte. En 1804 se abandonaría el libre comercio de cereales y volverían los topes y tasas. Los caminos de España seguirían intransitables durante muchas décadas y continuarían siendo habituales los carros y los viajes personales en mulas, sin una auténtica red de diligencias y con viajes extravagantes de nobles despilfarradores que recorrían caminos con cinco o seis carruajes y multitud de cocineros, sirvientes y mozos. El Canal de Castilla, iniciado en 1753, se iría desarrollando lentamente con sus 72 exclusas y 12 presas, llegando a su máximo esplendor unos 100 años más tarde con 207 Kms. de recorrido y hasta 365 barcos surcándolo para el transporte de mercancías e incluso de personas. Pero, poco a poco, fue progresivamente abandonado hasta convertirse en un curioso (y costoso) residuo del pasado.

No podía despedirme de ese gran político, jurista, historiador y economista que fue el Conde de Campomanes, sin darle una nueva oportunidad de que dejase volar su imaginación utópica y reformista.

-Entonces, ¿cuál es su receta para mejorar el nivel de vida de este país? –pregunté con una sonrisa que procuré que fuese más amable que sarcástica.

-Mire, la postración de España proviene de la existencia de demasiados religiosos y otros ociosos, elevados impuestos, además de una utilización equivocada de nuestra riqueza en los metales preciosos que han provenido de nuestras colonias y que se han identificado erróneamente con la riqueza del país, cuando esta se encuentra en el trabajo de nuestras gentes, en nuestra agricultura y también en nuestra incipiente y descuidada industria.

-Una última cuestión quería plantearle, que es el motivo último de haberle pedido me dedicase su atención. Tengo entendido que usted propone crear unas Sociedades Económicas de Amigos del País en línea con la experiencia de hace unos años de la Sociedad Bascongada y con otras iniciativas similares en otros países.

-Ha tocado otro de mis puntos débiles –me contestó Campomanes recobrando su fuerza de persuasión basada en una convicción profunda-. Hace 20 años propuse en mi “Bosquejo de política económica española” crear unas Juntas Provinciales Ejecutivas para desarrollar iniciativas económicas. Más tarde, hace ahora seis años, pensé que sería más efectivo ir  hacia unas instituciones académicas abiertas a publicaciones y los avances del conocimiento. Ahora tengo “in mente” la idea de promover, con la ayuda de las fuerzas locales, unas asociaciones voluntarias que asesoren a las autoridades públicas y difundan los conocimientos económicos, científicos y técnicos útiles para promocionar la agricultura, la industria, las artes y oficios, así como combatir la pobreza y la ociosidad.

Al apretar la mano de Campomanes en una cordial despedida, me pareció sentir una especie de descarga eléctrica, como si me llegase el efluvio de optimismo innovador de Campomanes. La verdad es que en este punto de las Sociedades Económicas, sí acertaría de pleno. Hasta la muerte de Carlos III en 1788, y con el decidido apoyo de mi interlocutor, se crearían hasta 80 de estas instituciones que jugarían un papel clave en la introducción de nuevas ideas económicas e iniciativas empresariales en la España de finales del siglo XVIII.

Cuando salí a la calle y volví a pasar por enfrente del Palacio Real no pude dejar de pensar, con cierta amargura, en la triste suerte de este intelectual ilustrado que fue el Conde de Campomanes, posiblemente un adelantado de su tiempo. Mientras él trataba de reformar el país, como otros muchos ilusionados consejeros del rey, Carlos III permitía complaciente estas iniciativas, siempre que no afectaran nada a su poder absoluto, a su rutina de una corte de despilfarro y a sus propias costumbres. A pesar de que apoyó ciertas reformas y se preocupó de que mejorase la gestión pública del país, Carlos III nunca renunció a “pequeños detalles” como cazar todos los días del año al menos dos veces y mantener abiertos seis palacios reales entre los que repartía su vida diaria. En junio y parte de julio residía en el Palacio de Madrid; de ahí pasaba al de La Granja y en octubre a El Escorial, para pasar noviembre y diciembre nuevamente en Madrid, trasladarse con toda su corte en enero a El Pardo (donde Sabatini había ampliado el más austero pabellón de caza de Carlos I) y en abril al Palacio de Aranjuez, para repetir sistemáticamente el itinerario.

El gasto normal de toda la Administración Pública era de unos 450 millones de reales anuales, aunque la guerra con Gran Bretaña lo elevó a 700 millones y llevó a emitir vales reales (un antecedente de los bonos del Estado) que se utilizaban de hecho como papel moneda para pagos importantes. Esta fue una de las razones para que en 1782 Francisco Cabarrús fuera autorizado a fundar el Banco Oficial de San Carlos, a efectos de redimir estos vales reales.

Mientras, 160.000 mendigos de la España de entonces vivían de la caridad, una gran parte en la Villa y Corte, y aún era costumbre su leva forzosa para incorporarse al ejercito; los salarios reales (descontada la fuerte inflación) disminuían a pesar de sus bajos niveles de partida.

Un buen puesto en una audiencia, consejo o departamento ministerial podía reportar unos 2.000 reales de plata mensuales, es decir unos 20 o 25 mil al año (algo así como 10.000 euros según mis cálculos más elementales). Una cátedra universitaria suponía algo menos de la mitad. Un soldado de infantería podía cobrar unos 45 reales al mes mas tres cuartos de kilo de pan por día y cuatro meses de permisos pagados para acudir a la cosecha. Un maestro tejedor recibía, en el Madrid de aquellos tiempos, unos 15 reales de salario semanal, un oficial menos de la mitad y un jornalero del campo o un pastor sólo unos 5 reales.

Con uno o dos reales por día era difícil que pudiera comer una persona y mucho menos una familia. Con dos reales apenas se podía pagar medio kilo de pan y algo de carne o tocino. El pan habitual de dos libras (casi un kilo) podía ya costar más de un real y la libra de carne de vaca o de tocino (aproximadamente medio kilo) poco menos de dos reales.

Antonio Pulido twitter.com/PsrA

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