La diputada del PP de Madrid herida en el accidente, Teresa Gómez Limón, exigió el cese de los presidentes de Adif y de Renfe, Gonzalo Ferre y Julio Gómez-Pomar, respectivamente. "En cualquier país democrático estarían ya cesados", dijo. Gómez reprocha a la ministra de Fomento el no haber revisado el proyecto del tramo ferroviario de Alta Velocidad entre Ourense y Santiago que su antecesor, José Blanco, "inauguró con deficiencias y con mucha prisa por cortar la cinta porque había elecciones".
Adif ha encargado un informe a su servicio jurídico para que averigüe qué directivos o cargos de la empresa deben declarar como imputados ante el juez Luis Aláez por el accidente de tren ocurrido el 24 de julio en Santiago. El juez citó a "la persona o personas responsables de la seguridad en la circulación del tramo", pero en el organigrama de Adif hay varios responsables de seguridad con distintas competencias.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró que su departamento brindará "colaboración total y absoluta" al juez instructor para que se conozca "toda la verdad y todas las causas" del siniestro.
EL PERIÓDICO dice en su editorial que la decisión del juez que "supone un necesario ejercicio de sensatez en orden a la correcta delimitación de las responsabilidades por la tragedia". "La decisión judicial cortocircuita la estrategia de Adif -y también de Renfe- de señalar con el dedo al conductor y refugiarse en un presunto cumplimiento de la normativa vigente". Es de esperar que las dudas que ayer expresó la empresa gestora de la red sobre qué persona concreta debe comparecer a la llamada de Aláez no sean indicativas de una actitud poco colaboradora con la Justicia.
La claridad es lo que más se precisa ahora para poder extraer lecciones de lo sucedido y que los españoles recuperen plenamente la confianza en la seguridad del transporte ferroviario". Para devolver algo de credibilidad, alguien debería asumir responsabilidades por lo sucedido. "Pero no parece que vaya a ser el caso. En eso, España sigue donde estaba: en el furgón de cola".
Estas críticas coinciden con las registradas por otro tema de seguridad, en este caso nacional: La condena a Manning por Wikileaks, que la que hoy ve un exceso en nombre de la seguridad el diario EL MUNDO: "La seguridad nacional no puede ser un comodín para arrollar derechos de los ciudadanos, más aún cuando el problema no es tanto la filtración de papeles como los abusos que éstos documentan".
