Organizaciones de mujeres y niñas con discapacidad iberoamericanas urgen protección por la pandemia

Bajo el lema #empoderadasconsororidad, esta tarde del martes ha tenido lugar el primero de estos conversatorios "Confinamiento vs Participación" ha contado con la participación de Marta Valencia (presidenta de CEMUDIS), Anxo Queiruga (presidente de COCEMFE), Cristina Francisco (presidenta fundadora de CIMUDIS), Laura Muñoz (presidenta de FENAMUDIP) y Mónica Álvarez (vicepresidenta de CEMUDIS).

Durante la jornada se han puesto de manifiesto las principales dificultades con las que las mujeres y niñas con discapacidad se han encontrado durante el confinamiento, las principales barreras para acceder a los recursos, o la sobrecarga de trabajo y su efecto en la salud. Además, se ha dedicado un espacio específico para hablar de las reivindicaciones y de los retos que se presentan ante la nueva normalidad. En este espacio, las asistentes han podido participar activamente con sus propuestas.

El lema de este primer conversatorio recoge muy bien las conclusiones del mismo, en las que se ha destacado la importancia de trabajar en red y de estar unidas en la defensa de sus derechos, así como la importancia de visibilizar y dar voz a las mujeres con discapacidad, estar presentes en todos los espacios públicos y que se escuchen las reivindicaciones de todas.Esta actividad cuenta con la financiación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y de la Fundación ONCE.

Manifiesto contra el aumento de las desigualdades

Para concluir la jornada, se ha procedido a la lectura de un manifiesto conjunto de todas las entidades promotoras de esta iniciativa, donde se indica lo siguiente:

Debido a la pandemia provocada por el COVID-19 se están profundizando las desigualdades sociales y económicas preexistentes, impactando especialmente en los colectivos más vulnerados.Las mujeres y niñas con discapacidad viven cada día situaciones de discriminación de carácter interseccional que las oprimen y relegan a espacios de invisibilidad social y extrema vulnerabilidad.

Durante la pandemia del COVID-19 estas situaciones se han visto agravadas ante las dificultades que se han encontrado para acceder a los recursos de protección sanitaria, jurídica y económica necesarios para su autonomía, seguridad jurídica, cuidado y bienestar.Alguno de los efectos que la pandemia está teniendo ya en el colectivo de mujeres y niñas con discapacidad son:  

• Muchas mujeres y niñas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad orgánica, son población de alto riesgo ante el COVID-19 por el impacto que el virus puede ocasionarles y, en este momento, se están encontrando sin recursos para poder acceder, con seguridad, a sus tratamientos farmacológicos o tratamientos sanitarios especializados.
• Las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género se han visto obligadas a permanecer confinadas en el hogar junto con su agresor, quedando completamente expuestas y desprotegidas, sin mecanismos de defensa ni cauces para comunicar o denunciar su situación. Además, es preciso incorporar de forma urgente medidas de apoyo psicológico para paliar el grave daño emocional del confinamiento sobre su autoestima y dotarles de herramientas para salir de la situación de violencia en la que viven.
• Destrucción masiva de empleos, especialmente aquellos menos estables y ocupados principalmente por mujeres. Las mujeres con discapacidad trabajadoras, además, se encuentran con mayores dificultades para reincorporarse a sus puestos de trabajo debido a que los desplazamientos urbanos no son accesibles ni contemplan las medidas de seguridad necesarias para su protección.
• En general, las mujeres con discapacidad ocupan empleos menos seguros y peor remunerados.  El 34% de las mujeres con discapacidad en activo, tienen trabajos temporales y al menos el 42% de las que trabajan perciben un salario inferior a 900€. Además, según datos de CEMUDIS antes de la pandemia, el 51,6% de las mujeres con discapacidad en España no podían afrontar gastos imprevistos superiores a 650€. Por lo tanto, la situación que están viviendo ante la pérdida de sus empleos o las incorporaciones a un ERTE, no les permite cubrir necesidades mínimas para su cuidado y autonomía. Muchos de estos hogares, además, tampoco disponen de recursos telemáticos para trabajar o estudiar a distancia, hacer gestiones con la administración pública y acceder a tratamientos sanitarios durante el confinamiento.
• El incremento del desempleo en las mujeres con discapacidad tendrá efectos devastadores y producirá un retroceso en los avances logrados en los últimos años en cuanto su autonomía y participación en la vida social, cultural y económica.

• Garantías de protección laboral a las trabajadoras con discapacidad, especialmente a aquellas que ocupan trabajos temporales, así como una red de ayudas para el emprendimiento.
• Proporcionar bonificaciones y subsidios para contratar servicios infantiles para las trabajadoras con discapacidad que no pueden teletrabajar.
• Dotación económica o de recursos básicos para los hogares más vulnerados en los residen mujeres y niñas con discapacidad, con el fin de evitar su marginación del sistema; y que puedan disponer de equipos de protección sanitaria, suministros básicos, servicio de internet y telefonía, dispositivos tecnológicos que permitan el trabajo o el estudio a distancia, o el acceso a cuidados domiciliarios, entre otros.
• Incorporar medidas para su acceso a los tratamientos sanitarios y farmacológicos especializados que necesitan, así como la prestación gratuita de servicios de información y atención psicosocial.
• Garantizar el derecho a la educación de las niñas con discapacidad a través del acompañamiento personalizado en su progreso de aprendizaje, la dotación de recursos tecnológicos para su formación a distancia y la adaptación a una nueva normalidad.
• Garantizar su derecho a la información de forma accesible y adaptada a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad para que puedan comprender, participar y adaptarse a la nueva normalidad.
• Elaborar planes de acción nacionales para la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra toda forma de violencia, así como adaptar los planes existentes a la nueva realidad que se plantea ante el COVID-19.
• Facilitar los mecanismos de acceso a la justicia a las mujeres y niñas con discapacidad, así como implementar medidas para su protección y resarcimiento justo y eficaz por el daño ocasionado.
• Promover que la nueva normalidad se construya teniendo en cuenta la perspectiva de género en las ciudades, que sean inclusivas, seguras y accesibles para las mujeres y niñas con discapacidad.
• Dotar de recursos a las entidades sociales que representan y atienden al colectivo a través de servicios especializados y adaptados a sus necesidades, para que puedan continuar con su labor de denuncia, sensibilización y protección de las mujeres con discapacidad en especiales situaciones de vulnerabilidad.
• Necesidad de la integrar la perspectiva de la discapacidad de género en la definición e implementación de medidas de protección durante el desconfinamiento.
• Evaluación del impacto que está teniendo de la pandemia del COVID-19 en las mujeres y las niñas con discapacidad desde una perspectiva integral.