jueves,18 agosto 2022
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Partidos y profesionales deAPRI urgen extender transparencia

Persiste la insatisfacción por el control del lobby en España tras su regulación por el Congreso

Redacción
Con la abstención del PP y los votos en contra de Vox, el Congreso de los Diputados aprobó este martes la proposición del PSOE para delimitar la influencia de los grupos de presión sobre los diputados. La mayoría de los partidos, al igual que expertos consultados por Ibercampus.es, han pedido que la medida se extienda al Poder Ejecutivo y al resto de instituciones del Estado, como sucede en otros países. La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) expresó su satisfacción

Este primer intento de regulación español que se pueden observar algunos aspectos positivos, como la prohibición de ser contratado por lobbies después de haber sido diputado, dice a Ibercampus.es el economista y doctor en sociología Andrés Villena Oliver, cuya tesis y último libro disecciona las redes de poder españolas tras los gobiernos de Zapatero y Rajoy, con algunas menciones al primer Gobierno de Pedro SánchezAlgo que está ocurriendo actualmente en numerosos casos, principalmente en el PSOE y el PP, pues existe, de hecho, una consultora bipartidista con diputados y exministros de estos dos partidos. Esta prohibición y la previsión de sanciones podría influir en este tipo de puertas giratorias y conflictos de intereses, pero también, y quizá más importante, en un cambio de percepción de este fenómeno social, totalmente permitido hasta ahora. 

La Proposición de reforma aprobada para reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados e incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés, que ha superado su primer trámite parlamentario, al aprobar el Pleno de la Cámara su toma en consideración por 207 votos a favor, 53 en contra y 88 abstenciones, busca implantar una serie de obligaciones que serán de aplicación a la interacción entre los grupos de interés con miembros o empleados públicos del Congreso o de los grupos parlamentarios. El texto subraya que este Título XIV del Reglamento del Congreso debe concebirse como "un instrumento para fortalecer la transparencia en el ámbito de la política" y define de forma precisa lo que debe entenderse por grupo de interés y por actividad de influencia. Los grupos de interés deberán inscribirse en un Registro para poder actuar en el Congreso. Su información básica y las materias objeto de interlocución con los diputados serán publicadas en la web de la Cámara. El articulado establece, entre otras cuestiones, un régimen sancionador para los diputados y grupos parlamentarios que incumplan las obligaciones contenidas en el Reglamento y en el Código de Conducta de las Cortes Generales.

Esa extensión de la regulación de los lobbistas al Gobierno central y los autonómicos, municipales e instituciones públicas se considera por los expertos consultados especialmente importante ahora que ya están planificadas las ayudas europeas por valor de 140.000 millones de euros que espera España los próximos años, justo cuando van a empezar a aprobarse y a ejecutarse los proyectos, pues sigue la alarma entre expertos en cumplimiento legal al levantarse el rigor. Uno de los ministros más adelantados al respecto es el de Administraciones Públicas, Iceta, quien aceptó reciente regular los lobbies y frenar el abuso y el fraude en el empleo público.  Pero subsiste la idea de que falta mucho para evitar que el lobby y las puertas giratorias sigan alimentado la corrupción, y de hecho pocas empresas como Google declaran invertir en lobby en Europa y no dicen nada en sus informes de RSC. Así, junto a los profesionales que defienden transparencia en su actividad y piden desde hace años regular el sector  con más transparencia hay muchos competidores opacos, mientras las empresas del Ibex35 piden más de 100.000 millones de las ayudas europeas asignadas a España y según el G20 la corrupción es ya con la pandemia "la mayor amenaza" de economias y sostenibilidad. Abogados, consultores y auditores son otras profesiones que lo practican, mientras los matemáticos españoles crearon un grupo al efecto y los economistas pidieron regular la actividad contable cuando anunciaban un potente `lobby` europeo pro pymes,  al tiempo que los auditores pidieron colaborar con los interventores públicos en el control de las ayudas europeas

No obstante, Villena asegura que las formas en que sector público y privado encuentran hasta llegar a estos conflictos de intereses son sumamente amplias. Desde las puertas giratorias más explícitas -los movimientos de altos cargos de rango menor al de ministro o secretario de Estado hacia el sector privado son continuos-, e incluso otros tipos de fenómenos, como las relaciones que existen entre determinados altos funcionarios y empresas privadas o universidades privadas donde se imparten cursos, por ejemplo, relacionados con estrategias de optimización fiscal. Deberían existir sanciones para estos supuestos desde hace ya mucho tiempo.  Se trata, en cualquier caso, de un primer intento que, no obstante, debe venir acompañado por nuevas medidas que contribuyan a ese cambio de mentalidad y cambio de política. Aquí juega un papel muy importante el alto funcionariado, que no queda cubierto por este proyecto de ley; un alto funcionariado aspiracional en gran medida y que completa su carrera administrativa con destacados puestos en grandes empresas, interesadas por la cualificación y la información adquirida por este tipo de altos puestos. Villena, además de dar un largo centenar de nombres en su libro, distingue varios sectores especializados dentro de los cuerpos de funcionarios de élite donde más actúan las puertas giratorias: técnicos comerciales y economistas del Estado, administradores civiles o antiguos TAC (Técnicos de la Administración Civil), diplomáticos, inspectores de hacienda (citados como inspectores contra Hacienda al describir a Cristobal Montoro y su hermano exdirector del CIS y otros profesores de la Universidad Autónoma de Madrid), jueces y los fiscales «son también muy importantes, en especial, y otros catedráticos universitarios.

Por su parte,  José Carlos González,  responsable de Sostenibilidad Empresarial e Inversión Socialmente Responsable en Comisiones Obreras(CC.OO), declaró a preguntas de Ibercampus.es: Muy resumidamente, mi opinión, que expuse en su día en el paralizado CERSE (Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, recientemente renovado para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 2030), es que urge esta regulación, dada la trascendencia para el futuro de la Democracia, que tendrán los procesos participativos en torno al concepto de gobernanza sostenible, la necesidad de una transparencia efectiva, y la evidencia del mal funcionamiento de los procesos de participación de los denominados grupos de interés. Puede comprobarse hoy en relación con el reparto de los fondos de recuperación ( por un futuro de verdad sostenible para la #NextGeneratión ), y también, para que las promesas y 'meas culpas' de Davos (¿un capitalismo para los grupos de interés? ¿fin de la Escuela de Chicago y de M.Friedman?) no queden de nuevo el sólo márqueting …  () En el CERSE llegué a elaborar una propuesta concreta, a la que se llega desde el artículo que he recuperado).

Solo 7 empresas del IBEX35 detallan la actividad de lobby que llevaron a cabo a lo largo del ejercicio: Acciona, Amadeus, Caixabank, Enagás, Endesa, IAG, Mediaset

Desde el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), su Coordinador, Orencio Vázquez, afirma: A nivel nacional la situación del lobby no está regulada, algo que, junto a la multitud de casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos años y que involucran a entidades públicas y corporaciones privadas, ha provocado que la palabra lobby tenga una connotación negativa, llegando a asimilarlo con el tráfico de influencias. Por ello en el Observatorio acogemos con expectativas positivas la propuesta de reforma presentada en el día de ayer. El Informe sobre Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales en España del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), publicado en junio de 2019 concluye que “el lobby sigue estando en el centro del trabajo legislativo parlamentario, pero sin producir resultados concretos". Además del registro de las reuniones que se mantengan con parlamentarios, habría que incluir otras medidas como que se incluya información sobre las empresas en las que los parlamentarios tienen acciones o participaciones, los regalos que reciben, los viajes a los que son invitados, los tipos de interés que pagan por sus hipotecas y sus ingresos por actividades complementarias, como dietas y compensaciones. También es especialmente importante la autorregulación de las empresas a través la aprobación de un Código de conducta del lobista, que establezca las pautas de actuación marcadas por la compañía en su representación frente a terceros, formación específica sobre los riesgos asociados a esta actividad dirigida a las personas encargadas, así como unos mecanismos de control y seguimiento apropiados. En este sentido solamente 7 empresas del IBEX35 detallan la actividad de lobby que llevaron a cabo a lo largo del ejercicio: Acciona, Amadeus, Caixabank, Enagás, Endesa, IAG, Mediaset. Todas ellas mencionan haber realizado funciones de lobby en materias de desarrollo regulatorio o políticas públicas relacionadas con su ámbito de actividad, relacionándose para ello con diversos tipos de instituciones (autonómicas, nacionales, europeas e internacionales). 5 de ellas mencionan iniciativas legislativas concretas: Acciona, Caixabank, Mediaset, Endesa, IAG; y solamente una, Acciona, menciona reuniones concretas en el contexto de su función de lobby.

Los lobistas profesionales y transparentes,  satisfechos. María Rosa Rotondo, presidenta deAPRI: “El diálogo entre intereses públicos y privados es fundamental y su regulación garantiza la transparencia del debate democrático"

La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), entidad que representa a los profesionales españoles del sector del lobby y asuntos públicos,  acogió este miércoles con satisfacción en una nota pública la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso, regulación que APRI viene demandando desde hace más de una década en España, para tener una regulación similar al Registro de Transparencia que ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

 

A la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista se suma también la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Ambos textos coinciden ampliamente con las posición de APRI, que define como lobista o grupo de interés a todo aquel que trate de influir sobre el proceso de adopción de una decisión pública. Proponen igualmente, el establecimiento de un registro de grupos de interés público y obligatorio en el Congreso, que incluya el compromiso de cumplir con un código conducta y cuyo incumplimiento derivará en la aplicación del régimen sancionador. Ambas propuestas también prevén las existencia de una huella normativa pública que muestre los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación de una norma o política pública.

 

Para los lobistas, la regulación de las relaciones entre los poderes públicos y lo grupos de interés en el poder legislativo traerá un impacto positivo, ya que garantizará la transparencia en la toma de decisiones, reforzará la seguridad jurídica de las normas y facilitará la igualdad de trato y acceso a los representantes públicos bajo unos mismos criterios éticos para todos los grupos de interés.

 

María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, ha declarado: El diálogo entre intereses públicos y privados es fundamental, y tanto la iniciativa del PSOE como la del PP cuyo objeto es regular las relaciones entre diputados y los grupos de interés, garantiza la transparencia del debate democrático y disminuye el efecto de desafección ciudadana hacia las instituciones públicas y los políticos.

 

APRI recuerda que la Constitución Española diseña un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por este motivo, la Asociación desde sus inicios, ha abogado por regular la participación de los grupos que representan ideas e intereses en el proceso de toma de decisiones públicas y de elaboración de normativa, una cuestión que, además, la mayoría de las democracias modernas han considerado necesario implementar.

 

Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo en esta profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y el lobby una profesión de reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de interés general que toman los decisores políticos y los restantes poderes públicos de la Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

 

APRI cuenta con más de 150 profesionales y 14 organizaciones que abogan por la normalización de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además, fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales de profesionales de asuntos públicos europeos. Ver la Propuesta de regulación de APRI.

 

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