jueves,18 agosto 2022
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Ultimado por Industria, mientras pierde empresas energéticas

Prácticas obligadas e incentivar la colaboración privada, eje educativo del plan reindustrializador

Redacción
Dos son los ejes educativos planteados en el plan del Gobierno para reactivar la industria con diez líneas de choque: la realización de un periodo mínimo de prácticas profesionales como requisito indispensable para obtener cualquier titulación, y los incentivos a la la colaboración público-privada entre entidades públicas, centros educativos y empresas. El plan está siendo ultimado desde hace un mes, después de que el Consejo de Ministros del pasado 11 de julio asumiera las línea básicas.

El plan anunciado oficialmente hace un mes ha sido diseñado por Industria, cuyo titular, José Manuel Soria, está afrontando estos días la pérdida de inversiones en el sector estratégico de la energía: el replanteamiento de la partición italiana en Endesa y la marcha de la alemana E.ON, que según la prensa especializada cambian el mapa energético, mientras las eléctricas tradicionales (Iberdrola, la propia Endesa y Unión Fenosa, que suman cerca del 90% del mercado interno) se disputan los activos de E . ON en España y en el sector de renovables los fondos internacionales demandan a España 1.000 millones de euros ante el Banco Mundial por la reforma eléctrica, que limitó las ayudas a las energías verdes. Se trata del mismo Ministerio que cifra en 250 millones el coste de la antenización de la nueva infraestructura televisiva TDT, tras confirmar que sacará cinco canales a concurso y cobrará por ellos. 

Entre tanto, siguen las filtraciones del plan de reindustrialización de España, que aboga por pymes grandes, estímulos de demanda y un suministro energético competitivo, además de la recuperación tecnológica tras años de reducciones en el presupuesto de investigación y desarrollo (I+D), donde las principales iniciativas propuestas son el fomento de la orientación comercial de los proyectos de I+D+i, reforzar la utilización eficiente de los recursos destinados a la inversión en I+D+i , simplificar los programas de apoyo al I+D+i, establecer incentivos a la colaboración público-privada entre entidades públicas, centros educativos y empresas; lanzar programas de apoyo al I+D+i conjunto de proveedores y fabricantes, y captar expertos internacionales en gestión de programas de I+D+i para el sector privado.

En otra de las diez líneas básicas anunciadas por el Gobiernotras el Consejo de Ministros del 11 de julio, el documento también aspira a adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas, desde el reconocimiento de que el sector privado reclama una adaptación urgente del modelo formativo a las necesidades reales de las empresas. “Un enfoque más práctico de los planes de estudio, una relación fluida entre centros educativos y empresas privadas, y una apuesta decidida por aumentar los contratos en formación y los periodos de prácticas destacan como algunos de los principales retos en este campo. Actualmente España se sitúa a la cola de la Unión Europea en este último punto, donde las iniciativas propuestas tienen como objetivo aumentar en 150.000 el número de jóvenes de entre 18 y 24 años que realiza algún tipo de prácticas o contrato temporal de formación cada año, para alcanzar así el nivel medio de la Unión Europea”, dice el documento base. 

El plan de Industria trata de responder a la estrategia comunitaria de recuperación del peso de la industria en la economía, en el que se ha contado con la colaboración de los principales agentes del sector y cuyo contenido incluye diez líneas de actuación y cerca de un centenar de medidas. Se denomina «Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España», y parte de la premisa de que el sector industrial «puede y debe jugar un papel clave en el proceso de recuperación de la economía española» y de que «tiene margen de maniobra para convertirse en los próximos años en uno de los motores» de crecimiento.

El documento sigue casi al pié de la letra un informe presentado a finales de 2013 por Boston Consulting Group (BCG), a partir del cual la Secretaría General de Industria y de la Pyme organizó cuatro foros de discusión en el que participaron patronales, sindicatos y empresas del sector. Además de las patronales Ceoe y Cepyme, y de los sindicatos UGT y CC OO, en la elaboración del documento han participado la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la de papeleras Aspapel, la de bienes de equipo Sercobe, la de alimentación FIAB, la de automoción Anfac y la de telecomunicaciones Ametic.

También se han sumado a la labor empresas como Acciona, Cemex, FCC, Acerinox, Airbus, Alcoa, Gamesa, Celsa, Ferrovial, Fertiberia, Elecnor, Duro Felguera, Almirall, Ence, Canal de Isabel II, Roca, CAF, Ferroatlántioca o Agbar, entre otras.

Acciones y medidas específicas: empresas

El resultado de la reflexión han sido diez líneas de actuación, cuatro de ellas de ámbito nacional, dos internacionales y otras cuatro con carácter transversal.La primera línea se propone estimular la demanda de bienes industriales y, para ello, incluye medidas como potenciar planes de estímulo, apoyar la inversión financiera en sectores estratégicos industriales o incluso fomentar el consumo de productos industriales fabricados en España, a través de campañas organizadas por Industria.La segunda línea consiste en una mejora de la competitividad de los factores productivos clave, lo que pasa por aplicar medidas comola reducción de los costes de transporte, la mejora de las redes y conexiones nacionales y europeas, y la optimización de los costes laborales de las empresas industriales.

Otro de los aspectos en los que pone énfasis el plan de Industria es el de la necesidad de asegurar un suministro energético «estable, competitivo y sostenible», para lo que se recogen siete medidas específcas de impulso del mercado interior energético, de mejora de la eficiencia y de mayor implantación de equipos de gestión energética. Otras líneas de actuación consisten en el refuerzo de la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español y en el incremento de la eficiencia y una mayor orientación a los retos de la sociedad desde la óptica de la I+D. Sin embargo, pese a esta literatura la política energética actual introduce riesgos para la actividad y el empleo en actividades citadas y otras como la biomasa de Ence.u  

El plan contempla una línea de actuación enfocada en la creación de un entorno que promueva el aumento del tamaño de las pymes, y otra destinada a apoyar el crecimiento y profesionalización de este tipo de pequeñas y medianas empresas. El documento también aspira a adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas, aumentar el peso de la financiación no convencional en las empresas industriales, apoyar la internacionalización de las empresas y orientar la capacidad de influencia de España a la defensa de los intereses del sector 

Cómo adaptar el modelo educativo 

Para adaptar el modelo educativo a las necesidades de las empresas, el documento de base dice que España debe mejorar la inserción laboral de sus estudiantes reforzando la orientaciónpráctica del modelo educativo y la relación con las empresas, con la siguiente literatura: 

A pesar de la elevada formación y el amplio reconocimiento internacional del que gozan los profesionales españoles, el desempleo entre personas con formación superior se ha triplicado entre 2007 y 2013. Hace algunos meses, Alemania firmaba un memorando de entendimiento para dar empleo a 5.000 jóvenes españoles al año debido a su “demostrada excelencia” y el número de profesionales, especialmente con formación técnica, que buscan desarrollar su carrera profesional fuera de España, sigue aumentando. Nuestro país ocupa el quinto puesto de la Unión Europea por número de ingenieros y científicos, y diversos organismos internacionales señalan la disponibilidad de capital humano de alta cualificación como una de las fortalezas en las que España debe basar su recuperación. 

Sin embargo, desde el sector privado se insiste en que el modelo educativo español no responde a las necesidades reales de las empresas y que la relación entre éstas y los centros formativos sigue siendo insuficiente. Esta situación convierte la búsqueda de un primer empleo de calidad en una de las principales barreras que dificultan la integración de los estudiantes enel mercado laboral. Es necesario por lo tanto, poner en marcha medidas que impulsen un modelo educativo más práctico y coherente con la demanda real de las empresas, que facilite la puesta en valor de nuestro capital humano.

Los esfuerzos por desarrollar un modelo basado en el aprendizaje activo de los alumnos frente al modelo tradicional centrado exclusivamente en la asimilación de conocimientos han comenzado a dar sus primeros frutos. Sin embargo, el reducido número de estudiantes que compaginan su formación con algún tipo de experiencia profesional dificulta su transición hacia el mercado laboral. A día de hoy, menos del 1% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años tienen contratos de formación o prácticas en empresas frente al 5% en el conjunto de la Unión Europea. Sería necesario aumentar en 150.000 el número de jóvenes con este tipo de contratos para que España se igualase con la media de sus socios comunitarios. 

Medidas de reforma educativa para la reindustrialización española, según el documento base

Si bien el modelo educativo alemán no se puede replicar de forma literal en España, su enfoque práctico y su éxito en la inserción laboral de los estudiantes aconsejan la toma en consideración de algunos de sus elementos clave. En Alemania, el 23% de los jóvenes de entre 18 y 24 años que cursan programas de formación profesional o estudian en la universidad llevan a cabo, de forma simultánea, prácticas en empresas. Además, el sistema alemán ofrece, desde la educación secundaria, numerosas alternativas de formación práctica en función de los intereses del alumno, y mecanismos que permiten realizar cambios de itinerario para acceder a los estudios universitarios desde las diferentes opciones, incluyendo las de perfil más práctico. 

La elevada flexibilidad de este modelo, unida al apoyo institucional y empresarial que ha recibido, ha aumentado el prestigio social y la popularidad de las opciones más prácticas y ha permitido ajustar la oferta educativa a la demanda real del sector privado. El papel de las empresas y su relación con los centros educativos será fundamental para la consecución de estos objetivos. Actualmente, la cooperación entre estos dos ámbitos resulta insuficiente y no favorece una transición fluida de los estudiantes hacia el mercado laboral. 

Las universidades y centros formativos deben ofrecer a la empresa privada convenios de colaboración de mayor alcance, con calendarios y horarios lectivos más flexibles que permitan al estudiante compaginar ambas actividades. Al mismo tiempo, resulta imprescindible reforzar el peso de las prácticas dentro de los planes de estudios, fijando un número mínimo de horas que cualquier alumno deba realizar para poder obtener su título, designando profesores-tutores que supervisen estos programas y asegurando una correcta evaluación del trabajo realizado por los alumnos. 

Además, los centros de formación deberían fomentar la transferencia temporal de personal docente e investigadores a las empresas privadas, así como el desarrollo de proyectos de I+D+i cofinanciados. Por su parte, las empresas privadas deben aumentar la oferta de puestos en prácticas para estudiantes y establecer mecanismos que posibiliten su posterior incorporación como empleados. Sin embargo, es indispensable evitar una utilización de este tipo de programas como vía de contratación de personal temporal a bajo coste. Esta situación resultaría incompatible con la consecución de los objetivos propuestos y amenazaría la credibilidad del modelo en su conjunto. En caso de ser necesario, y sólo de forma temporal, se podría llegar a estudiar la posibilidad de establecer cuotas mínimas de estudiantes en prácticas en todas aquellas empresas que contraten con las Administraciones Públicas o reciban algún tipo de ayuda o subvención.

Síntesis de iniciativas propuestas

• Fortalecimiento de la inserción laboral de los estudiantes y profesionales noveles

• Fomento de una relación dinámica entre la universidad y las empresas

• Ampliación de los programas para incluir asignaturas de emprendimiento en universidades y centros de formación profesional

• Desarrollo de programas de mejora de la percepción de la formación profesional 

• Involucración de las empresas privadas en el diseño de los programas formativos y planes de estudio

• Flexibilización de las condiciones para pasar de la formación profesional a la universidad

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