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Sabadell y Caixabank sacan su sede de Cataluña con apoyo central para seguir al abrigo del euro

Luis de Guindos, ministro de Economía

El Gobierno aprobará este viernes un decreto-ley consensuado con PSOE y Ciudadanos para facilitar la salida de empresas de Cataluña solo con la aprobación de su consejo de administración, sin pasar por una junta de accionistas que la demoraría al menos un mes. La medida facilitará el traslado a CaixaBank, cuyos estatutos no permiten el cambio de sede con un mero acuerdo del consejo, como si decidió este jueves Banco Sabadell. Ello permitirá a ambos mantener el crédito del Banco Central Europeo.
Redacción 6 de octubre de 2017 Enviar a un amigo
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Banco Sabadell justificó el traslado en la necesidad de "proteger" los intereses de sus clientes, accionistas y empleados, en tanto CaixaBank celebra este viernes un consejo de administración extraordinario para debatir el cambio de sede, en principio, a Palma de Mallorca. Cataluña perderá con estas medidas los impuestos de las entidades que se acojan a las mismas. Además de garantizarse así el crédito del Banco Central Europeo, los bancos de países comunitarios del euro (y Cataluña no lo sería en caso de independizarse de España) tienen a su disponibilidad el acceso europeo a las garantías de depósitos hasta 100.000 euros por cliente en caso de crisis o desbandada de depósitos. 

El golpe de efecto de Sabadell anunciando el traslado le permitió el jueves rebotar al cierre de la Bolsa un 6,16% y Caixabank rozó el 5%. Pero este viernes, en cambio, han vuelto las ventas y Sabadell ha perdido cerca del 2% al cierre de sesión. Caixabank también se ha dejado un 0,58%.En las últimas semanas, Sabadell se había dejado más de 1.500 millones de euros de valor bursátil y CaixaBank más de 2.000 millones, aunque todavía acumulan en lo que va de año repuntes cercanis al 20% y del 24%, respectivamente. En el mercado continuo, el último en anunciar el traslado de su sede de Barcelona a Madrid ha sido Dogi, que desde que ha sonado la campana permanece inhibida de cotización.

Los resultados del referéndum del 1 de octubre ya son oficiales fueron proclamados este viernes por el Govern de la Generalitat enviándolos al registro del Parlament de Catalunya, de lo que ha informado en una nota de prensa distribuida a los medios. Según la ley del referéndum, tras la proclamación de estos resultados comienza un periodo de dos días para que el Parlament se reúna en sesión plenaria para hacer una declaración formal de independencia. La acción incumple abiertamente la ley del referéndum, aprobada por el Parlament y suspendida por el Constitucional, ya que ésta preveía en su mismo artículo 4 que la proclamación de los resultados le corresponde a la Sindicatura Electoral y no al Govern,  desactivada por la dimisión de todos los miembros para evitar la amenaza de multas. Finalmente la participación certificada es de 2.286.217 personas, un 43,03% del censo, y 23.793 más que en los datos presentados el 1-O, siendo el 'sí' el 90,18% y el 'no' el 7,83%.

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente entre tanto el pleno del Parlament del próximo lunes 9 de octubre en el que tenía previsto comparecer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para "valorar los resultados del referéndum del 1 de octubre y sus efectos" y en el que posiblemente se pretendía proclamar la declaración unilateral de independencia de Cataluña. La orden se produjo tras admitir un recurso de amparo presentado ayer por la mañana por diputados del PSC. El Tribunal indica que en este caso concurre "urgencia excepcional" ya que la celebración del pleno "produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación".

La preocupación por la independencia se triplica entre los españoles, según el barómetro de septiembre del CISLa prensa diaria también este viernes que la mayoría silenciosa rompe el monopolio independentista en las calles: Societat Civil Catalana convoca una manifestación el domingo para "recuperar la sensatez", a la que acudirán las cúpulas de Cs y PP y militantes del PSC .

Interior reúne mientras 40 pruebas para denunciar la traición de los Mossos. Sánchez y Cuixart, para los que podrían pedir cárcel, se acogerán a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional. Trapero defenderá la actuación de los Mossos.Policías nacionales piden disculpas por la actuación del 1-O .

El Govern es acusado por la prensa deja al descubierto datos personales de todos los ciudadanos con derecho a voto .Los separatistas rompen con el PSC en una decena de Ayuntamientos, mientras en el PSOE han reaparecido las voces críticas con Pedro Sánchez: dirigentes históricos, como los expresidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Rodríguez de la Borbolla y Joaquín Leguina o el exministro Julián García Vargas, junto a varios exparlamentarios, catedráticos y profesores, han escrito una carta abierta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez - que hoy reproduce EL PAÍS - en la que cuestionan algunas de sus posiciones ante el desafío independentista. "No entendemos la continua y nunca explicada apelación al diálogo", dicen, y también le preguntan: "¿A qué fines sirve y qué objetivos persigue la condena a la vicepresidenta?".Por su parte, Sánchez convocó a los miembros de la ejecutiva, del comité federal y del consejo de política federal a una reunión "inminente" para consensuar posiciones sobre la situación en Cataluña.

Convocada otra huelga general en Cataluña la próxima semana, CCOO propone acordar un referéndum legal y negociar "un nuevo marco de autogobierno"para Cataluña  y autoridades como el Papa confirma al embajador su rechazo a la secesión y a una intervención del Vaticano. La RAE reclama una defensa de la democracia ante el intento de secesión .

Detalles de la fuga de empresas 

Además de Sabadell, cuyo consejo aprobó la tarde del jueves el traslado a Alicante, horas después de que el conseller Junqueras negara el riesgo de fuga de capitales, otras empresas han anunciado ya el cambio de domicilio social a otras ciudades fuera de Cataluña. Es el caso de la biotecnológica Oryzon o la teleco Eurona o el grupo odontológico Proclinic Expert, que se trasladan a Madrid. Y este viernes se sumó a las salidas Gas Natural, en este caso para fijar su sede también en Madrid; entre sus principales accionistas están Criteria y Repsol.. El grupo asegurador Catalana Occidente, donde consolidan los lideres mundial y español de seguros de crédito Atradius y Crédito y Caución, también ha anunciado a sus empleados que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que su actividad pueda desarrollarse "con normalidad, en un marco estable y en un entorno de seguridad jurídica y económica", en línea con lo anticipado por CaixaBank hace dos días.

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmado que propondrá al consejo de administración de la compañía el cambio de sede social fuera de Cataluña."No depende de mí, depende del consejo, pero desde luego yo lo propondré", dijo  Bonet.

En una entrevista con Reuters, el ministro de Economía, Luis de Guinfos, ya dijo que la preocupación inversora y empresarial en Catalunya estaba creciendo en los últimos días y que el Gobierno central reconducirá la situación. “Hemos visto cómo inmediatamente los bancos ubicados en Catalunya han manifestado su voluntad de modificar su domicilio si se produce una situación de este tipo (...) saben perfectamente que en un territorio independiente perderían muchísimas ventajas”, dijo.

El cambio normativo consistirá en  la modificación de un decreto, que ya facilita el cambio de sede con aprobación del consejo, siempre que no se especifique lo contrario.El consejo del Banco Sabadell ya lo ha podido aprobar, debido a que sus estatutos lo permiten solo con el visto bueno del máximo órgano de gestión. Sus estatutos ya se habían adaptado a la nueva disposición de la Ley de Sociedades de Capital -publicada el 26 de mayo de 2015  que permite a las empresas cambiar su sede social rápidamente sin necesidad de que la decisión sea aprobada por la junta general de accionistas.

La Caixa no lo ha hecho aún. Los estatutos de CaixaBank incluyen un artículo que impide salir de Barcelona sin el visto bueno de los accionistas.

Las informaciones sobre el decreto-ley llegan después de que el periódico catalán Ara asegurase que este jueves por la mañana responsables de CaixaBank, ante los escollos para acometer un cambio de sede social por la rigidez de sus estatutos —que piden someter el trámite a los accionistas en una junta, y por tanto, un proceso de cerca de un mes—, hayan contactado con el Gobierno central para solicitar un cambio normativo que hiciese más flexible el traslado.

"El Gobierno está trabajando en un cambio legal para que no sea ya necesario una junta de accionistas, lo que puede retrasar el cambio de sede social en caso de emergencia", avanzaba Reuters a última hora de la tarde del jueves citando fuentes cercanas. Ni el Gobierno ni CaixaBank comentaron la información.
 

Explicacion del Gobierno

El Consejo de Ministros explicó tras su reunión de este viernes en una nota del Gobierno que ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional. La norma aclara quiénes son los órganos competentes para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan. Se facilitan los trámites de manera que solo si existe una declaración expresa en contrario por parte de los estatutos de la sociedad, será el Consejo de Administración el competente para aprobarlo.
El Real Decreto Ley pretende dar plena efectividad al artículo 285 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010 mediante una aclaración de su contenido, para de esta forma facilitar su aplicación. En aquella norma del año 2010 se estableció que cualquier modificación de los estatutos sería competencia de la junta general y que, salvo disposición en contrario de los mismos estatutos, sería el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio social dentro del término municipal. En una norma posterior, de mayo de 2015, se amplió el ámbito de aplicación a todo el territorio nacional y se estableció que "…salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional".
La decisión de hoy del Consejo de Ministros explicita que la "disposición contraria" existirá solo cuando los estatutos "dispongan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia". Es decir, se necesitará una mención expresa de los estatutos de la sociedad para que el consejo de administración no sea el competente para decidir el traslado de la sede social de la empresa.
Traslados de domicilios
El Real Decreto Ley contiene, además, una disposición transitoria para referirse a los traslados de domicilios de sociedades cuyos estatutos se hubiesen aprobado antes de esta reforma. En este caso, se entenderá que hay "disposición contraria" a los estatutos cuando "con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social".
La extraordinaria y urgente necesidad de la medida viene justificada por la exigencia de garantizar la plena vigencia del principio de libertad de empresa así como de respetar la prohibición de adoptar medidas que obstaculicen la libertad de establecimiento de los operadores económicos, ambos preceptos recogidos en la Constitución. Responde además a la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional.

 


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